Bloqueos, denuncias y plantones han marcado los últimos meses en Livingston, Izabal, donde al menos 54 comunidades garífunas, q’eqchi’ y mestizas se oponen al avance de proyectos mineros promovidos por las empresas Río Nickel y NichrometGuatemala. Los permisos ambientales fueron otorgados durante el gobierno de Alejandro Giammattei en medio de fuertes denuncias de corrupción en el sector minero de ese gobierno. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN dirigido por Patricia Orantes canceló las diez licencias mineras cuestionadas.
Por Rony Ríos
La tranquilidad de las comunidades garífunas, q’eqchi’ y mestizas en la Sierra Santa Cruz se ha visto alterada en los últimos meses por un conflicto que no es nuevo, pero que ha escalado de forma significativa con el avance de proyectos mineros promovidos por las empresas Río Nickel S.A. y Nichromet Guatemala.
Las comunidades denuncian violaciones a la consulta previa -que es el derecho de los pueblos indígenas a ser informados y consultados de forma libre antes de que se aprueben proyectos que afecten sus territorios, cultura o recursos-, amenazas al agua y vínculos con redes de corrupción internacional.
El conflicto ha generado un amplio rechazo de las comunidades locales, bloqueos viales, denuncias penales, acusaciones de corrupción internacional y cuestionamientos sobre la legalidad de los proyectos mineros. Esto ocurre en el momento en el que se dieron las autorizaciones para que los procesos de estos proyectos avanzaran en una zona reconocida como una de las principales reservas hídricas del Caribe guatemalteco.
Desde abril, decenas de comunidades han protestado de forma constante para exigir la cancelación inmediata de los proyectos. Las movilizaciones han incluido toma de carreteras intermitentes en la ruta CA-13, manifestaciones frente a las sedes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y plantones en el puente de Río Dulce -punto de entrada a Livingston-.
Las comunidades denuncian que no fueron informadas ni consultadas, y que los proyectos amenazan los nacimientos de agua de la Sierra Santa Cruz, la biodiversidad de la zona y su forma de vida.
Tres meses despues, el MARN en una conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de la Cultura, el 31 de julio, anunció la cancelación de las diez licencias en cuestión, “cancelados por falta de opiniones obligatorias y facultativas y variaciones de las firmas en el dictamen técnico”, expresaron las autoridades gubernamentales. De momento empresas como Rio Nickel-NichrometGuatemala y Productos del Atlántico no podrán operar en el Caribe guatemalteco.
La problemática previa
Durante décadas, el caribe guatemalteco ha sido escenario de tensiones entre las comunidades y las empresas por la falta de consultas a los comunitarios para implementar las operaciones de extracción de minerales. La historia se repite, es el mismo patrón, se otorgan licencias sin consultas válidas, se reprime a las comunidades y a sus líderes y se incumple promesas de desarrollo. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en El Estor, Izabal, donde una mina de níquel ha operado en la ilegalidad durante décadas.
A pesar de los fuertes señalamientos el ministerio dirigido por Víctor Hugo Ventura Ruiz y el gobierno de Bernardo Arévalo siguen dando como válido el proceso opaco de la consulta comunitaria realizada por el proyecto Fénix en cuatro municipios Maya Q’echi’ en El Estor, Panzós, Senahú y Cahabón.
El caso de CGN-Pronico, operada por la transnacional ruso-suiza Solway Investment Group, y Mayaníquel operada por TelfAg, marcaron un antes y un después: denuncias de contaminación del Lago de Izabal, vínculos con campañas de desinformación digital, y la supuesta entrega de sobornos a funcionarios, incluido el expresidente Alejandro Giammattei, según investigaciones internacionales como el caso “Alfombra Mágica” y Mining Secrets.
