Leocadio Juracán, exdiputado y dirigente campesino maya Kaqchikel de la organización Comité Campesino del Altiplano (CCDA), fue aprehendido el pasado 13 de agosto por la Policía Nacional Civil en una sala de espera del aeropuerto internacional de Guatemala, cuando se dirigía a participar en un evento en Sudáfrica. Denuncia que es un caso arbitrario y fabricado para justificar su criminalización. Mientras tanto el gobierno central sigue teniendo en la burocracia la creación de la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Por Prensa Comunitaria
Cuando el reloj marcaba aproximadamente las 11:05 del miércoles 13 de agosto, en una sala de espera del Aeropuerto Internacional La Aurora, Leocadio Juracán, dirigente campesino maya Kaqchikel, esperaba un vuelo para participar en una conferencia en Sudáfrica.
Ya había pasado los controles migratorios necesarios para emprender el viaje a la conferencia “Navegando las transformaciones de la sostenibilidad hacia la justicia y la equidad” en Johannesburgo, Sudáfrica.
Desde el momento de su detención, Juracán denunció que los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que lo aprehendieron no le informaron la razón por la que se lo estaban llevando. Además, dice que sospecha que lo tenían vigilado: “Nos han seguido la pista, afortunadamente fue una captura y no una agresión física o un asesinato, temo que esto estén planificando, sospecho que eso es lo que persiguen, afortunadamente esto fue una captura”, dijo a Festivales Solidarios.
Frente a la seguridad de defensores de derechos humanos en general, el gobierno central encabezado por Bernardo Arévalo, solamente cuenta, precisamente desde el Ministerio de Gobernación (Mingob) con una “Instancia de Análisis de Ataques contra el Derecho de Personas, Organizaciones, Comunidades y Autoridades de los Pueblos Originarios a Defender los Derechos Humanos” que hasta el momento han promovido mesas de trabajo a nivel nacional. Pese a la cantidad de informes y diagnósticos sobre la situación de los derechos humanos, este espacio sigue “buscando identificar patrones de ataques, evaluar riesgos y proponer medidas de protección”, según respuesta dada por el gobierno central a la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos de la ONU en junio de este año, sobre los riesgos a la vida que atraviesa un grupo de ocho mujeres y miembros del CCDA.
Hasta el momento la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos sigue en la burocracia.
Ya pública: carta al Gobierno de #Guatemala sobre las agresiones, amenazas, desplazamiento forzado e intentos de criminalización en contra de 8 defensoras de los derechos humanos @MinexGt
▶️ Leer la comunicación integral y la respuesta del Gobierno:https://t.co/baht4fasr9
— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) August 13, 2025
En una carceleta de la Torre de Tribunales, luego de que la jueza de turno lo enviara a prisión, el exdiputado de Convergencia explicó con más detalle cómo fue arrestado y los errores en que incurrió la policía.
Conoce más detalles acá:
https://prensacomunitaria.org/2025/08/leocadio-juracan-es-enviado-a-carcel-militar-senalado-de-cuatro-delitos/
“Después de chequearme, pasé Migración, como 10 metros después había un grupo de policías que me pidieron mi pasaporte, no sé qué consultaron en su teléfono, no encontraron nada, me devolvieron mi pasaporte, luego fui a la sala de espera donde tenía que salir el vuelo”, relató.
Cuatro minutos después llegaron unos tres policías que le pidieron que los acompañara a su oficina. “En ese momento no me enseñaron ninguna orden de captura”, afirma.
Ya en esa oficina le revisaron el equipaje y pidieron su otra maleta. Una hora después le informaron que había una orden de captura que giró el juez Fabián de León Pérez, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Izabal, por delitos que no cometió que son atentado contra el patrimonio natural y cultural de la Nación; usurpación agravada; recolección, utilización y comercialización de productos forestales sin documentación e incendio forestal.
Varios sectores y organizaciones sociales y personas se han pronunciado para respaldar su trayectoria y denunciar su detención como una injusticia. Leocadio al momento de su detención y mientras lo llevaba la policía a Torre de Tribunales dijo: “Soy una persona honorable, transparente, hemos hecho un trabajo solvente, no tenemos nada que nos señalen. Fabrican estos casos para justificar esta detención, también para enviar un mensaje a la población de escalamiento, para que deje de luchar. Insto a la población que no debe claudicar ante las mafias y corruptos que existen y hay que denunciarlos para que sean perseguidos, no es justo que los buenos estemos enfrentando una situación como esta”.
Nos unimos al llamado de justicia y a la lucha digna que ha defendido Leocadio Juracán. Su compromiso con los derechos humanos y el desarrollo rural integral nos inspira a seguir construyendo un país más justo y solidario. #Solidaridad #Justicia pic.twitter.com/umT0xTdSg1
— Protection International Mesoamérica (@PImesoamerica) August 15, 2025
La Asociación en Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro) divulgó varias imágenes de Juracán en redes sociales, respaldando su detención en el Aeropuerto Internacional La Aurora. En la misma publicación, señaló a los miembros de CCDA de causar “estragos en la propiedad privada a nivel nacional, engañando y apropiándose de bienes debidamente inscritos”; las acusaciones fueron rechazadas por la organización que dirige Leocadio Juracán.
