Conversamos con el abogado Ramón Cadena y defensor de derechos humanos, quien ofrece una mirada crítica sobre el grave deterioro del sistema de justicia en Guatemala. Cadena, que enfrenta un proceso de criminalización en el caso Toma USAC: Botín Político y próximo a comparecer ante el juez el 9 de julio, reflexiona sobre la impunidad, el rol del Ministerio Público y la necesidad de tomar acción para lograr una justicia independiente.
Por Prensa Comunitaria
Pese al cambio de gobierno en 2024, la percepción de que la justicia en Guatemala está cooptada no ha disminuido. Esto se reafirma en el uso de la persecución penal para silenciar voces críticas, periodistas, dirigentes comunitarios, universitarios y defensores de derechos humanos.
El abogado Ramón Cadena, defensor de derechos humanos, nos ofrece una perspectiva y un llamado a la acción ciudadana.
Cadena, que enfrenta un proceso de criminalización en el caso “Toma USAC: Botín Político”, tendrá audiencia de primera declaración este 9 de julio. El caso, que comenzó el 16 de noviembre de 2023, involucra a 27 personas acusadas por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de sedición, asociación ilícita, usurpación agravada y daños al patrimonio cultural.
El juez, Víctor Cruz, señalado en la lista Engel como actor antidemocrático y corrupto, fijó la fecha de la audiencia, pero no retiró la orden de captura contra Cadena. Esto significa que Cadena podría ser detenido y puesto en prisión preventiva si el juez suspende la audiencia o no le otorga una medida sustitutiva.
Desde el exilio, Cadena ha buscado mostrar la persecución como un delito de lesa humanidad. Por ello, presentó, junto a otros defensores de derechos humanos, una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, la fiscal general Consuelo Porras, y los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso.
¿Cómo describiría el estado actual del sistema de justicia en el país, especialmente después de los eventos políticos recientes y la llegada del gobierno de Bernardo Arévalo?
Antes de las elecciones generales de 2023 vivimos una dictadura. Con las elecciones pensamos que habría un cambio drástico, que el país se iba a democratizar. Lamentablemente no hubo tal cambio; al contrario, la fiscal general Consuelo Porras continúan ejerciendo un poder paralelo en forma autoritaria. El intento de Arévalo de sostener el poder mediante el Estado de derecho no ha funcionado. Tenemos la peor combinación: el miedo más una pésima asesoría. Esto ha dado lugar al colapso sustancial de la justicia y un poder paralelo fuerte, porque parece que quien manda en el país es la fiscal general.
Usted ha dicho que hay una sensación de “hartazgo” de la situación de la justicia, pero sin saber qué hacer. ¿Esta percepción es generalizada? ¿Cuáles son las principales razones detrás de esta frustración ciudadana con el sistema judicial?
La percepción de hartazgo de la gente sí es generalizada. Hay tres razones: la cooptación de las comisiones de postulación recientes; la criminalización o persecución de defensores de derechos humanos por el sistema penal; y el debilitamiento del poder judicial por parte de las élites. Los ciudadanos guatemaltecos han perdido la fe en la justicia, principalmente desde 2017, cuando Jimmy Morales mostró su intención de sacar a la CICIG. El poder judicial ha dejado de ser independiente; poco a poco los jueces del ramo penal han sido cooptados por el crimen organizado, resultando en que la gente ya no cree en la justicia. Hay una campaña actual de CODECA donde el pueblo ha expresado su malestar por la falta de justicia y la continua persecución a defensores de derechos humanos.
Usted ha hablado en diversas ocasiones sobre la cooptación de las instituciones de justicia. ¿Podría explicarnos en qué medida ha impactado la vida de los guatemaltecos y la confianza en sus instituciones? ¿Qué consecuencias directas e indirectas tiene esto para la gobernabilidad y la democracia?