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Ahora, Río Nickel y Nichromet Guatemala, filiales de la canadiense Central America Nickel (CAN), intentan abrir nuevos proyectos en la misma región. Aunque aseguran estar en fase de exploración, el modelo extractivo que proponen despierta sospechas de que existen beneficiarios ocultos, licencias otorgadas durante gobiernos marcados por la opacidad, y la repetición de un patrón en el quelas comunidades son excluidas de las decisiones sobre su propio territorio.
Lo que está en juego no es solo el níquel y los minerales, es la soberanía de los pueblos, la contaminación medioambiental y la integridad de los recursos naturales frente a una red transnacional de poder, extractivismo y corrupción.
Sobre la corrupción en el sector minero durante el gobierno de Giammattei, las investigaciones sobre los permisos entregados durante esa gestión presidencial siguen estancadas e incluso fueron enterradas en el Ministerio Público de Consuelo Porras.
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Las empresas y su origen canadiense
Según investigaciones de organizaciones sociales como El Observador, las empresas Río Nickel y Nichromet están estrechamente relacionadas con Central America Nickel (CAN), una compañía canadiense que promueve tecnologías de extracción de minerales con procesos hidrometalúrgicos. Esta corporación ha buscado posicionarse como una nueva potencia en la extracción de níquel, cobalto y tierras raras en América Latina.
Nichromet Guatemala, S.A. fue constituida en 2004 como subsidiaria de la canadiense Nichromet Extraction Inc., mientras que en 2007 se creó Río Nickel S.A., también como subsidiaria de dicha empresa.
CAN, a través de Río Nickel y Nichromet Guatemala, ha solicitado múltiples licencias de exploración minera —unas 11 según bases del Ministerio de Energía y Minas—, muchas localizadas sobre la Sierra Santa Cruz en Livingston, departamento de Izabal, incluyendo la licencia “Santa Anita II” para la extracción de níquel, cobalto, oro, plata, entre otros minerales.
A la fecha, las dos empresas tienen al menos 11 solicitudes de licencias ante el Ministerio de Energía y Minas, de las cuales 10 son estudios de impacto ambiental (EIA) que ya fueron aprobados por el MARN entre finales de 2023 y principios de 2024, durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Las empresas extractivas que operan en el Caribe guatemalteco buscan explotar el níquel, cobalto, oro, plata, óxido de hierro y tierras raras que se encuentren en la Sierra Santa Cruz, Livingston, Izabal. En el caso de estos proyectos recientes el más relevante es Santa Anita II, que se enfoca en el níquel y cobalto. Este tipo de concesiones provienen de activos que datan de exploraciones de INCO-EXMIBAL en la década de los 60 y de COMINCO, HudBay Minerals y ahora Solway y Telf Ag.
El 18 de noviembre de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres compañías guatemaltecas: CGN, Pronicoy Mayaniquel, bajo la Ley Magnitsky Global, las dos primeras vinculadas al grupo ruso-suizo Solway Investment Group, la tercera a la empresa rusa Telf Ag. Las sanciones incluyeron a los empresarios rusos Dmitry Kudryakov e Iryna Litviniuk, acusados de liderar redes de sobornos a políticos, jueces y funcionarios guatemaltecos en favor de intereses rusos en el sector minero.
Luego de las sanciones que OFAC impuso a Solway (CGN y Pronico) y a Telf Ag (Mayaníquel) en noviembre de 2022, empresas que de momento no han reanudado totalmente las operaciones, ahora bien la Central America Nickel (Río Nickel, S.A.) está explorando en zonas del territorio Q’eqchi’, Garífuna y mestizo dentro del municipio de Livingston Izabal para iniciar operaciones en la Sierra de Santa Cruz, sierra que rodea el lago de Izabal.
Sanciones internacionales y redes de poder
En 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso sanciones contra varios funcionarios del gobierno de Giammattei por actos de corrupción. Entre los señalados figura Alberto Pimentel Mata, ex ministro de Energía y Minas, que en su momento promovió la aprobación de licencias mineras sin consulta previa y con expedientes irregulares.
