La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) publicó recientemente el informe “Sin agua no somos nada. Por qué Guatemala necesita una ley de aguas”. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas,presentó el informe en el cual señala que a pesar de que Guatemala cuenta con la disponibilidad de agua, millones de personas no tienen acceso a la misma. La falta de infraestructura y su tratamiento afecta los derechos de las y los guatemaltecos, especialmente de mujeres y comunidades rurales.
Por Regina Pérez
Según el informe de Human Rights Watch en Guatemala las comunidades indígenas y rurales tienen poco acceso al agua por la falta de infraestructura y son las mujeres las que sufren más por esta falta de disponibilidad ya que dedican muchashoras del día para recolectarla.
Una de las recomendaciones de HRW es la aprobación de una ley de aguas que haga posible el acceso de manera adecuada, para cuya construcción se deben generar consensos entre los diferentes sectores que están divididos y que tienen visiones distintas sobre el desarrollo del país.
Además, se señala el alto grado de contaminación en las fuentes de agua en el país y la falta de tratamiento de las mismas. El no contar con acceso a agua potable o no tener los sistemas de tratamiento está asociado con distintos impactos en la salud y de enfermedades de relativo fácil tratamiento.
La falta de acceso al agua, señala, es grave porque se relaciona con enfermedades que a su vez están relacionadas con la desnutrición crónica que en Guatemala alcanza hasta el 46 % de niñez menor de cinco años.
En este escenario, Human Rights Watch propone la necesidad urgente de que en el país se apruebe una Ley de Aguas, que actualmente está siendo construida con consenso de diferentes actores, incluyendo el sector privado, las autoridades indígenas y comunitarias. “La ausencia de una Ley de Aguas afecta a todas y todos los guatemaltecos de distintas maneras”, señala Juanita Goebertus.
Generar un sistema real y de buena fe, regulatorio en acceso a agua, implica reconocer primero que la ley debe ser para toda Guatemala y no solo para unos sectores.
En 40 años Guatemala no ha podido aprobar una Ley de Aguas, ¿por qué es necesario y conveniente la aprobación de una iniciativa sobre esta materia?
Este es un trabajo que hemos hecho en tres departamentos de Guatemala, realizamos más de 100 entrevistas y la conclusión central es que la falta de una ley de aguas que establezca un sistema regulatorio integral y que permita crear un sistema de financiación para la construcción de toda la infraestructura necesaria para el acceso a aguas. La falta de de este sistema regulatorio ha generado que Guatemala sea hoy el país de Centroamérica con los peores indicadores de mortalidad asociados a la falta de acceso a agua y a la falta de su tratamiento.
Quince de cada 100 mil habitantes en Guatemala sufren mortalidad asociada a estos factores, mientras que en las Américas es mucho más bajo. Sin una ley de regulación integral que genere ese sistema difícilmente va a ser posible que guatemaltecos y guatemaltecas puedan acceder al agua de manera adecuada.
¿Cuáles son las razones por las que a pesar de tener más agua dulce per cápita, el 40% de la población guatemalteca no tiene acceso a agua corriente dentro de su vivienda?
Primero, porque no hay infraestructura debida. No hay suficientes conexiones intradomiciliarias, es decir, todo el sistema de tuberías que se requiere para que el agua llegue a los distintos hogares.
Lo segundo porque Guatemala tiene muchos problemas en términos del tratamiento de agua potable y residual, eso hace que haya constantemente contaminación de las fuentes.
La falta de un sistema regulatorio hace que en Guatemala tristemente haya habido procesos de acaparamiento de agua, desvío de ríos, contaminación a través de depositar en las aguas, distintos sistemas de contaminación que afectan la posibilidad de que las comunidades y, en general guatemaltecos y guatemaltecas, tengan acceso a agua potable.
¿Por qué las comunidades indígenas tienen menos acceso al agua que las poblaciones no indígenas?
Hace parte de ese ciclo vicioso de pobreza. En Guatemala el 44 % de la población vive en situación de pobreza, pero si uno mira a las comunidades indígenas el 75 % vive en una situación de pobreza. También encontramos que mientras que el 33 % de la población guatemalteca no tiene una conexión intradomiciliaria, el 50 % de las personas indígenas no tienen acceso a esta conexión.
