El alcalde de Río Hondo, Zacapa, señaló en una citación que la hidroeléctrica Pasabién contaba con una autorización para construir una represa de cuatro metros de altura y un espacio de almacenamiento de 12,000 metros cúbicos, pero construyeron la estructura de diez metros y el espacio para almacenar 127 291 metros cúbicos. Además, su licencia de operación está vencida desde 2018.
Por Rony Ríos
En la segunda cita en el Congreso de la República por el conflicto de tierras entre las comunidades de Santa Rosalía Mármol, Río Hondo, Zacapa y la hidroeléctrica Inversiones Pasabién, el alcalde Oscar Mata expuso una serie de irregularidades cometidas por la empresa y los abusos cometidos al amparo de autoridades de justicia y del Ejército.
Según el alcalde de Río Hondo, recibieron informes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y del Ministerio de Energía y Minas (MEM) que evidencian vicios en las operaciones de Inversiones Pasabién.
Mata dijo durante la reunión que a través de los informes del CONAP descubrieron que la CONAMA autorizó a Pasabién, en 1994, para la construcción de una hidroeléctrica que contaría con una represa de 4 metros de altura y un embalse de 12,000 metros cúbicos. Cinco años más tarde, la empresa presentó una nueva solicitud para modificar el proyecto y aumentar la capacidad de la hidroeléctrica, pero la misma fue rechazada.
Pese al rechazo de la CONAMA, Pasabién realizó modificaciones al proyecto y aumentó la altura de la represa a diez metros y el espacio de almacenamiento de agua a 127 291 metros cúbicos.
🧵 El alcalde de Río Hondo, Óscar Mata, dijo que la empresa hidroeléctrica Pasabién lleva 25 años operando de manera anómala.
Una anomalía es que el embalse propuesto para almacenar 12 mil metros cúbicos de agua ahora es para 127 mil 291 metros cúbicos de agua.
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) August 13, 2025
La reunión se produce a partir de los hechos ocurridos el 29 de julio, cuando unos 344 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron a territorio de la comunidad, para cumplir una diligencia judicial ordenada por un juez en las instalaciones de la hidroeléctrica que concluyó con tres muertos, dos pobladores y un policía.
Este miércoles fueron citados las autoridades de los ministerios de Defensa, Ambiente y Recursos Naturales, de Gobernación, la Municipalidad de Río Hondo, la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Ministerio Público (MP) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.
Licencia de operación está vencida
Aunque esa irregularidad ya evidenciaba las violaciones de Pasabién, Mata dijo que al recibir la información del MEM también se percataron que, desde 2018, la vigencia de operaciones de la hidroeléctrica estaba vencida.
Otra de las violaciones legales que habría cometido Pasabién es que se encuentra operando sin una fianza de cumplimiento -requisito legal para el proyecto- y con un estudio de impacto ambiental que concluyó que no eran factibles las operaciones de la empresa.
Francisco Sandoval, el abogado de la municipalidad de Río Hondo, cuestionó que pasaría si la construcción de diez metros se quebrara, “¿cuántos pueblos no se va a llevar la hidroeléctrica?”, dijo.
Las violaciones señaladas por Pasabién y su falta de sanciones podrían estar relacionadas a una relación entre representantes de la empresa, fiscales del Ministerio Público y el juez de Primera Instancia Penal.
Además, Sandoval señaló que al inicio de esta semana denunciaron al juez Salvador Tzina Ajuchán, las fiscales Gabriela Marroquín y Brenda Sandoval y representantes y abogados de Pasabién, por los operativos que efectuaron y que provocó la muerte de tres personas.
“Hay relaciones entre la fiscalía y los jueces”, dijo Sandoval y agregó que cuenta con fotografías para probarlo, por lo que el abogado presentará una recusación contra Salvador Tzina Ajuchán para que deje de conocer el caso por su cercanía con Cinthia Monterroso, la fiscal regional de Zacapa.
Monterroso fue la fiscal a cargo de los casos de criminalización en contra del fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora y participó en los allanamientos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el proceso de elecciones de 2023. Como fiscal regional, llegó a la citación convocada por la diputada Carolina Orellana, del partido Vamos.
Un operativo trágico
Durante los operativos del 29 de julio pasado fallecieron los comunitarios Hanswer Adolfo Gómez Marroquín y su padrastro Abel Hernández Ramírez. Además, murió el agente Eric Everildo Sacul Xul, originario de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
Asimismo, por el enfrentamiento fueron detenidos varios pobladores y decenas de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron retenidos. Horas después de tensión y mediación, tanto los comunitarios como los policías fueron dejados en libertad.
https://prensacomunitaria.org/2025/08/operativo-judicial-solicitado-por-la-empresa-hidroelectrica-pasabien-deja-tres-fallecidos-en-rio-hondo-zacapa/
En la citación, el alcalde de Río Hondo dijo que el Ejército de Guatemala ha custodiado la maquinaria de Pasabién para supuestas reparaciones de tuberías, pero que ingresan después de la medianoche, para evitar a los comunitarios.
Ante esta situación, Mata preguntó al viceministro de Defensa si tenían la atribución de custodia a empresas particulares.
La próxima citación en seguimiento a este caso será el miércoles 20 de agosto.
Salvadoreños de la élite económica
Según los registros públicos en Guatecompras, Heber Otoniel González Estrada es el representante legal de Inversiones Pasabién, S.A y junto a él figuran Alfredo Romero Belismelis y Ricardo Alberto Monterroso Vásquez.
Romero Belismelis es un empresario salvadoreño que posee participación en un conglomerado de empresas en su país y en Guatemala. Además, es parte de Grupo Azul en El Salvador, un grupo que posee el Banco Azul, Seguros de Vida Azul, entre otras empresas vinculadas a las finanzas e inmobiliarias en ese país.
El empresario salvadoreño es representante legal de 14 empresas en Guatemala que incluyen a: Coex (Guatemala), S. A., Imacasa Guatemala, S. A., Mallares S. A., Proyectos Del Pacifico, S. A., Inversiones Pasabién S. A., Savona De Guatemala S. A., Soluciones En Café, Sociedad Anónima, Agrícola Del Pacifico S. A., Inversiones Izalco S. A., Inversiones Ninal, S. A., Naves Del Pacifico, S. A., Agencia Independiente De Seguros Y Fianzas Alinter De Guatemala , S. A., R&A De Centroamérica, S. A., Inversiones Zerlien, S. A.
Mientras que González Estrada fue contratista del Estado y, en 2022, fue el encargado de vender maletas y kit de herramientas por Q42 600 al Instituto Nacional de Electrificación (INDE). Entre 2004 y 2022 ha tenido contratos con el Estado que suman Q1 millón 335 mil 023.53.
https://prensacomunitaria.org/2025/08/tres-muertos-heridos-vehiculos-quemados-y-cero-soluciones-para-el-conflicto-por-tierras-en-zacapa/
