La Sala Segunda de Mayor Riesgo mantuvo el arresto domiciliario a favor de Sergio Alfredo Herrera Acevedo, hijo del operador político Gustavo Herrera, pese a un amparo promovido por el IGSS que buscaba revertir la medida en el caso por la presunta sustracción de Q350 millones de la institución.
Por Alexander Valdéz
La Sala Segunda de Mayor Riesgo dio cumplimiento a una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) y conoció el amparo promovido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) contra el arresto domiciliario otorgado a Sergio Alfredo Herrera Acevedo, hijo del operador político Gustavo Herrera, conocido como “Gato Herrera”. Ambos están señalados en un caso de presunta sustracción de Q350 millones del IGSS.
Tras analizar la solicitud, la Sala resolvió no acceder provisionalmente a lo planteado por el IGSS y mantuvo las medidas sustitutivas que favorecen a Herrera Acevedo. La decisión también benefició a Irma Johana Pinto Cifuentes, vinculada al mismo proceso por el posible delito de lavado de dinero.
Las medidas vigentes fueron dictadas en 2022 por el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, sin oposición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche. Estas consisten en arresto domiciliario sin vigilancia, obligación de presentarse cada ocho días al Ministerio Público para registrarse con huella dactilar, así como la prohibición de salir del país sin autorización judicial y de comunicarse con testigos, coimputados o peritos relacionados con el proceso penal.
Este fallo se origina porque el IGSS acudió ante la Corte de Constitucionalidad y se mostró inconforme con el procedimiento que se había empleado para suspender el amparo promovido contra dichas medidas sustitutivas; fue allí donde se ordenó que sí se conociera el amparo. A su consideración, si bien el caso había sido anulado por la Sala, eso aún no estaba firme porque existen casaciones aún en trámite.
De esa cuenta la Sala cumplió con lo ordenado por la máxima corte, conociendo el amparo aunque manteniendo la libertad para los dos acusados antes mencionados.
El caso Fénix sigue vivo
Prensa Comunitaria reveló esta semana que la Corte de Constitucionalidad otorgó un nuevo recurso legal al Ministerio Público, tras cuatro años de litigio, y ordenó a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revisar posibles inconsistencias en la resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, que había anulado las acusaciones del caso Fénix. Con ello, el expediente deberá reactivarse en el Organismo Judicial.
El caso se presentó en septiembre de 2019, cuando la FECI y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) acusaron a 32 personas y 20 empresas ante el Juzgado de Mayor Riesgo “D”. Entre los señalados figura Sergio Alfredo Herrera Acevedo, hijo de Gustavo Herrera, a quien se le atribuye integrar una estructura dedicada a lavar dinero proveniente de fondos de programas de salud del IGSS.
Las investigaciones determinaron que la organización estaba compuesta por particulares y empresas que, mediante transferencias bancarias complejas, utilizaron el sistema financiero para otorgar apariencia de legalidad a los recursos sustraídos.
Gustavo Herrera es conocido por su papel como operador político con fuerte influencia en la integración de las más altas cortes del país. Su nombre se vincula directamente a las comisiones de postulación de 2017, responsables de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones, proceso en el que habría intervenido a pesar de los señalamientos que ya enfrentaba por el supuesto fraude millonario al IGSS.
El Ministerio Público lo señala como propietario de dos financieras offshore, Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd, utilizadas para defraudar al IGSS por un monto estimado en Q350 millones, fondos destinados a la construcción de viviendas para jubilados. Entre 2002 y 2004, esas financieras habrían vendido terrenos sobrevalorados al IGSS por Q232.7 millones, cuando Herrera los había adquirido previamente por apenas Q220 mil.
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