En parte tiene que ver con esa discriminación histórica de la falta de inversión suficiente de parte del Estado para generar estas redes tanto de abastecimiento de agua como de tratamiento, tiene que ver tristemente con la ausencia de una ley integral de agua que genere un sistema regulatorio para hacer posible un sistema de financiación de la prestación del servicio público de aguas sostenible.
¿Qué significa que el 90 % del agua en Guatemala está contaminada?
Uno de los hallazgos más preocupantes, como señala el informe, son los altísimos niveles de contaminación, pero quizá lo que más me preocupa es que al hacer la averiguación a través de solicitudes de información al gobierno, la información que recibimos es que Guatemala no está tomando las medidas suficientes para medir la calidad de su agua.
Es decir, para medir el cloro residual, para evaluar procesos de desinfección, para medir constantemente la microbiología. Eso hace que Guatemala hoy no tenga, justo por la ausencia de un sistema de regulación, un sistema que permita realmente responder esa pregunta caso a caso y poder decirles a las comunidades, esta es una fuente contaminada, esta es una fuente que no está contaminada.
No toda el agua que ha sido contaminada es agua que ya no se puede usar, cuando es debidamente tratada podría utilizarse. El problema justamente es no haber puesto en marcha, y en muchos casos cuando se ha puesto en marcha, no haber hecho el mantenimiento suficiente de plantas de tratamiento para garantizar que las aguas que consumen los guatemaltecos y guatemaltecas estén debidamente tratadas.
¿Cuál es la mayor preocupación de las autoridades indígenas, comunitarias y organizaciones en torno a una Ley de Aguas?
Hemos hecho consultas con varias comunidades indígenas, como en todo hay distintas posiciones, hay algunas de las comunidades que están participando en el proceso, hay otras que se han mantenido al margen.
Yo diría que en términos generales una de las preocupaciones es garantizar que una Ley de Aguas respete sus usos y costumbres y no genere una indebida intromisión en sus procesos, que en varios de los casos, ante la ausencia completa del Estado, ha habido buenas prácticas de varias comunidades indígenas que se han organizado.
Yo lo que creo y, es parte del trabajo que vamos a hacer esta semana, es que es perfectamente posible generar esos consensos. Se puede establecer un sistema regulatorio que genere unas reglas comunes, que establezca un sistema financiero de acceso al agua que haga sostenible ese sistema, el cual no tiene por qué desconocer usos y costumbres, un enfoque territorial y étnico y una garantía de que esas buenas prácticas se incorporen dentro del desarrollo de esta ley.
¿Qué tipo de sanciones o controles debería implementar el Estado para regular el impacto del uso industrial o agrícola sobre el agua y la contaminación?
Es fundamental que la Ley de Aguas si sale adelante establezca una serie de reglas sobre cuáles son las conductas indebidas frente al agua. Es decir, la prohibición de la desviación de ríos, de la contaminación de las fuentes, del acaparamiento, y establezca sistemas regulatorios que permitan establecer sanciones cuando se dan este tipo de prácticas.
¿Cómo afecta a las mujeres la escasez de agua y las falencias en los servicios de saneamiento?
En el trabajo que hicimos, hablando particularmente con comunidades indígenas tanto Xinka como Maya, encontramos que una parte muy grave de la afectación tiene que ver con el tiempo de las mujeres. A partir de esa colaboración con la ENCOVI (Encuesta Nacional de Condiciones de Vida) lo que encontramos es que de las personas que reportan que cargan agua diariamente dos tercios son mujeres.
Son mujeres que dejan de destinar tiempo a la posibilidad de tener un ingreso adicional, incluso dejan de tener tiempo suficiente para actividades de cuidado y terminan supremamente sobrecargadas física y emocionalmente por tener que trabajar. En ocasiones tres o cuatro horas de camino diario, ida y vuelta para proveer agua, en muchos casos contaminada. Sin duda hay un impacto diferencial, no solo sobre las comunidades indígenas, sino en particular sobre las mujeres.
