Una extrabajadora de Casa Noj denunció maltrato laboral en dicho espacio cultural adscrito a la municipalidad de Quetzaltenango y fue despedida. La trabajadora denunció y un juez de trabajo ordenó su reinstalación pero hasta ahora la Municipalidad no ha acatado la orden.
En este caso se observan redes de protección desde las más altas esferas hacia el poder edil, lo que puede influir en que otras mujeres víctima de maltrato en el ámbito municipal permanezcan en el silencio.
Por Prensa Comunitaria
Una extrabajadora de la municipalidad de Quetzaltenango libra una batalla legal por su reinstalación, tras denunciar un patrón de maltrato y discriminación que, según su mandataria judicial, ha afectado a más mujeres en el ámbito municipal.
El caso señala a Edgar López, director de Casa Noj, un espacio cultural municipal, por tratos denigrantes y el despido posterior de la víctima, en un escenario donde la búsqueda de justicia se topa con indicios de preocupantes interconexiones entre figuras de poder local, lo que ha sembrado el temor y el silencio entre otras posibles afectadas.
La municipalidad, por su parte, se ha negado a acatar una orden judicial de reinstalación, manteniendo un llamativo mutismo. Además, no ha querido dar detalles al respecto.
La historia de esta mujer, cuya identidad se resguarda por seguridad, comenzó a complicarse en 2024, mientras ejercía sus funciones como promotora cultural en Casa Noj, un espacio dedicado a la cultura adscrito a la municipalidad.
Fue allí donde, según su testimonio, comenzó a ser objeto de un trato denigrante por parte del director de la institución, Edgar López.
Según la denuncia de la mandataria judicial, el director le profirió, entre otras cosas, palabras como “fuera de toda moral”, y le dijo “que ella sufría de alguna incapacidad, que era una inepta, que por qué no conectaba su lengua con su cerebro”.
Este hostigamiento se tradujo también en una serie de prohibiciones que vulneraban sus derechos básicos: no se le permitía ir al baño, tomar sus alimentos en el horario establecido, ni disfrutar de su periodo de refacción, según lo pactado.
Tampoco la dejaba ir a comprar sus alimentos cuando lo necesitaba ni acudir al sanitario.
El abuso llegó a tal punto que, mientras a ella se le limitaba el ejercicio de sus derechos, otros compañeros podían fumar, lo cual no está permitido según los manuales de seguridad ocupacional vigentes, y el director permitía que esos mismos trabajadores la trataran de la misma manera.
Ante esta situación, la promotora acudió a Recursos Humanos y a la gerencia, e incluso pidió por escrito al director de Casa Noj el respeto de sus derechos. Sin embargo, lejos de protegerla, la destituyeron de su puesto en 2025
Víctimas no quieren denunciar por temor
Sara Trocoli, mandataria judicial de la víctima, revela que este no es un caso aislado. Antes de ella, otras dos mujeres habrían sufrido situaciones similares por parte del mismo funcionario, pero el miedo las paralizó.
“No quisieron denunciar por temor”, explica Trocoli, apuntando a un clima de presunta protección hacia el poder edil que se percibe entre las víctimas.
Fuentes cercanas a la investigación sugieren que ciertas relaciones de cercanía entre altas autoridades del Organismo Judicial y la Fiscalía Regional del Ministerio Público (MP) con el alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando LópezFuentes, podrían estar generando este ambiente de impunidad y desincentivo para quienes buscan justicia.
De hecho, ponen como ejemplo, el caso de los concejales expulsados del Concejo Municipal y que representaban al comité cívico Sacándole Brillo a Xela (SBX).
Además, se han observado vínculos entre la Fiscal Regional, Miriam Barrios de Alvarado y el presidente de la Sala de Apelaciones del Ramo Laboral, Óscar Alvarado Guerra, quien es esposo de esta. Incluso el propio alcalde municipal ha participado en eventos de relevancia para la misma.
Ante el despido y los antecedentes de maltrato, Trocoli tomó las riendas del caso, llevando la situación ante los Juzgados de Quetzaltenango.
Exigen reinstalar a trabajadora
El centro de esta batalla legal es la exigencia de la reinstalación laboral de la promotora cultural, un derecho que se le ha negado.
Un juez de trabajo ya ordenó su reinstalación. Documentos judiciales confirman una resolución “de estricto cumplimiento” para su reinstalación, pero la municipalidad se negó a acatar el pasado jueves 10 de julio, manteniendo, hasta el momento, un inexplicable silencio sobre su desacato.
La mandataria judicial ha advertido que, de persistir la negativa, se procederá a presentar una denuncia penal formal contra los responsables, basándose en la ley que obliga al acatamiento inmediato de las resoluciones judiciales.
La acción legal también busca que se inicien de manera inmediata las diligencias de investigación por los actos de discriminación sufridos por su representada.
La pelota está ahora en la cancha del Ministerio Público, cuya decisión será crucial.
Señalado guarda silencio
Edgar López, quien funge como director de Casa Noj, hasta ahora ha guardado silencio.
El gerente municipal, Amílcar Rivas, declaró en medios locales que cualquier situación de acoso o interacción personal entre compañeros de trabajo es de índole individual, pese a que la querella es contra la comuna también.
En este contexto, llama la atención que uno de los asesores legales con más alto salario del alcalde, Francis Peña, ex presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) mantendría una estrecha relación personal con el presidente de la mencionada Sala de Apelaciones del Ramo Laboral, Óscar Alvarado Guerra, lo que se suma al entramado de conexiones en el poder local.
Este caso, que entrelaza la lucha por los derechos laborales con graves acusaciones de maltrato y discriminación, pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las víctimas al buscar justicia, especialmente cuando se perciben redes de protección en las altas esferas.
La valentía de la promotora cultural y la determinación de su mandataria judicial abren una ventana a una realidad que, según las denuncias, ha afectado a más mujeres en el ámbito municipal de Quetzaltenango.
La decisión de las autoridades será determinante para sentar un precedente.
Este caso no solo busca la reinstalación de una trabajadora y la sanción de un presunto agresor, sino que también es un llamado a la transparencia y a la rendición de cuentas dentro de las instituciones públicas, esperando que la justicia prevalezca y rompa el ciclo del silencio.