La sanción también afecta a la esposa de Pimentel, Ana Isabel Carrillo Fabián, exdirectora general de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien tampoco puede ingresar a Estados Unidos. También el viceministro de Pimentel, Oscar Rafael Pérez Ramírez, viceministro de Desarrollo Sostenible, fue sancionado porque “aceptaron sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante sus mandatos”.
Además, el Departamento del Tesoro de EE. UU. “sancionó Luis Miguel Martínez Morales por su papel en la corrupción en Guatemala, donde participó en esquemas generalizados de soborno, incluidos esquemas relacionados con contratos gubernamentales”. A Martínez se le aplicó la Ley Magnitsky por la comisión de grandes abusos de corrupción al “aprovechar su posición privilegiada para beneficio personal a expensas del pueblo guatemalteco”.
El Departamento del Tesoro calificó en su momento a Martínez como una de las personas más influyentes del gobierno de Giammattei, pese a no ostentar ningún cargo. “En 2021, Martínez solicitó grandes sobornos para facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik V por parte del Gobierno de Guatemala”.
Casos como el de la “Alfombra Mágica” y las revelaciones de Mining Secrets documentaron cómo redes de poder facilitaron beneficios para empresas mineras mediante tráfico de influencias y opacidad en la autorización de proyectos extractivos en áreas protegidas o de alto valor comunitario, sobre todo en el gobierno de Giammattei.
En junio de 2021, cuando la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) era dirigida por Juan Francisco Sandoval, un testigo protegido declaró que había entregado una alfombra con dinero en efectivo en la residencia del expresidente Giammattei. Según el testigo, el pago estaba relacionado con la concesión de un terreno en el Puerto Santo Tomás de Castilla a una empresa vinculada a inversionistas rusos interesados en la explotación minera.
El testimonio motivó una investigación preliminar liderada por el entonces fiscal Sandoval, justo antes de ser destituido por la fiscal general Consuelo Porras, quien en octubre de 2023 confirmó que la investigación contra Giammattei había sido cerrada.
En paralelo, medios de comunicación informaban sobre las intenciones del gobierno de Giammattei de entregar en concesión el terreno del Puerto Santo Tomás de Castilla a cambio de una fracción mínima del valor real, lo cual pudo estar relacionado al soborno declarado por el testigo.
En esa ocasión, quien quería el terreno era la empresa Atlantic Bulk Cargo (ABC), pero que realmente solo era una filial de Metal Supply Holding, relacionada directamente con Nickel Supply y Mayaniquel. Andrey Antonov, representante legal de ABC quería pagar US$1 por metro cuadrado del terreno del puerto, pese a que la ley le exigía el pago de US$4.5.
Respuesta del MARN: “No actuamos bajo presión”
En entrevista con este medio, el actual viceministro de Ambiente, Rodrigo Rodas, ofreció detalles sobre el estado actual de los proyectos en Livingston. “El Ministerio de Energía y Minas no ha otorgado licencias mineras a estas empresas. Solo existen permisos ambientales, que son requisito previo para cualquier proyecto, según la ley”, afirmó.
Además, Rodas dijo que, a la fecha, el MARN ha aprobado 2 estudios de explotación y 8 de exploración, aunque admite que “los consultores que elaboraron esos estudios en 2023 obviaron requisitos como la publicación del edicto en idioma Q’eqchi’, establecido en el reglamento de participación pública”.
Las inspecciones del MARN detectaron varios incumplimientos:
- Río Nickel estableció un campamento en una ubicación distinta a la declarada en su EIA.
- Ambas empresas dejaron excavaciones temporales -calicatas o de exploración geotécnicas que analiza distintas capas de suelo- estas quedaron abiertas sin señalización adecuada, lo que representa un riesgo ambiental y para las comunidades.
- Se constató la falta de mesas técnicas con comunidades afectadas y una deficiente atención a las inconformidades expresadas por las poblaciones cercanas.
