Las 45 familias Q’eqchi’ que habitan la comunidad de Plan Grande, en El Estor, Izabal, han habitado esas tierras desde la primera mitad del siglo XIX.
Una empresa propiedad de la familia Arriaza Migoya, CXI Sociedad Anónima, reclama la supuesta propiedad de la finca y fue beneficiada con un amparo por la Corte de Constitucionalidad lo que llevaría al desalojo de lose habitantes de la comunidad Q’eqchi’, un capítulo más al proceso adverso que han llevado los pobladores desde 2016.
Sin embargo, investigaciones como un peritaje del sociólogo Harald Waxenecker muestran que estas tierras fueron inscritas de manera irregular y que el Ministerio Público no ha investigado cómo se realizó la adquisición de las tierras por parte de terratenientes de la familia Arriaza Migoya.
Por Juan Bautista Xol
Al norte del lago de Izabal, en la Sierra Santa Cruz, se encuentra la comunidad de Plan Grande. Está habitada por 45 familias Q’eqchi’ que se dedican a la siembra de maíz, frijol, ayote, yuca, plátano y otros cultivos. Desde 2016 la comunidad ha librado una batalla legal en contra de la familia Arriaza Migoya, dueña de la empresa CXI, S.A. que nuevamente amenaza con desalojarlos de las tierras que han habitado por décadas.
“Lo que cultivamos aquí es para nuestros alimentos, vendemos una parte para sostener las necesidades económicas en nuestros hogares”, explica una mujer en su idioma Q’eqchi’, quien omitió su nombre por temor a represalias ya que indica que desde el 2016 son perseguidos e intimidados por trabajadores de la finca El Murciélago que, se encuentra ubicada a la orilla de la ruta principal, a unos 20 kilómetros de la cabecera municipal de El Estor.
Es una finca donde se produce banano y es propiedad de la familia Arriaza Migoya, quienes están detrás del desalojo de las familias indígenas de Buena Vista de la finca Tz’inte’ ejecutado en mayo de 2024.
Para llegar a la comunidad de Plan Grande hay que recorrer en motocicleta una hora con 20 minutos desde la finca El Murciélago hasta la comunidad. Las familias Q’eqchi hacen un trayecto por carretera a pie caminando tres horas hasta la montaña.
El pasado 19 de junio la Corte Constitucionalidad (CC) avaló el desalojo de la comunidad y la detención de sus dirigentes Abelino Chub, Martín Xi, Mateo Pop y Héctor Che, esto resultado de la petición de la empresa CXI, S.A. criminalizados en ese entonces por los Arriaza. Abelino Chub permaneció encarcelado desde enero de 2017 a 2019, cuando fue absuelto por un Tribunal de Mauyor Riesgo.
Tras la resolución de la CC, Prensa Comunitaria visitó la comunidad para conocer la situación en que viven los pobladores. Al consultarlos sobre el amparo a favor de la empresa CXI Sociedad Anónima, respondieron que desconocían la nueva resolución.
Los comunitarios señalaron como una falta de respeto y burla hacia la comunidad el fallo que anuló el amparo que los protegía otorgado a favor de sus habitantes el 26 de julio del 2019, cuando el Juzgado de Mayor Riesgo A, dejó sin efecto el desalojo en la comunidad de Plan Grande. Sentencia en la que se reconoce que los Arriaza denunciaron injustamente a los comunitarios y en el que se evidienció que no tienen la propiedad de Plan Grande, como se relata en el libro “Abelino y las comunidades q’eqchi’.
“No estamos robando tierras”
Al conversar con los dirigentes Q’eqchi’ de la comunidad se evidencia el arraigo que tienen hacia su tierra.
Según don “Rik”, como cariñosamente lo conocen, Plan Grande es una comunidad que ha existido desde 1824. Rik contó que su padre junto a su abuelo elaboraba canastos artesanales, comales y ollas de barro y que tenían que salir de la comunidad para abordar el barco que salía del muelle municipal de El Estor para Livingston o la camioneta que va a la zona de Alta Verapaz donde vendían las mercancías que elaboraban.
“Aquí nació mi padre, aquí nací, ya tengo 74 años y aquí nacieron mis hijos y nietos, no es justo que las leyes nos desalojen en nuestras tierras, o ¿Acaso volvimos en el tiempo del conflicto armado?”, indicó don Rik mientras sostenía fuertemente una rama seca que usa para su bastón.
Los demás habitantes manifestaron a Prensa Comunitaria que la criminalización, amenazas de desalojo, capturas e incluso la detención del dirigente comunitario Abelino Chub, se dio después de que se trasladaron en una zona baja que anteriormente utilizaban para el cultivo de malanga, yuca y frijol.
Se trata del mismo lugar que utilizaban sus padres, abuelos y tatarabuelos para cultivar.
En 2015 se trasladaron al área donde ahora se encuentran instalados debido a que el lugar en donde históricamente tenían construidas sus viviendas se desplomó en un desastre natural, quedando inhabitable. Pero al instalarse en la zona, varios grupos de personas empezaron a llegar para amenazarlos con desalojarles de manera extrajudicial, aduciendo que las tierras le pertenecen a la empresa CXI Sociedad Anónima.
“Nosotros no estamos robando tierras como dicen, nos venimos en este lugar porque en donde vivíamos se quedó dañado, no tenemos miedo ni vergüenza, porque estas tierras eran de nuestros abuelos y tatarabuelos, aquí cultivaban, aquí nos dejaron y aquí van a quedar nuestros hijos, la ley debe respetarnos y no creerle a una persona extrajera que solo busca conflictos y apropiarse de lo ajeno”, señaló una mujer en su idioma Q’eqchi’, quien pidió resguardar su identidad.
