Después de 10 años, el proceso penal contra un dirigente comunitario de San Pablo, San Marcos, llegó a su final. Duarle Licardie fue condenado a un año de prisión por el delito de instigación a delinquir en una audiencia realizada en la cabecera departamental de San Marcos.
El dirigente comunitario señala que es una criminalización en su contra por defender y resistir contra megaproyectos impulsados por empresas en su municipio.
Por Prensa Comunitaria
Un proceso penal que se inició en contra del dirigente comunitario Duarle Licardie hace más de 10 años llegó a su final con una condena de un año por el delito de instigación a delinquir, dictado por una jueza de San Marcos.
Desde el año 2014, en San Pablo, un municipio del altiplano marquense a 289 kilómetros de la capital guatemalteca inició la criminalización contra Licardie, dirigente comunitario de que junto a otros pobladores se encontraba en resistencia en rechazo a la instalación de hidroeléctricas en su sector.
En esa época, Licardie junto con otros comunitarios y la población se mantenían en firme oposición a la instalación de la hidroeléctrica, Tres Ríos, que según los vecinos buscaba desviar ríos para su funcionamiento.
Durante la resistencia, según el Ministerio Público (MP), los vecinos bajo el liderazgo de Licardie retuvieron a algunos trabajadores de Energuate, S.A., una empresa de distribución eléctrica, quienes llegaron al lugar a realizar trabajos.
El pasado 23 de septiembre, la jueza Rosa Almengor del Tribunal de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en San Marcos, emitió una sentencia de un año conmutable a razón de Q5 diarios en contra del comunitario por el delito de instigación a delinquir.
Además, de esta pena, Licardie deberá cancelar Q3 mil como reparación digna que serán destinados en partes iguales a dos organizaciones que trabajan por la niñez en el departamento de San Marcos.
Los casos y delitos contra el comunitario
El MP señaló al dirigente comunitario de varios delitos y armó dos expedientes en su contra. El comunitario del municipio de San Pablo, que ahora tiene 59 años, fue detenido el 1 de diciembre de 2016 por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en la Ciudad de México y fue trasladado hacia la capital de Guatemala.
En ese momento, estaba señalado de atentado contra la seguridad de los servicios de utilidad pública, atentado contra la seguridad interior de la nación, detenciones ilegales con circunstancias agravantes, delitos por los cuales fue ligado a proceso.
Sin embargo, el 24 de marzo de 2017, el MP agregó el delito de instigación a delinquir, único delito por el cuál fue condenado pues los otros señalamientos fueron dilucidados por medio de acciones legales durante estos diez años.
Otro procedimiento fue por el caso del proyecto hidroeléctrico Hidro Salá, S.A., por este proceso fue capturado por plagio o secuestro, asociación ilícita y encubrimiento propio, en este caso, en audiencia de 29 de diciembre de 2016 el juez declaró falta de mérito.
Lee más detalles acá:
https://prensacomunitaria.org/2024/12/comunidades-de-san-pablo-logran-la-construccion-de-tres-hidroelectricas-comunitarias/
Las pruebas
Durante la audiencia, la jueza señaló que una de las pruebas admitidas en contra del dirigente comunitario fue el relato de un policía que estuvo durante el operativo, así como de una vendedora del lugar.
Parte del relato del policía, que fue testigo propuesto en el caso, es que el día 27 de septiembre de 2014 aproximadamente a las 9:00 horas Licardie junto con otras personas retuvieron a unos trabajadores de Energuate, S.A. que llegaron a realizar trabajos en el municipio. Los amarraron y los trasladaron al centro de la población, donde el policía relató que el señalado “incitaba a la gente”.
Asimismo, la jueza señaló que una mujer, que era vendedora, observó como Licardie dirigía a la población durante el operativo policial, que intervino para liberar a los empleados de dicha empresa.
Otra de las evidencias que dio valor probatorio, según la judicatura, fue el relato de un comunitario quien señaló que durante las fechas que ocurrieron los hechos, estaban en resistencia en contra de la instalación de las hidroeléctricas. La jueza indicó que esta narración reforzó lo dicho por el policía respecto al liderazgo de Licardie.
Criminalizado por la defensa de su territorio
La abogada Diana Vivar, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, quien acompañó el caso de Licardie asegura que este proceso legal ha durado más de 10 años. “Se ha criminalizado a Duarle Licardie por su lucha y defensa de su territorio en San Pablo, realmente este debate se llevó a cabo con pruebas que no sustentaban lo que el MP presentaba”, enfatizó.
Vivar asegura que únicamente se dio un valor probatorio a un testigo que se “contradijo y que su parcialidad fue obvia, con declaraciones testimoniales que el señalado trajo, en donde refutaban la acusación del MP”.
“Indicaron que el actuar de Duarle Licardie el día de los hechos siempre fue pacífica y llamando a la calma, hoy la sentencia que la jueza da no tiene sustento, porque de alguna manera tergiversó las declaraciones que se dieron en su momento. En ningún momento según la lectura de hoy, se indicó las supuestas acciones de Licardie, simplemente se dedicó a señalar una manifestación, pero no individualizó ninguna conducta que llevara a algún delito, mucho menos instigar a delinquir”, indicó Vivar.
La abogada detalló que se analizan otras acciones a tomar respecto a este caso, pues consideran que la sentencia no fue sustentada con los hechos.
“Es una criminalización contra la resistencia del municipio”
Previo al cierre del debate oral y público y al conocer la sentencia Licardie señaló y se mantuvo firme que es respetuoso de lo que la jueza resolvió, pero también sostiene que no cometió ningún delito.
“Me siento tranquilo porque no he hecho nada, respeto lo que dice la jueza, pero no he cometido nada de lo que se dijo, aquí, esta no es solo una criminalización contra mí, sino contra todo el municipio de San Pablo y San Marcos”, detalló.
“Es un caso que viene desde hace 10 años. Esta es una larga historia que viene casi desde el 2002, luego que la empresa Tres Ríos quiso desviar ríos para hacer un megaproyecto allí en San Pablo, San Marcos, luego se dividieron en tres empresas. Este caso específico es por Hidro Salá, S.A., en la finca Argentina”, detalló Licardie.
Explica que es una criminalización por estar en resistencia. “No era que nos opusiéramos, era la forma en que ellos lo querían hacer, nosotros estamos de acuerdo con las hidroeléctricas comunitarias”, enfatiza.
Licardie era parte del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) del área urbana cuando ocurrieron los hechos, pero asegura que en ningún momento cometió los delitos que le señalaron: “Realmente, nosotros siempre estuvimos en una manifestación pacífica, lo único que el MP y las empresas, porque son dos, nos criminalizaron”, lamenta.
