Dos comunitarios y un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) murieron en circunstancias violentas cuando la policía realizaba una diligencia judicial en la comunidad Santa Rosalía Mármol, Río Hondo, Zacapa para permitirle el ingreso a personal de Inversiones Pasabien a las instalaciones de la hidroeléctrica.
La diligencia fue solicitada por el Ministerio Público (MP) y autorizada por el Juzgado de Primera Instancia Penal. Esto a solicitud de la empresa Inversiones Pasabién SA, una empresa en la que figura el empresario salvadoreño Alberto Romero Belismelis, quien forma parte de la élite económica del vecino país.
Por Prensa Comunitaria
Una diligencia judicial realizada por el Ministerio Público (MP) expediente MP289-2025-119 para una inspección ocular en las instalaciones de la empresa hidroeléctrica “Inversiones Pasabien” concluyó con detenciones, heridos y tres personas fallecidas en la comunidad de Santa Rosalía Mármol, Río Hondo, Zacapa, a unos 137 kilómetros de la ciudad de Guatemala.
La diligencia, girada por una orden del juez Salvador Tzina Ajuchan, del Juzgado A de Primera Instancia Penal y Narcoactividad del departamento, buscaba que se repararan unas tuberías, que según la empresa, fueron dañada por personas de la comunidad.
Pobladores dijeron que en horas de la mañana del 29 de julio unas 30 patrullas de la policía de Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso e Izabal, llegaron a las instalaciones de la hidroeléctrica que está ubicada en la entrada de la comunidad, a unos 500 metros de donde están localizadas las primeras casas.
La comunidad, fundada desde 1836, ha rechazado la presencia de la hidroeléctrica desde el inicio de su construcción en 1993, con la empresa se instaló una problemática social por la tenencia de la tierra que no ha podido ser resuelta por las autoridades estatales, a pesar de que en 2017 se buscó una salida al conflicto surgido en dicha finca.
Para Prensa Comunitaria ha sido complicado levantar la versión de lo ocurrido el día 29 de junio en voz de los comunitarios de Santa Rosalía Mármol, pues la situación en la región sigue estando tensa.
Los comunitarios minutos después de la intervención policial, publicaron varios videos en las redes sociales, en uno narran como la policía llego sin mediar diálogo alguno, en las imágenes se muestras casquillos de fusil y de armas cortas utilizadas por la PNC que, según los protocolos en casos de desalojo el contingente debe de ir desarmado. Uno de los testigos afirma que los casquillos detonados por la policía se ubican a una distancia lejana del lugar en donde quedaron los cuerpos sin vida de dos comunitarios.
“Les tiraron con fusil, desde el lugar en donde quedaron los cuerpos a la distancia de la policía hay más o menos unos 150 metros de distancia” narra uno de los testigos en el video.
Los comunitarios que murieron fueron identificados como Hanswer Adolfo Gómez Marroquín y su padrastro Abel Hernández Ramírez. El policía fue identificado como Eric Everildo Sacul Xul, originario de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
Gómez Marroquín fue bombero de la Reserva de la Biósfera Sierra de las Minas. Su muerte fue lamentada por la organización Defensores de la Naturaleza que señaló que formó parte de su brigada de incendios.
Pasadas las 22 horas del 29 de julio, desde el momento del incidente los cuerpos de los comunitarios quedaron horas en el suelo cerca de un canal de la comunidad, pues los encargados del MP no se presentaron y fue hasta la mañana del miércoles que se levantaron los cadáveres.
En los hechos también se reportó que un hombre de 65 años fue herido de bala y llevado a un centro asistencial.
Durante la diligencia el MP solicitó el acompañamiento de la PNC, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Bomberos Municipales Departamentales de Río Hondo y el Ministerio de Gobernación. En un comunicado publicado por la PNC confirma el fallecimiento del agente, pero no menciona el fallecimiento de los dos comunitarios.
El 29 de julio al llegar a la comunidad se encontraban los abogados de la hidroeléctrica que informaron a las autoridades encargadas del operativo que tendrían que pasar en el lugar por una semana, tiempo que durarían los trabajos; sin embargo, estas dijeron desconocer dicha instrucción.
