El contrato de Perenco en Petén vence el 12 de agosto pero su conclusión sigue en duda. Aunque el gobierno asegura que no habrá prórroga, promueve una nueva ley que permitiría extender la operación hasta por ocho años más bajo el argumento del “cierre técnico”. Sin establecer plazos ni excluir operaciones en áreas protegidas, la iniciativa oficialista abre la puerta para que la misma empresa que debería irse se convierta en encargada de su propia retirada, mientras continúa extrayendo petróleo.
Por Prensa Comunitaria
El contrato de la empresa Perenco Guatemala Limited para explotar los yacimientos en el campo Petrolero Xan, en San Andrés, Petén, vence el 12 de agosto. El Gobierno de Bernardo Arévalo ha reiterado que no habrá prórroga y que su administración no permitirá actividades extractivas en áreas protegidas. Sin embargo, las decisiones concretas siguen generando incertidumbre y contradicciones. En el Congreso, dos propuestas legislativas compiten por marcar el rumbo de la política petrolera, mientras el Estado demuestra escasa capacidad técnica y financiera para garantizar un cierre efectivo, ambientalmente responsable y transparente.
Dos iniciativas en pugna, que posibilitan continuar con la extracción petrolera
La iniciativa 6021, promovida por sectores conservadores y vinculada al expresidente Alejandro Giammattei, hoy respaldada por el partido Cabal, propone una prórroga de 25 años al contrato de Perenco. Aunque no ha sido aprobada, su insistente presencia en el Legislativo demuestra que la presión por mantener la operación petrolera en Petén sigue activa.
En respuesta, el oficialismo presentó la iniciativa 6575, titulada Ley para el Cierre Técnico y Recuperación Ambiental Responsable de las Operaciones de Explotación de Hidrocarburos. Impulsada por los diputados Mirna Victoria Godoy Palala y José Carlos Sanabria Arias del Movimiento Semilla, esta propuesta busca establecer un marco legal para regular el desmantelamiento de operaciones petroleras al término de sus contratos, restaurar las zonas intervenidas y redistribuir los ingresos provenientes del petróleo.
Aunque en el papel suena como un paso hacia un cierre ordenado, la iniciativa no establece plazos para el caso específico de Perenco que está a menos de un mes de cerrar. La iniciativa también contempla que, para autofinanciarse el cierre de operaciones, se sigan explotando los recursos durante el proceso. Esto deja la puerta abierta a interpretaciones que podrían permitir la continuidad de operaciones incluso en zonas ecológicamente sensibles.
Perenco tiene la ventana abierta para seguir operando
Uno de los puntos más controversiales de la iniciativa oficialista es que contempla prórrogas excepcionales de hasta ocho años para contratos ya prorrogados y que no tengan planes de cierre. Se plantea como un “periodo razonable” para ejecutar un cierre técnico, pero en los hechos podría permitir que la misma empresa que ha explotado el campo, en este caso, Perenco, se quede a operar bajo el argumento de ser la única con la infraestructura lista para ejecutar el cierre.
Esto representa un riesgo de continuidad operativa disfrazada de cierre, en un marco legal que no impide expresamente que la misma compañía siga extrayendo petróleo mientras supuestamente cierra sus operaciones. El resultado podría ser una extensión de facto del contrato, sin llamarla como tal.
Con asesoría de Pemex
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) declaró el cierre del Campo Xan como una emergencia nacional, lo que le permite contratar directamente sin pasar por licitaciones públicas. Sin embargo, el acuerdo ministerial no fija una fecha específica para el retiro de la infraestructura ni establece mecanismos públicos y verificables de supervisión o fiscalización. El costo estimado del cierre asciende a al menos a US$50 millones. El ministro de Energía y Minas también vislumbra otro camino para realizar un “cierre más planificado”, que se apruebe una ley de cierre paulatino para las operaciones de extracción de hidrocarburos.
El MEM ha buscado apoyo técnico de Pemex, la petrolera estatal mexicana, cuyos especialistas han participado en la elaboración del plan de cierre. Sin embargo, su rol es meramente consultivo. La responsabilidad operativa sigue en manos de un Estado debilitado, sin músculo institucional ni financiero, y sin una hoja de ruta pública para un proceso de cierre tan complejo como el del Campo Xan.
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https://prensacomunitaria.org/2025/07/gobierno-prepara-a-contrarreloj-el-cierre-de-perenco-en-peten/
Las operaciones extractivas podrían continuar
Mientras el Ejecutivo sostiene que no habrá prórroga y que se respetará la protección ambiental, en la práctica el escenario está plagado de excepciones, vacíos y concesiones implícitas. La iniciativa 6575 podría ser un paso hacia una regulación más clara del cierre petrolero, pero su flexibilidad frente a los operadores actuales, abren espacios para una continuidad extractiva, a la que podría aplicar Perenco.
Además, la iniciativa no impone una suspensión inmediata de actividades en áreas protegidas, ni detalla cómo se fiscalizará el cumplimiento del cierre una vez vencido el contrato. En ese contexto, el riesgo de que Perenco permanezca como actor operativo durante años adicionales, bajo el pretexto de ser responsable del cierre, no sólo es posible: es perfectamente legal bajo la propuesta oficialista.
