Por Luis Juárez
El 24 de junio de 2025, lamentablemente fueron linchados Miguel Ángel C. y José Domingo D. a manos de una turba enardecida y aglomerada a partir del rumor y sospecha del secuestro de una mujer en el Municipio de Barillas, Huehuetenango, en el que los secuestradores pedían una cuantiosa cifra económica a cambio de su rescate. En un operativo de la PNC con familiares de la víctima para hacer efectivo el pago, se capturó a dos de los supuestos secuestradores y fueron llevados a la estación policial de Barillas, sin embargo, una turba enardecida los de la subestación para lincharlos por la noche en un lugar desconocido.
El linchamiento es el reflejo de una sociedad cansada, abusada, frustrada y engañada, que ha sido instrumentalizada por la clase política y que nunca ha sido satisfecha en sus necesidades y demandas desde el Estado como seguridad, bienestar, justicia, educación, salud, empleo y bienestar social. Es lamentable lo sucedido, nadie es superior a la ley. Sin embargo, ante la falta de respuesta estatal a las demandas sociales y colectivas de la población barrillense hizo justicia por mano propia.
La falta de eficacia del Ministerio Público en la investigación, abuso de autoridad, corrupción, criminalización yjudicialización de las comunidades y sus liderazgos, omisión de sus funciones y violencia de odio en su discurso, abonan el resentimiento social en general en su relación con las instituciones del Estado. Los linchamientos acontecen “en respuesta a actos o conductas de individuos o autoridades que atentan contra la vida, bienes o integridad de los miembros de la sociedad” (Rodríguez Guillen, 2011, p. 169). La ciudadanía ya no cree ni confía en la PNC y MP que están plagadas de corrupción e impunidad.
El Ministerio Público (MP) está descompuesto. Está podrido desde la cabeza, con la fiscal general Consuelo Porras, que lo cooptado conjuntamente con el pacto de corruptos que han carcomido la institucionalidad del país y el tejido social importantísimo para construir la base del bienestar social para una nueva sociedad democrática, justa e incluyente. El aparato de justicia ha sido pisoteada y legitimado por la fiscal Porras para brindar seguridad y justicia a poderes fácticos, grandes corporaciones o incluso organizaciones criminales o paralelas que ostentan poder económico, perdiendo para la ciudadanía credibilidad y legitimidad en el sistema de justicia.
La conflictividad que se ha vivido en el municipio de Barillas, Huehuetenango data desde el 2012, con la aparición pública de la empresa Hidro Santa Cruz en el año 2008, cuando esta empresa –subsidiaria en Guatemala de la transnacional española Hidralia Energía, S.A.-, comienza a comprar tierras utilizando la persuasión, el secuestro,asesinatos, amenazas y coerción a algunas personas del área, a la vez que anuncia la construcción del proyectohidroeléctrico Q’amb’alam I y II sobre las aguas del río del mismo nombre. Posteriormente las comunidades y siete de loslíderes comunitarios que se opusieron y se resistieron a la construcción e implementación de proyectos hidroeléctricos,fueron criminalizados, judicializados y encarcelados por el MP.
La justicia guatemalteca está por los suelos. Protege intereses económicos transnacionales asociados con actores corruptos y antidemocráticos acostumbrados a vivir por años a costillas del pueblo. Buscan el poder político para seguirengordándose y llenándose el bolsillo descaradamente utilizando el Derecho Penal guatemalteco como sistema acusatorio y arbitrario para reprimir, criminalizar y controlar políticamente a sus opositores. La impunidad por actos de corrupción es la regla general y las leyes no se cumplen para castigar y corregir a los corruptos, lo cual alimenta y aumenta el soborno e impunidad en el país.
La gobernabilidad depende de la buena salud de las instituciones democráticas, principalmente del sistema de justicia que hoy por hoy ha sido prostituida a los intereses del pacto de corruptos, donde se castigan a los buenos y se premian a los malos como regla general de la fiscal, evidenciándose de esta manera el sesgo ideológico en las funciones que realiza el Ministerio Público. Buscar el bien común no es ser comunista ni es cuestión ideológica, ni de género, ni de izquierda ni de derecha, es por amor al país. Pero eso la fiscal, no lo comprende, padece de un derrame ideológico extremista ultraconservador.
En Guatemala estamos cansados de tanta corrupción y violencia donde no se juzgan y se castigan a los responsables de la comisión de los delitos. Los pobres de a “montón” que votan cada cuatro años para que los ricos sigan en el poder -para seguir pisoteando a los pobres- tienen limitado el acceso a la justicia y cuando claman seguridad, bienestar social y justicia son encarcelados, criminalizados y encarcelados, mientras los secuestradores, corruptos, violadores, asesinos, etc.no son investigados, juzgados ni encarcelados por el sistema de justicia. La falta de cárcel y castigo a los actores corruptos y antidemocráticos que socavan el Ministerio Público y la institucionalidad democrática es una de las causas detonantes de la indignación ciudadana contra la elite económica, política y de justicia en el país.
Se ha evidenciado en el período de la fiscal Consuelo Porras, un catálogo de delitos que no han sido resueltos y ha salido a la luz diversos escándalos de corrupción en todas las instituciones del Estado en los que se han visto involucrados empresarios, autoridades de gobierno, diputados del Congreso, ministerios de Estado, etc., principalmente la corrupción yla cooptación del aparato de justicia, como la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y el Centro de Administración de Justicia (CAJ) donde esas instancias carecen de credibilidad y legitimidad ciudadana por no desempeñar su rol de persecución y cárcel a los actores corruptos y antidemocráticos, que buscan socavar el Estado de derecho para legitimar la dictadura de la impunidad.
En un informe presentado por INECIP y Alianzas por las Reformas sobre el desempeño del Ministerio Público, durante la gestión de Consuelo Porras 2018- 2025, concluye que ha recibido más presupuesto y ha logrado menos resultados, tuvo un incremento presupuestario de Q. 1,842 millones en el 2018 y Q. 4,828 millones en el 2025. Sin embargo, existe un retroceso en la lucha contra la corrupción, los casos más complejos y emblemáticos se cerraron como consecuencia del uso de estrategias de impunidad para favorecer a sindicados de alto perfil político y económico, quienes han quedado libres de cargos.
La FECI pasó a ser una fiscalía de persecución de actores que luchan contra la corrupción, los casos de corrupción de Jimmy Morales y Giammattei no avanzan, de las 273 denuncias presentadas, el 20% de los casos ha sido desestimado y el 80% se encuentra en proceso de investigación, pero no hay avances significativos. La fiscal general del Ministerio Público ha instrumentalizado el sistema penal con fines políticos, más de 100 personas han salido al exilio, más de 60 están procesados y seis están en prisión. Se observa un patrón sistemático de criminalización, el 80% de los casos se basa en denuncias presentadas por la Fundación contra el terrorismo (FCT) y personas que fueron investigadas por la CICIG y en el 2024-2025, el 94% de los casos penales no obtuvieron una respuesta eficaz y prácticamente quedaron en la impunidad ¿Y usted qué opina al respecto?
