El fiscal general salvadoreño se sacó de la manga, sin pruebas contundentes, un supuesto caso de terrorismo dinamitero para neutralizar a un grupo de sexagenarios que encabezaron marchas de protesta contra las políticas públicas del presidente Nayib Bukele. Análisis de documentos judiciales muestran que la prueba más importante es un “informante” de la inteligencia policial y peritajes no concluidos de laptops y celulares, además de un puñado de petardos navideños. La fiscalía ha tenido más de un año para investigar y no ha presentado nueva evidencia. Uno de los acusados ha estado a un paso de la muerte en la cárcel.
Por Héctor Silva Ávalos
Un testigo fantasma. Así lo define uno de los abogados defensores en el caso. Sobre las palabras de un hombre al que la fiscalía salvadoreña nunca identifica, el gobierno de Nayib Bukele montó la persecución penal contra un grupo de sexagenarios que le habían plantado cara al presidente en protestas callejeras y a los que capturaron a finales de mayo de 2024. Esta es la historia de otro expediente cocinado por el fiscal general Rodolfo Delgado contra opositores del régimen.
La edad de los acusados promedia los 60 años, el mayor tiene 75. Son once personas, la mayoría excombatientes en el conflicto armado salvadoreño, y a todos los acusa la Fiscalía General de la República (FGR) de planificar atentados dinamiteros que, se supone, ejecutarían el 1 de junio de 2024, fecha en que Nayib Bukele tomó posesión por segunda vez como presidente del país, algo que está prohibido por la Constitución. Una parte de la acusación dice, incluso, que el plan contemplaba atentar contra la integridad física del mandatario. Los indicios de evidencia presentados son muy débiles según revelan legajos judiciales del caso a los que este medio ha tenido acceso.
Uno de los detenidos se llama Atilio Montalvo, de 72 años, un exdirigente del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que fue firmante de los Acuerdos de Paz en 1992 y, luego, uno de los principales dirigentes sociales en El Salvador. Desde 2019, Montalvo destacó como uno de los líderes de los movimientos sociales que empezaron a llenar las calles en manifestaciones de protesta en contra de las políticas públicas de Bukele, como la imposición del Bitcoin, la reforma a le ley de pensiones o el régimen de excepción.
Los liderazgos de Montalvo y de José Santos Melara, de 69 años y otro de los detenidos, en los movimientos populares de oposición que surgieron tras la primera elección de Bukele como presidente pueden explicar por qué se convirtieron en objetivos políticos del régimen. Para eso hay que visitar una marcha de protesta que llenó varias de las avenidas principales de San Salvador el 15 de septiembre de 2021, día que marcó el bicentenario de la independencia del país.
Fue aquella, la marcha más grande que Bukele y los suyos habían visto desde la ascensión a la presidencia. Los organizadores calculan que entre 5,000 y 7,000 personas acudieron, cifras considerables en momentos en que los índices de aprobación del presidente rozaban el 90%. Pero no fue solo la convocatoria, fue que de esa marcha surgió el primer intento real de articular un movimiento unificado de oposición a Bukele, más allá de las agrupaciones políticas tradicionales, según explica Ramiro Navas, excandidato del partido Nuestro Tiempo y líder juvenil.
Santos Melara y Montalvo, dice Navas, fueron dos de los liderazgos más visibles en aquellos días, desde una plataforma a la que llamaron la Alianza por un El Salvador en Paz y que reunía a excombatientes del conflicto interno, a activistas de derechos humanos y a sindicalistas. Uno de los organizadores de aquellas marchas, a quien no se identifica para resguardar su seguridad, dice que la Alianza fue siempre una de las que más capacidad de convocatoria tuvo.
De acuerdo con Navas, el régimen de Bukele capturó a Santos Melara y a Montalvo para desarmar al movimiento opositor. “Todo apunta que el objetivo político del gobierno era desarticular a la Alianza y lo lograron”, dice.
Atilio Montalvo estaba enfermo cuando lo arrestaron; sufría de insuficiencia renal, diabetes crónica y cardiopatía isquémica, por lo que requería diálisis e inyecciones de insulina de forma permanente. Casi de inmediato, tras su captura, sus abogados y familiares pidieron al tribunal que le impusieran medidas sustitutivas a la cárcel, pero el sistema se las negó durante 14 meses. En octubre de 2024, un médico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social informó al juez que Montalvo requería atención especializada y la familia solicitó una audiencia especial para pedir arresto domiciliar; Morena Beatriz Barraza, la primera jueza que vio el proceso, no la concedió.
Fue hasta el 7 de julio pasado, en el marco de constantes cuestionamientos internacionales al régimen de Bukele por la situación de presos políticos como la abogada Ruth López y crecientes denuncias familiares sobre la salud de Montalvo, que el tribunal aceptó realizar la audiencia especial y aprobó enviarlo a su casa mientras el proceso continúa. El daño a su salud, sin embargo, puede ser ya irreparable de acuerdo con familiares.
El Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) emitió un comunicado en el que aseguran que la falta de atención médica adecuada en el caso de Montalvo califica como tortura, y en el que aseguran que el 2 de julio, cinco días antes de la audiencia especial, el líder social había sido trasladado un hospital después de sufrir dos síncopes y presentar hemorragia intestinal.
Santos Melara, el otro líder de la Alianza, también es diabético crónico y a él tampoco le han dado tratamiento médico adecuado. El mismo Estado ha reconocido eso. El 20 de junio de 2024, menos de un mes después de las capturas, el Instituto de Medicina Legal hizo un chequeo médico a Melara, en el que determina que él también sufre de diabetes crónica, la cual ha empeorado desde su arresto por “un manejo médico incompleto e inadecuado”. Advertencias similares sobre él, Montalvo y otros están anexadas al expediente del proceso, sin embargo, el resto de los acusados continúa en la cárcel.
Siguen presos, acusados por un testigo invisible.
El testigo sin rostro y los petardos navideños
El indicio más importante que ha presentado la fiscalía en contra de Montalvo y los demás fue el testimonio de un hombre no identificado que dice haber oído a los acusados planificando atentados dinamiteros; esas palabras y las fichas de esas personas a los que el supuesto testigo identificó, elaboradas por la inteligencia estatal. Eso fue suficiente para que la policía de Bukele allanara las casas de los señalados y los metiera presos a todos entre el 30 y el 31 de mayo de 2024.
Toda la investigación, desde que el supuesto testigo habló con los policías de Bukele hasta los arrestos, no duró ni una semana.
A pesar de que los defensores presentaron pruebas de arraigo, de que varios de los acusados tienen, por su edad, problemas crónicos de salud y de que la prueba inicial ofrecida por los fiscales no era más que el testimonio de un hombre invisible, unas fichas policiales y fuegos artificiales que se supone encontraron en dos de las casas allanadas -los fiscales no han ofrecido prueba con su respectiva cadena de custodia que indique que esos artefactos fueron, en efecto, halladas en las viviendas de los acusados-, el juez del caso decidió confirmar que todos debían permanecer en prisión; llevan ahí más de un año.
Todo el caso empieza y termina con la declaración del informante no identificado, según el cual seis de los sospechosos se reunían en un billar de Guazapa, al norte de la capital, para planificar los atentados. No hay más detalles. Solo eso. El testigo, de acuerdo con los documentos, habló con la inteligencia policial salvadoreña “en los últimos días de mayo” e identificó a las personas que luego fueron capturadas.
Así lo consigna el juez tercero del Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador. “Todo inició mediante una primera acta de pesquisa de las quince horas del día treinta de mayo de dos mil veinticuatro en la que se deja constancia de información obtenida” sobre la supuesta planificación de actos terroristas. Todo está basado en un “informante”, una “fuente creíble”, según la define Josué Omar Aguilar Molina, el fiscal a cargo del caso.
A partir de ahí, los agentes al mando de Rodolfo Delgado, el fiscal general, montaron su narrativa.
La fiscalía presentó dos actas en la primera audiencia contra los detenidos. La primera, elaborada el 30 de mayo de 2025 a las 3:00 p.m., da cuenta del testigo invisible y los nombres de seis personas que, según ese testimonio, se reunían en el billar a planificar atentados. Y una segunda acta en la que, dicen los fiscales, consta la relación de esos seis con otros cinco señalados, uno de ellos Atilio Montalvo, a los que nadie ubica en el billar.
La única prueba de que hay una relación entre todos para la supuesta planificación de los atentados son bitácoras telefónicas en las que constan llamadas entre ellos, no así conversaciones. Esas bitácoras, sin embargo, no eran prueba a la hora de las capturas; fueron obtenidas después de los arrestos, de los teléfonos que decomisaron a los acusados.
La segunda acta se elaboró a las 8:00 de la noche de ese mismo 30 de mayo. Solo cinco horas después de que la policía escribiera la primera. Lo que sea que hayan hecho en esas cinco horas, que no consta en ningún lado, fue suficiente para que policías y fiscales hicieran cruces de información y verificaran lo dicho por el supuesto testigo, o al menos fue suficiente para que la fiscalía emitiera órdenes de captura.
Con el testimonio del informante como único indicio y con fichas elaboradas por la División Especial contra el Crimen Organizado (DECO) y alimentadas por la inteligencia policial, fiscalía y policía se desplegaron a trece sitios en Guazapa y San Salvador, incluidos los domicilios de los señalados y el billar de Guazapa.