Luego del hecho violento, comunitarios decidieron derribar árboles para no permitir la salida de las patrullas, ya que habían detenido a dos pobladores y pedían su liberación.
Brenda Ramos, delegada departamental de la PDH, expresó que fue necesaria la presencia del Juez de Paz del municipio y el Organismo Judicial por las exhibiciones personales presentadas, para resguardar la integridad física de los involucrados.
Por su parte, Arturo Echeverría, gobernador departamental de Zacapa, indicó que desconocía del operativo que se realizó ya que no había sido notificado y que a través de una llamada realizada al Comisario de la PNC recibió la información de la diligencia. Cuando llegó, ya se confirmaban los tres fallecidos.
Asimismo, externó que la próxima semana se buscará una mesa de diálogo interinstitucional para terminar con el conflicto. Aunque no especificó qué entidades participarán sí señaló que no estarán representantes de las comunidades ni de la hidroeléctrica.
Esto es lo que hace la PNC del gobierno de @BArevalodeLeon con una comunidad de Rio Hondo, Zacapa pic.twitter.com/PBuQ984Xyo
— Víctor Ruano (@ruano_pine) July 29, 2025
Más de una década de conflicto
Vecinos que pidieron omitir su nombre señalaron que la problemática no es reciente.
Desde hace 26 años que la hidroeléctrica llegó a la comunidad ubicada en el área de Santa Rosalía Mármol, Río Hondo, perteneciente a la Reserva Biosfera Sierra de las Minas, declarada área protegida en Guatemala el 4 de octubre de 1990.
La empresa se había comprometido a brindarles el servicio de agua a 11 comunidades desde 1993; sin embargo, hasta la fecha no han tenido el servicio prometido, ni mejoras a la comunidad.
Foto 3. La hidroeléctrica prometió agua a 11 comunidades pero no ha cumplido manifestaron vecinos descontentos. Foto Prensa Comunitaria
Además, agregaron que 20 pobladores de la comunidad han sido demandados por la empresa, pues en la aldea existen dos portones, una colocada por los pobladores y otra por la empresa, acción que también ha generado descontento a los comunitarios quienes consideran que con esa puerta la empresa se ha aprovechado cada vez más de los espacios de la comunidad.
También, afirman que el caudal del río que abastece las distintas familias ha presentado una sequía considerable por las presas que la hidroeléctrica tiene. “Lo que antes tenía 14 o 15 metros de profundidad, ahora es un charco” concluyeron.
La alcaldía municipal de Río Hondo informó que debido a la falta de certeza jurídica en el lugar, desde 2017 la gobernación instituyó una mesa técnica para estudiar y presentar un informe sobre el conflicto surgido en ese lugar el cual concluyó que el Estado debe reclamar los derechos de dicha finca. Actualmente hay un juicio civil iniciado contra la hidroeléctrica por propietarios particulares que dicen ser afectados.
¿Qué pasó después de los hechos?
El miércoles, técnicos del Ministerio Público, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y cuatro unidades de la PNC subieron a las 07:30 horas para procesar la escena y levantar los cuerpos de las dos víctimas de la comunidad.
Durante el recorrido se encontraron tres vehículos de la empresa que habían sido quemados. Los pobladores exigen a las autoridades que la entidad privada “Inversiones Pasabién” deje de operar en el lugar pues según conocen, operan de manera ilegal.
La empresa tiene como representante legal a Alberto Romero Belismelis, un empresario salvadoreño que ha tejido una fuerte corporación transnacional con operaciones en El Salvador, Guatemala, Perú y Ecuador.
Dicha familia tiene capitales en la banca peruana a través del Grupo Romero y en la banca salvadoreña, incluso ha sido parte de la junta directiva de la bolsa de valores de ese país con el Grupo Azul y fue caracterizada como una de los grupos que establecieron la captura corporativa del Estado salvadoreño, según la investigación de la Fundación Heinrich Boll Stiftung.
