La Corte Suprema de Justicia suspendió la vista pública en la que periodistas y columnistas que trabajaron en elPeriódico argumentarían sobre el proceso de criminalización en su contra. La decisión, basada en su ausencia física —pese a estar exiliados—, reaviva las críticas por el uso de la justicia para silenciar voces periodísticas.
Por Rony Ríos
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió este martes la vista pública programada en el caso de criminalización a periodistas y columnistas que trabajaron en elPeriódico. Según los magistrados, los periodistas debían estar presentes en la audiencia, pese a que varios de ellos se encuentran en el exilio, pero cuentan con documentación suficiente para ser representados por sus abogados.
En la audiencia se tenía previsto que el abogado de cada periodista expresara sus argumentos para explicar que informar no es motivo de persecución a periodistas y que esa medida discrecional limita la libertad de expresión.
La abogada defensora de los periodistas, Wendy López, dijo que la suspensión de “la vista pública violenta el derecho a expresarse y deja en estado de indefensión (a los periodistas)”. Agregó que el criterio de la Corte entorpece la aplicación de justicia e impide que la ciudadanía acceda a ella.
“Una vez más la CSJ está censurando, callando, apagando y silenciando la voz de una persona que hoy estaba preparada para presentar sus alegatos ante la Cámara de Amparos”, dijo López.
El caso comenzó con el encarcelamiento de Zamora
La investigación contra los periodistas tiene sus raíces en mayo de 2022, cuando el fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, fue capturado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) bajo acusaciones de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.
A partir de esa fecha, la FECI, dirigida por Rafael Curruchiche, inició una serie de investigaciones contra Zamora, y también contra abogados defensores, testigos, y posteriormente contra periodistas y columnistas del medio.
La línea de investigación contra los comunicadores surgió luego de que el MP argumentara que los artículos y columnas publicadas por periodistas de elPeriódico, durante y después de la detención de Zamora, habrían tenido el propósito de “presionar a operadores de justicia y obstaculizar la acción penal”, criminalizando la labor periodística y tratando de silenciar a las voces críticas que denunciaron la persecución contra Zamora y el cierre del periódico en mayo de 2023.
Casi tres años de criminalización
Desde 2022, el caso ha pasado por distintas etapas judiciales, sin que hasta el momento se haya dictado una resolución firme.
En febrero de 2023, el MP inició las pesquisas contra Julia Corado, Gerson Ortiz, Alexander Valdéz, Rony Ríos, Cristian Velix, Denis Aguilar, Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín. Entre las personas señaladas figuran redactores, editores y columnistas que, según la FECI, habrían participado en una “campaña de desprestigio” contra fiscales y jueces del caso Zamora.
El equipo legal de los periodistas ha insistido en que no existe ningún delito que perseguir, ya que los señalamientos se basan únicamente en artículos de opinión y notas informativas. “Es una causa política disfrazada de proceso penal”, ha dicho la defensa en reiteradas ocasiones.
A pesar de las inconsistencias señaladas por la defensa, la FECI ha insistido en mantener abierta la investigación, argumentando que aún faltan diligencias y análisis de publicaciones.
Intentos por cerrar el caso
Durante 2024, los abogados de los periodistas presentaron varios recursos de amparo y solicitudes de cierre del caso, señalando que la persecución contraviene los estándares internacionales sobre libertad de expresión. Sin embargo, los avances han sido mínimos y han progresado muy lentamente.
La vista pública programada para hoy representaba una oportunidad clave para que la defensa pudiera argumentar ante la CSJ que el caso debía cerrarse definitivamente, al no existir delito alguno.
Sin embargo, la decisión de suspender la audiencia bajo el argumento de que los periodistas debían estar físicamente presentes —pese a que muchos se encuentran fuera del país por temor a represalias— ha sido vista como una maniobra para silenciar a los periodistas.
Estado actual del caso
La investigación en contra de los periodistas se mantiene paralizada porque hay una resolución judicial que especifica que el proceso, en caso de seguirse, se debe realizar de forma personal por los jueces o fiscales que se sintieran agraviados y resolverse frente a un tribunal de imprenta.
Sin embargo, el MP ha insistido en la criminalización de los comunicadores e intenta agotar todas las instancias para mantener viva la persecución.
El caso cargado de anomalías enfrenta dificultades para continuar en la persecución en contra de los periodistas, ya que desde que se autorizó la investigación por el juez Jimi Bremer dijo que la misma debía ser llevada por otra fiscalía -distinta a la FECI-, pero Curruchiche insistió en tener a cargo las pesquisas y la fiscal general, Consuelo Porras, accedió y le entregó el caso.
En enero de 2024 la jueza Aurora Gutiérrez, del Juzgado Quinto Penal resolvió que el caso debía conocerse ante un Tribunal de Imprenta y no por la vía penal, como buscaba el MP para intentar que los comunicadores tuvieran una pena de prisión.
Ante esta negativa, la FECI apeló, pero esta vez fueron los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones quienes confirmaron la resolución de la jueza Gutiérrez para que el caso no continuara la vía penal.
Una vez más, el MP insistió en arremeter contra los periodistas y presentó un amparo para intentar reconducir vía penal el caso. La Cámara de Amparo de la CSJ fue encargada de negar provisionalmente esa acción, confirmando a su vez la resolución de la jueza Gutiérrez.
Sin embargo, el MP una vez más apeló el rechazo del amparo y ahora fue el turno de la Corte de Constitucionalidad (CC) -máxima autoridad constitucional- quien denegó esa apelación, por lo que nuevamente es el turno de la Cámara de Amparo resolver en definitiva la acción promovida por el MP.
Como parte de este proceso la Cámara había programado la vista pública que finalmente fue suspendida y los abogados deberán presentar de forma escrita sus argumentos para que los magistrados emitan una sentencia de amparo.
Si la sentencia de amparo es congruente al resto de resoluciones en el caso el MP tendría que volver a la CC para apelar y esta sería la última instancia para reabrir la investigación contra los periodistas; sin embargo, si la misma es favorable al MP, el caso tendría que regresar todo el tramo recorrido, es decir, tendría que volver a ir a la Sala Tercera y si así lo deciden volver con la jueza Quinta y ahí nuevamente decidir qué camino toma el proceso.
Aunque no se conoce la decisión de la Cámara de Amparo, lo cierto es que el acoso por parte del MP, principalmente de la FECI, en contra de los comunicadores ha derivado en que varios de los periodistas lleven casi tres años en el exilio expectantes sobre la forma en la que el proceso avanza.
