Durante la penúltima semana de julio, el gobierno de Estados Unidos lanzó una serie de medidas que endurecen aún más su política migratoria. Desde redadas masivas hasta nuevas tarifas impagables para trámites legales, las acciones de la administración Trump afectan de forma directa a miles de guatemaltecos. Más de 24 mil personas han sido deportadas en lo que va del año.
Por Prensa Comunitaria
La última semana de julio estuvo marcada por una ola de promesas de redadas históricas contra migrantes y reformas que endurecen más la política migratoria de Estados Unidos. Desde nuevas tarifas hasta medidas para acelerar deportaciones y restringir el derecho a fianza, las decisiones golpean especialmente a comunidades migrantes centroamericanas. Guatemala figura entre los países más afectados.
Más de 24 mil guatemaltecos deportados en 2025
El Instituto Guatemalteco de Migración reportó que hasta el 19 de julio han atendido a 24,648 guatemaltecos deportados desde Estados Unidos y México. Departamentos como Huehuetenango, San Marcos y Quiché concentran la mayoría de personas retornadas. El repunte obedece a las redadas masivas promovidas por la administración Donald Trump.
Sin libertad bajo fianza para indocumentados
El 19 de julio se filtró un memorando del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que elimina la posibilidad de solicitar fianza para migrantes indocumentados, con la excepción de situaciones extraordinarias. La medida podría dejar a miles de inmigrantes detenidos por meses o años mientras enfrentan sus procesos.
El Congreso estadounidense aprobó además USD$45 mil millones de dólares para duplicar la capacidad de detención migratoria, lo que permitirá arrestar hasta 100 mil personas por día.
Trump anuncia redadas “históricas” y militarización
El presidente Donald Trump anunció el 21 de julio el inicio de redadas migratorias de “gran escala” como parte de su política antimigratoria, las mismas fueron calificadas por el mandatario como “históricas” y “jamás antes vistas”. Estas se dan en medio del despliegue de marines en operativos en Los Ángeles y el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños, nicaragüenses, salvadoreños y otros.
Tom Homan, “zar fronterizo”, advirtió que las ciudades santuario serán inundadas con agentes. La comunidad migrante en EE. UU. vive con miedo e incertidumbre.
Un muro financiero
Desde el 22 de julio entraron en vigor nuevas tarifas obligatorias para trámites migratorios, sin posibilidad de exención por bajos ingresos, algunas de ellas no tenían ningún costo anteriormente y otras aumentaron en un 1000 por ciento. Por ejemplo:
- Solicitud de asilo: de USD$0.00 pasa a costar USD$100 inicial + USD$100 anual
- Permiso de trabajo: de USD$0.00 pasa a costar USD$550 primera vez, USD$275 renovaciones
- TPS: de USD$50 pasa a costar USD$500
- Menores inmigrantes especiales: de USD$0.00 pasa a costar USD$250
Esta reforma pone fuera del alcance de miles de personas indocumentados la posibilidad de regularizar su situación.
Aprehensiones de guatemaltecos se reducen, pero por miedo
Datos de la OIM muestran que las detenciones de guatemaltecos cayeron un 90 por ciento en EE. UU. y 88.5 por ciento en México durante los primeros cinco meses de 2025. Aunque la cifra parece positiva, responde más al endurecimiento de las políticas fronterizas que a una disminución de flujos. En enero, tras el regreso de Trump, las detenciones comenzaron a desplomarse.
“Eliminar ciudadanía por nacimiento es inconstitucional”
El 23 de julio, por unanimidad de tres jueces del noveno circuito de Apelaciones de EE. UU. anuló la orden de Trump que buscaba eliminar el derecho a ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes indocumentados, la decisión ratifica un fallo de un tribunal inferior que bloqueó su aplicación a nivel nacional. La decisión fue celebrada por organizaciones de derechos civiles.
Deportaciones exprés de menores migrantes
El mismo día de la resolución de la decisión de una corte de Apelaciones, la administración Trump lanzó una nueva política para acelerar la deportación de menores no acompañados entre 14 y 17 años. Ahora se les pregunta si desean “salir voluntariamente del país”, sin necesidad de un proceso legal ni de un abogado. Esto cambia radicalmente el procedimiento de entregar a los menores al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Organizaciones de derechos humanos denuncian que se trata de una forma encubierta de coacción.