Los comunitarios manifiestan que el objetivo de la empresa CXI, S.A. es cultivar palma de aceite en la tierra, pero para ello criminalizan y buscan desalojar a las familias que habitan la comunidad de Plan Grande.
Aunque saben que los desalojos y las órdenes de captura les causan problemas emocionales psicológicos, las 45 familias aseguran que no saldrán de las tierras que heredaron de sus padres.
Recordaron con mucha tristeza a cuatro de sus mártires que fueron asesinados durante el conflicto armado interno por defender las tierras de Plan Grande y que están sepultados a dos kilómetros dentro del perímetro de la comunidad.
El caso de Plan Grande en la CIDH
Prensa Comunitaria realizó una llamada telefónica con los abogados del Bufete de Pueblos Indígenas para conocer la situación legal actual de la comunidad y los riesgos que enfrentan junto a sus dirigentes.
“Está bajo una amenaza inminente de que pueden ser desalojados, sin embargo, el caso de la comunidad ya fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, explicó el abogado Juan Castro.
Castro indicó que el caso de la comunidad aún está pendiente de ser resuelto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo tanto, deberán acudir al juzgado que conoce el proceso y la comunidad deberá ejercer su derecho de defensa para evitar un desalojo y la captura de sus dirigentes.
“El estado de Guatemala ya fue emplazado, se le dio 4 meses y los 4 meses están por vencerse a finales de junio o principio de julio de este año, el Estado de Guatemala tiene que responder si ha respetado el derecho de la comunidad”, agregó Castro.
Comunidad ya existía antes de reclamos del terrateniente
Mientras que el dirigente comunitario Abelino Chub, quien fue criminalizado por la empresa CXI, S.A. entre 2017-2019, fue acusado por usurpación agravada en 2016, explicó que de acuerdo a los peritajes de investigación sobre las tierras de la finca Plan Grande, se constató que la comunidad ya existía antes de que la familia Arriaza Migoya apareciera reclamando el derecho de la supuesta propiedad.
Según Chub, la familia Arriaza no contaba con ninguna documentación de la tierra de Plan Grande, hasta que el Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, les dio espacio para que reclamaran el derecho de propiedad y fue así como lograron reclamar la tierra, un polemico administrador de justicia señalado de corrupción en ese juzgado.
El defensor del territorio añadió que en Guatemala la criminalización hacia las comunidades que reclaman sus tierras es un problema sistemático e histórico y que el Estado no resuelve a favor de las comunidades.
“El sistema del Estado jamás va a entender la relación de las comunidades con su tierra, nosotros lo conocemos como madre tierra y ellos lo ven como una mercancía, la lógica del sistema es robar y mercantilizar los bienes de las comunidades y nunca van hacer reconocidas”, concluyó Chub.
El dirigente enfrentó un proceso penal entre 2017 y 2019 del cual fue declarado inocente por el Tribunal de Mayor Riesgo “A” el 26 de abril de 2019.
¿Quién comete la ilegalidad?
Prensa Comunitaria también habló con Haroldo Waxenecker, un sociólogo e historiador quien analizó la presencia humana en la tierra de Plan Grande y quien presentó el peritaje “Relaciones sociales de poder y apropiación de recursos naturales y de la tierra en El Estor, Izabal” durante el juicio de Abelino Chub.
Waxenecker indicó que existen muchas irregularidades y contradicciones entre la presencia humana y la imposición de las fincas ya que pudo constatar que en 1918 a 1920 fueron entregadas a los militares 15 caballerías de tierras en la Sierra Santa Cruz, desconociendo adrede de la presencia de las personas indígenas en el área, mientras que las familias de Plan Grande aseguran que la comunidad ha existido desde 1824.
Según Waxenecker, la inscripción de varias fincas se registró un 30 de junio del 2016, un día de asueto en Guatemala debido al Día del Ejército, precisamente con el proceso penal abierto contra los princiaples dirigentes Q’eqchi de la comunidad. Este dato también es conocido por la comunidad quienes manifiestan que dentro de las 30 fincas que explica Waxenecker se encuentra Plan Grande.
Waxenecker señaló que después de registrar las tierras la familia Arriaza Migoya, puso en venta varias de las fincas, algunas en alquiler, declarando precios más bajos que los precios de mercados, por lo que él indica que la familia Arriaza se dedica al “lavado de dinero o de tierras” por la forma en como la familia Arriaza utiliza la tierra.
“La familia Arriaza legaliza diferentes empresas y luego utiliza las empresas para comprar tierras, vender entre sí mismas, para alquilarlas entre sí mismas, hacer todo el proceso de lavado de dinero, ellos acusan a las comunidades y a Abelino de usurpación, pero en realidad ellos obtienen las tierras de manera irregular, ellos cometen la ilegalidad”, explicó.
El sociólogo concluyó indicando que después de que el Tribunal dictara la inocencia de Abelino Chub, le ordenó al Ministerio Público (MP) investigar las irregularidades cometidas por estas empresas de la familia Arriaza. De eso han pasado seis años y no se ha cumplido.
Piden al Estado respetar sus derechos
Tras conocer la resolución de la CC, las familias Q’eqchi’ de Plan Grande piden al Estado que escuche a la comunidad y respete sus derechos. Asimismo, exigen que no se ejecute ningún desalojo en la comunidad porque aseguran se violentarían derechos como pueblo indígena, y que no tienen a donde ir con sus hijos.
“Le pedimos al Estado y las otras leyes que no dejen que nos hagan daño porque no es justo que nos lastimen porque somos hijos de la madre tierra, que no nos toquen nosotros estamos trabajando y no estamos robando”, manifestaron los comunitarios.