La cooptación es un mecanismo de impunidad que el crimen organizado ha aprovechado muy bien, sobre todo para quienes violan los derechos humanos. Si algo bueno se puede mencionar de este gobierno es la creación de los “Expedientes de la Corrupción”, pero es lamentable que sea la única política en esa línea. En estos se prueba que la justicia guatemalteca es ineficaz, es decir, no hay justicia, y que el crimen organizado no será castigado, como seguramente pasará con la actual fiscal general.
La cooptación de las instituciones tiene graves consecuencias para la gobernabilidad y la democracia. Las instituciones de justicia, en lugar de ser fortalecidas por el Estado, han sido debilitadas y cooptadas por procesos poco transparentes en elecciones de segundo grado, como las comisiones de postulación. Esto no se detendrá a menos que quienes lo han promovido sean detenidos. Por eso es lamentable que, a un año de haber presentado una denuncia en la Corte Penal Internacional, no se haya pedido la detención de los expresidentes Jimmy Morales, Alejandro Giammattei y Consuelo Porras.
Se ha señalado una aparente inacción del Organismo Ejecutivo frente al poder de la fiscalía general. ¿Cuáles han sido las fallas o los desafíos que el actual gobierno ha enfrentado para abordar la crisis judicial?
El gran desafío del presidente Arévalo ha sido una fiscal general bien asesorada que lo ha confrontado constantemente, al punto que ella pareciera tener las riendas del país y él un títere. La sociedad lo ha calificado como un “poder paralelo”. Arévalo se ha refugiado en una supuesta legalidad, este es su principal argumento para su silencio e inacción. Poco a poco se va convirtiendo en cómplice del llamado “Pacto de corruptos”, y lo peor es que la sociedad ya lo califica así.
Podemos afirmar que a Arévalo le ha faltado imaginación y asesoramiento. Yo quiero aportar y sugerir acciones que todavía está a tiempo de tomar. Primero, destituir a Consuelo Porras, de conformidad con la Constitución. Crear una comisión de la verdad para determinar quién cometió el delito de persecución como delito de lesa humanidad. Crear una comisión internacional contra la impunidad o al menos discutir su necesidad. Buscar soluciones para los exiliados, víctimas de persecución, junto con un organismo intergubernamental. Cumplir las recomendaciones de la CIDH tras su visita in loco en junio del año pasado, que insta al Estado a un examen independiente del MP y su impacto en los derechos humanos. Conversar con el fiscal de la Corte Penal Internacional, sobrela denuncia presentada contra dos expresidentes, Consuelo Porras, Curruchiche y Monterroso por el delito de persecución, de lesa humanidad (artículo 7 del Estatuto de Roma). E iniciar los cambios constitucionales para fortalecer la Independencia Judicial.
Es razonable que Arévalo sea precavido pero esa precaución de ninguna manera significa inacción, ni silencio, ni que se ampare o refugie en una supuesta legalidad.
Hemos visto un patrón de persecución y criminalización contra operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y universitarios. ¿Cómo evalúa la magnitud en el contexto guatemalteco actual? ¿Cree que el sistema judicial está siendo utilizado como una herramienta para silenciar voces disidentes?
Nuestra sociedad ya sufrió los efectos negativos de un crimen internacional como el genocidio. Ahora le ha tocado sufrir los efectos negativos de otro crimen internacional de lesa humanidad como la persecución. Estamos ante una nueva década perdida. Imagínese cómo estará nuestra juventud que vive en una sociedad donde el crimen y la impunidad son la regla general.
La persecución contra defensores de derechos humanos es un fenómeno regional que también se ha visto en Honduras y El Salvador. Tenemos que enfrentarlo y castigarlo; dejarlo en total impunidad es muy negativo. Por ello, la Corte Penal Internacional debería actuar rápida y eficazmente, pues dejar este crimen impune es la peor decisión.
En el siglo XXI, el sistema judicial está siendo utilizado para silenciar voces disidentes. Esta persecución implementada desde el Poder Judicial nos obliga a revisar teorías como la del refugio; la del retorno digno y seguro y sus estándares internacionales; la del funcionamiento de la Corte Penal Internacional y el trabajo de los defensores de derechos humanos. En fin, debemos implementar un plan de acción integral para hacer frente a este fenómeno tan destructivo.