Luego, en un resumen que presentaron en un tribunal, los fiscales detallaron la prueba recabada en los allanamientos, que ocurrió unas horas después de que se elaboraron las dos actas que daban cuenta de lo dicho por el testigo: algunos fuegos artificiales no usados, ocho artefactos con apariencia de explosivos, munición y armas -los agentes no detallan si esas armas tenían permisos vigentes o no-, laptops y teléfonos celulares. Al lado de seis de los señalados escriben lo siguiente: “No se encontró evidencia relacionada”. A esas personas, sin embargo, las capturaron y siguen presas.
El relato del supuesto testigo, o al menos lo que está consignado en el requerimiento -el acta de acusación- es que los veteranos se preparaban para detonar bombas por todo San Salvador y generar una ola de terror el día de la segunda toma de posesión de Bukele como presidente, el 1 de junio de 2024.
Pero, a juzgar por lo que un perito llamado por el tribunal estableció tras estudiar los artefactos decomisados, la capacidad destructiva de lo que supuestamente incautaron era limitada. En su acusación, los fiscales listan 10 grupos de evidencias decomisadas; la mayoría son juegos pirotécnicos de una o dos pulgadas, populares en El Salvador en celebraciones como Navidad o Año Nuevo. Lo que más podría parecer artefactos explosivos son algo que los fiscales llaman “bombas terminadas”, aunque en la lista de evidencias entregada al tribunal no consta cómo están hechos o, lo más importante, si en realidad tienen material explosivo dentro. Sí hay un peritaje según la onda explosiva era de 15 o 20 metros, que es la que usualmente tienen los petardos navideños.
Es decir, la prueba de la fiscalía sobre el supuesto complot terrorista, son petardos y ocho artefactos elaborados con cartón y plástico. No habrá forma, además, de demostrar más adelante en este proceso el estado de mantenimiento o capacidad destructiva real de lo decomisado, ya que el 8 de abril de 2025, a petición de la fiscalía general, el tribunal a cargo ordenó la destrucción de toda esa evidencia.
La acusación fiscal detalla que el argumento legal del caso es la Ley Contra Actos de Terrorismo (LECAT), y el delito imputado es Actos terroristas cometidos con armas, artefactos o sustancias explosivas, agentes químicos, biológicos o radiológicos y armas de destrucción masiva. Más allá de los petardos, los investigadores no hallaron nada de eso.
Cuando escriben sobre los indicios de prueba, de hecho, los fiscales no se detienen en demasiados detalles de los materiales supuestamente decomisados en dos de las casas allanadas, sino que presentan, como pruebas, un puñado de cosas que suelen utilizar los agentes del Estado salvadoreño en procesos como este: las actas de los policías captores, los perfiles delincuenciales elaborados por la inteligencia del Estado y, en este caso, las actas con lo detallado por el testigo no identificado en el que se basa toda la investigación. Poco más.
Ivania Cruz, defensora de varios de los acusados, asegura que todo el caso tiene una motivación política. “La captura de los veteranos y de un periodista comunitario -uno de los detenidos es un documentalista que apoyaba a la alianza- fue por motivaciones políticas y no por las regulaciones de la ley… Cuando a los ciudadanos ya no se le respetan sus derechos a la salud, al debido proceso entra la utilización del aparato estatal para hacer una persecución en su contra”. Y se pregunta: “¿El Estado será responsable por los meses de detención y deterioro de salud de Atilio Montalvo y José Santos Melara, como los demás involucrados?
Ha pasado más de un año desde las capturas de los veteranos y la fiscalía no ha presentado evidencia nueva. De hecho, según los mismos fiscales lo apuntan en un escrito que presentaron al juez del caso, en todo ese tiempo solo han procesado parte -entre el 30 y el 40%- de los discos duros que decomisaron en los allanamientos. Aún así, y a pesar de múltiples peticiones de los abogados defensores para que liberen a sus clientes por su edad o porque algunos padecen de enfermedades crónicas, los hombres siguen presos.
El viernes 4 de julio pasado, familiares y amigos de Atilio Montalvo advirtieron que su salud había empeorado. Una fuente cercana a la familia dijo que esperaban lo peor. Unos días antes, la defensa del dirigente había metido un recurso de habeas corpus que la Corte Suprema de Justicia, controlada también por Bukele, no ha resuelto. El lunes 7 de julio, el tribunal resolvió liberar a Montalvo por razones humanitarias.
Mientras tanto, la persecución a los viejos líderes sociales continúa en un proceso cuyo plazo de investigación el juez a ampliado hasta diciembre de este año. Fuentes judiciales cercanas al caso aseguran, sin embargo, que por ahora no hay peritajes o diligencias pendientes.
No es está la primera vez que el fiscal general, Rodolfo Delgado, acude a un solo testigo no identificado para montar casos con fuertes cargas políticas. En un juicio que él y las cortes montaron a seis ambientalistas de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, todo está basado, también, en un testigo fantasma que, en este caso, no vio nada, sino al que le contaron sobre supuestos delitos.