Fue el mismo día de su detención que se hizo pública la carta escrita al Gobierno de Guatemala por parte de Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otra experta de la ONU, con sus preocupaciones por la criminalización y las presuntas agresiones, amenazas, desplazamiento forzado e intentos de criminalización en contra de ocho mujeres defensoras de los derechos humanos de la Junta Directiva de la comunidad indígena Chirrix Tul, de la región Chama Grande, municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, e integrantes del Comité Campesino del Altiplano.
La comunicación fue enviada al Gobierno de Guatemala el 30 de abril de 2025, permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. El Gobierno respondió hasta el 25 de junio de 2025.
Un caso fabricado
Para Juracán este caso es fabricado para justificar su aprehensión y la criminalización. En la entrevista realizada al dirigente en la carceleta de Tribunales se le preguntó si considera que esta detención es arbitraria, y dijo que “sí, definitivamente, porque en principio no he usurpado ningún bien en Puerto Barrios o en ningún lado, tengo una casa donde vivir, unas tierras donde cultivar”.
Lo que sí ha hecho, indicó, es dar acompañamiento a comunidades con quienes ha demostrado ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que han sido víctimas de despojo.
Además, señaló que los casos en los que se le busca vincular “son falsos e ilegales”.
El juez que emitió la orden, Fabián De León, opera en el mismo lugar de Aníbal Arteaga, el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, desde donde Arteaga ha criminalizado a campesinos, pescadores y defensores del territorio.
Conoce más detalles acá:
https://prensacomunitaria.org/2021/12/escuchas-implican-al-juez-anibal-arteaga-habria-recibido-dinero-para-favorecer-a-delincuentes/
En 2018, el juez De León fue capturado en Honduras por llevar más de US10 mil en efectivo y no poder demostrar el origen del dinero. Sin embargo, no fue destituido.
En 2024, De León llevó el proceso en su etapa intermedia en contra de los pescadores Tomás Ché Cucul, Vicente Rax, Cristóbal Pop y el periodista Carlos Choc acusados por los familiares de cuatro trabajadores rusos de la minera Fénix, propietaria de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y de la multinacional Solway Investment Group, de retenerlos los días 3 y 4 de mayo de 2017 durante una manifestación. Las órdenes de detención fueron giradas por Arteaga.
Leocadio Juracán deberá ser trasladado a Izabal para la audiencia de primera declaración. Al ser detenido en la ciudad capital, fue ahí donde se celebró la audiencia en la que se le explicó las razones por las que fue detenido. Su defensa pidió que pudiera permanecer en la cárcel de Mariscal Zavala para resguardar su seguridad, ya que siente inseguridad de ser llevado en este caso, a la penitenciaría de Puerto Barrios.
⚠️ Leocadio Juracán informó que la petición de su defensa para que sea enviado al cuartel militar Mariscal Zavala es por la ola de criminalización contra miembros del Comité Campesino del Altiplano (CCDA).
El caso se conocerá en un Juzgado de Izabal.
📹Simón Antonio pic.twitter.com/GAwYfAx22W
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) August 14, 2025
“Estos señalamientos me sorprenden, no es la acusación, sino la intención de trasladarme para allá para seguir vulnerándonos y seguir poniéndonos en riesgo”, dijo en referencia a los riesgos a los que se han enfrentado los integrantes de la organización. Solamente en 2024 doce personas de su organización han sido asesinadas, también explicó que en 2018 el CCDA sufrió una serie de ataques que culminó con varios asesinatos.
Diputado y dirigente campesino
Juracán pertenece a la organización campesina CCDA desde 1989, cuando salió a la luz, aunque comenzó a organizase desde 1982. Actualmente la organización tiene presencia en 20 departamentos y representa a más de 100 mil familias. Desde entonces ha participado en la misma, exceptuando el tiempo en que fue diputado, de 2015 a 2019, cuando fue electo por el extinto partido Convergencia, junto a Sandra Morán y Álvaro Velásquez.
Como diputado acompañó las causas de sectores sociales como el campesinado, estudiantes y mujeres. En 2017 junto a la diputada Sandra Moran presentó una solicitud de antejuicio conta el presidente Jimmy Morales en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por el incendio en el Hogar Seguro donde 41 niñas murieron quemadas. Nunca prosperó.
Su aprehensión se dio un día después de que un Tribunal emitiera una sentencia condenatoria en contra de varios funcionarios de Morales, lo cual a él le pareció sospechoso: “Se da a 24 horas de que un Tribunal sentenció a responsables de la masacre del Hogar Seguro que denuncié con un amparo. Podría estar vinculado desde ahí para seguir garantizando impunidad a Jimmy”, dijo.
Otra posible causa de esta represalia es el trabajo que realiza el CCDA con centros de investigación para demostrar el derecho de la restitución de territorios a comunidades indígenas y campesinas, que han sido víctimas incluso de masacres y persecución, que han sido despojadas de forma sistemática, lo cual han demostrado y ganado casos en ese sentido.
Sin embargo, dijo sentirse optimista pues los casos a los que se les pretende vincular son falsos y señaló que no dejará de acompañar a los campesinos y pueblos indígenas.