Hablamos sobre la situación de la Universidad de San Carlos (USAC) y la desarticulación de la comunidad universitaria. ¿Qué papel juega la Universidad como institución histórica y formadora de profesionales en este escenario de crisis judicial? ¿Cómo impacta la situación interna de la universidad en la lucha por la justicia en el país?
La USAC es la única universidad estatal en Guatemala, donde la matrícula y pago mensual se ajustan al ingreso de la mayoría del proletariado guatemalteco. Goza de autonomía, una conquista de la Revolución de 1944 y regulada por la Constitución de 1985. Esta autonomía no debe ser afectada por medidas “regresivas” futuras, algo que el movimiento estudiantil ha defendido.
La Universidad de San Carlos juega un papel fundamental en la vida política nacional, influenciando desde el Banco de Guatemala hasta el Seguro Social. Por ello, siempre ha sido un botín anhelado por delincuentes y el crimen organizado.
En la justicia, la USAC también ha sido trascendental. Sus estudiantes, una vez profesionales, integrarán el Poder Judicial. Además, el rector participa en comisiones de postulación para magistrados y el Consejo Superior Universitario elige a magistrados de la Corte de Constitucionalidad y sus suplentes. Esta relevancia convierte los puestos de rector, decano o representante del Consejo Superior Universitario en puestos políticos atractivos para el crimen organizado.
El sector académico de la Universidad es crucial para la orientación de la justicia y otros temas nacionales. Por eso, la USAC ha sido un territorio fértil para la cooptación como lo demuestra la elección fraudulenta de Walter Mazariegos Biolis como rector.
La crisis en la justicia y la situación interna de la USAC van de la mano, aunque con dinámicas propias.
¿Qué papel considera que debe asumir la sociedad civil guatemalteca? ¿Qué acciones concretas pueden llevar a cabo los ciudadanos para resistir la cooptación y exigir un sistema de justicia independiente y equitativo?
La sociedad civil guatemalteca debe fortalecer la resistencia para defender sus derechos, lo que implica organizarse y participar, metas difíciles de lograr. Es crucial diseñar una estrategia para fomentar la participación y organización del pueblo. También debemos meditar qué tipo de Estado tenemos y cuál queremos. Los pueblos indígenas han identificado la necesidad de impulsar un Estado plurinacional que transforme la elección de magistrados a un sistema de elección popular directa.
Considerando que el gobierno actual no quiere intervenir, la sociedad civil debe buscar soluciones. Aquí caben todas las acciones de resistencia pacífica imaginables: ayunos, huelgas de hambre, manifestaciones públicas, siempre que no afecten derechos o dignidad de otros. Estamos ante una situación extrema de falta de justicia que demanda acciones igualmente extremas. El derecho a la resistencia es amplio, y cuando las palabras no bastan, el cuerpo puede protestar pacíficamente, por ejemplo, no comiendo. Todo depende de la creatividad y la voluntad de encontrar una solución.
¿Qué mensaje daría a los guatemaltecos que anhelan un cambio en la justicia? ¿Hay algún indicio o señal que de esperanza o por el contrario, nos encontramos en un punto crítico que requiere una mayor movilización?
A finales de 2023, la situación cambió gracias a dos actores principales: la sociedad civil guatemalteca (estudiantes universitarios y pueblos indígenas con la Resistencia Digna y la Resistencia Nacional) y la comunidad internacional (EUA, UE, Canadá, Suiza y otros). Estos dos actores siguen apoyando la democracia guatemalteca. Tras el inmenso esfuerzo de la “Resistencia Digna”, el movimiento estudiantil quedó desarticulado, lo cual es lógico. En cuanto a los pueblos indígenas, algunos están ahora participando en el gobierno, lo cual se esperaba y no implica una traición a su movimiento, pues actúan con autorización.