Ante esto, el Ministerio presentó una denuncia penal por trabajos realizados sin permiso, y abrió procedimientos administrativos que siguen en curso. El viceministro reconoció que, en el caso de los estudios de explotación, no se cumplió con la obligación legal de garantizar la participación comunitaria en idioma Q’eqchi’.
Finalmente, el MARN encontró serias anomalías en los expedientes de dichas licencias y resolvió cancelarlas, además, las autoridades gubernamentales anunciaron que tomaran medidas legales por la responsabilidad de varios exfuncionarios al otorgar dichos permisos mineros con inconsistencias o inconclusas.
El 31 de julio el MARN confirmó que no se acreditó propiedad de la tierra, no hubo edicto en idioma Q’eqchi’, faltaron opiniones obligatorias del MEM y CONAP, no se identificaron zonas de biodiversidad existentes, finalmente que los expedientes están incompletos y con calicatas irregulares.
Una zona ambientalmente sensible
La Sierra Santa Cruz, ubicada a unos 280 kilómetros al noreste de la Ciudad de Guatemala, se extiende entre los municipios de Livingston y El Estor en Izabal, a orillas del Caribe guatemalteco. La sierra constituye una zona de recarga hídrica estratégica para cuencas que alimentan al Río Dulce, al Lago de Izabal y diversos manantiales que abastecen a comunidades rurales.
Sus suelos albergan una gran biodiversidad y reservas de minerales como níquel, cobalto, oro, hierro y tierras raras, y es eso precisamente lo que ha atraído el interés de corporaciones mineras transnacionales. En la Sierra también existen bosques húmedos tropicales, cuevas sagradas y ecosistemas que forman parte del Corredor Biológico Mesoamericano.
La Sierra es habitada por el pueblo maya Q’eqchi’, cuyas comunidades rurales dependen del agua, la milpa, la pesca y el bosque para su subsistencia. En el municipio de Livingston también conviven poblaciones garífunas y comunidades mestizas.
En este contexto, Rodas destacó que la Sierra Santa Cruz es una zona de recarga hídrica clave para el Caribe guatemalteco y reconoció que el impacto ambiental de los proyectos en fuentes de agua es motivo de análisis por parte del MARN.
Sin embargo, negó que el Ministerio esté considerando los señalamientos de corrupción ni los vínculos internacionales: “Solo estamos tomando en cuenta las normas ambientales, que es nuestro mandato legal”. El proceso administrativo abierto por el MARN culminó en la revocación de los instrumentos ambientales aprobados durante el gobierno anterior al comprobarse que hubo violaciones sustanciales a la normativa.
En tanto, las comunidades en resistencia se han manifestado en contra de los proyectos mineros porque consideran que las empresas extractivas acaban con las montañas y el agua que abastece a los comunitarios. En reiteradas ocasiones han manifestado que sin oro pueden vivir, pero sin el agua no.
En total, son 54 comunidades las que constantemente defienden el Cerro 1019, conocido como Sierra Santa Cruz. Para la docente Estela Rodríguez, las protestas contra la minería se dan “porque es lo que nos da el vital líquido” y consideran que con las extracciones se cortará el suministro de agua.
Al lado de las comunitarios, el alcalde de Livingston, Izabal, también manifestó que su “postura sigue en pie, estamos apoyando a las comunidades y seguirá así, exigimos que se respeten las demandas puestas por ellas”.
Además, los líderes comunitarios dijeron que continuarán defendiendo el territorio hasta que cesen los proyectos exploratorios y extractivos en la Sierra.
El caso Livingston podría convertirse en un precedente clave en la discusión sobre minería, pueblos indígenas y el papel del Estado en la defensa del medio ambiente. Todo apunta a que el 30 de julio, fecha en que el MARN debe presentar un informe final sobre el tema, será un día decisivo para las comunidades que esperan que se imponga la ley y no los intereses extractivos.
