Una delegación buscó este miércoles reunirse con el presidente Bernardo Arévalo. Las familias buscan recuperar los terrenos, en el municipio de San Andrés, Petén, de donde fueron desalojadas hace ocho años.
Por Simón Antonio Ramón
Representantes de familias de la comunidad de Laguna Larga desplazadas del municipio de San Andrés, Petén, a la línea de adyacencia de la frontera entre México y Guatemala, denunciaron el abandono del Estado.
Este miércoles 21 de mayo, una delegación de la comunidad buscó una reunión de emergencia con el presidente Bernardo Arévalo, sin embargo, no fue atendida. Solo les fijaron fecha de la reunión en los próximos días.
El día que ocurrió el desplazamiento, el 2 de junio de 2017, 111 familias abandonaron el lugar donde vivían y se trasladaron a la línea de adyacencia porque un juez de San Benito había ordenado el desalojo de aproximadamente 400 personas por una denuncia del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).
“Algunos ya se dispersaron por las mismas condiciones inhumanas que se viven en el campamento, tuvieron que emigrar a otros pueblos de México buscando una mejor vida. En este tiempo estamos sufriendo por la lluvia y el viento. El viento entra en las carpas, estamos muy inseguros, esa es la preocupación”, dijo Constantino Vásquez, representante de la comunidad.
A las familias desplazadas se les otorgó medidas cautelares en 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que el Estado de Guatemala atendiera sus necesidades básicas, entre ellas un lugar donde vivir. Sin embargo, han fallecido varias personas desde el día del desplazamiento y otras se han visto obligadas a movilizarse a otros lugares ante la falta de respuesta del Estado de ubicarlos en un lugar donde puedan vivir, denunciaron los integrantes de la delegación.
“Ahorita en el campamento hay unas 50 familias, hay jóvenes que son hijos de los que crecieron, han muerto varias personas entre niños y adultos. Unos murieron en México porque fueron a buscar mejores condiciones, pero no las encontraron”, indicaron.
Buscan regresar
“Ellos han venido hasta acá para exigir que sean atendidos directamente por el presidente de la República, a efecto de que se cumpla las obligaciones a las que el Estado se comprometió”, dijo el abogado Santiago Choc, del Bufete de Derechos Humanos, organización que acompaña a las comunidades.
Según el abogado, la petición principal es volver al lugar donde fueron desalojadas durante el gobierno de Jimmy Morales, el 2 de junio de 2017. “Lo que pretende la comunidad de Laguna Larga es que sean retornadas al lugar donde fueron desalojadas desde hace más de ocho años o, en su defecto, que sean ubicados en algún lugar donde el presidente o el Estado compre las fincas adecuadas para el cultivo, para que estas familias puedan vivir dignamente”, dijo el abogado.
A parte de las medidas ordenas por la CIDH, también hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) emitida el 29 de enero de 2021 en donde se ordena a la presidencia resolver la crisis humanitaria que generó el desalojo desde 2017 para las 111 familias.