¿De qué manera la falta de acceso al agua y saneamiento impide el disfrute de otros derechos?
Como organización de derechos humanos lo que documentamos es en qué medida la falta de acceso al agua tiene implicaciones en otros derechos y encontramos, en primer lugar, tiene una implicación en materia de salud.
No tener acceso a agua potable o tener acceso insuficiente o no tener los sistemas de tratamiento de aguas residuales, está asociado con distintos impactos en la salud, con enfermedades gastrointestinales, con enfermedades diarreicas.
Cuando además los puestos de salud no tienen acceso a agua, el tratamiento de esas enfermedades que usualmente podrían ser enfermedades de fácil tratamiento, hace que esas enfermedades continúen, se mantengan en el tiempo y se puedan volver crónicas.
El caso más grave es que Guatemala tiene una de las tasas más altas de desnutrición crónica infantil. El 46 % de niños menores de cinco años están en una situación de desnutrición y de nuevo a partir de nuestro análisis, sobre la base de estudios técnicos, relacionados con salud pública, encontramos que la falta de acceso a agua adecuada está relacionadacon este tipo de enfermedades que a su vez están correlacionadas con esta desnutrición crónica. El hecho de que hoy Guatemala tenga estos altísimos niveles de desnutrición está también relacionado con la ausencia de una Ley de Aguas.
Una de las recomendaciones al Estado es la aprobación de una Ley de Aguas, ¿Qué características debe tener la norma?
Construida de manera consensuada y reconociendo que tiene que haber consensos, es decir, cediendo entre distintas partes, una Ley de Aguas que reconozca el derecho humano al acceso al agua para consumo de uso doméstico, que contemple un sistema regulatorio que establezca un mecanismo de financiación que haga que ese sistema sea sostenible, que contemple una serie de reglas sobre cuáles son las conductas prohibidas frente al uso del agua y que establezca sanciones frente a ese tipo de conductas. Y una ley que tenga un enfoque territorial y étnico que permita aprender de los usos por parte de comunidades indígenas, rurales y que garantice que esta ley de ninguna manera coarte sus desarrollos, muy por el contrario, les proteja y avance en que esas experiencias positivas puedan ser replicadas en el resto del país.
¿Todos los gobiernos hablan sobre una Ley de Aguas pero todo se queda estancado en las mesas de discusión qué razones pueden existir para que no se apruebe una norma como ésta?
Parte de lo que hemos hecho en el trabajo preparativo para este informe y, la razón de estar aquí en Guatemala, es que vamos a tener reuniones a lo largo de esta semana con todos los distintos sectores, con el gobierno, con comunidades indígenas, con miembros del sector privado.
Lo que muestra nuestro informe es que la ausencia de una Ley de Aguas afecta a todos los guatemaltecos y guatemaltecas de distintas maneras pero que hoy, incluso, la población no pobre, no indígena en Guatemala, en un 25 % no tenga conexión intradomiciliaria, muestra que contrario a lo que uno podría pensar, esto no afecta solamente a algunos guatemaltecos y guatemaltecas.
Por supuesto, nuestro informe muestra también que hay comunidades, particularmente comunidades indígenas que la están pasando mucho peor en materia de falta de acceso a agua.
Generar un sistema real y de buena fe, regulatorio en acceso a agua, implica reconocer primero que esto debe ser para toda Guatemala. Que todos tienen que participar de este sistema, que sea un sistema “gana-gana”, que se entienda que un sistema regulatorio y financiero tiene que poder recaudar los recursos para invertir en infraestructura a lo largo y ancho del país en materia de conexiones y de tubería domiciliaria, de tratamiento de agua potable y de agua residual.
Un proceso bien hecho, participativo y de buena fe debe dar cuenta de que participen todos los sectores, esos sectores que en este país han estado supremamente divididos y entre quienes hay visiones muy distintas sobre el desarrollo del país.
Pero desafortunadamente nosotros estamos convencidos de que no va a ser posible sacar adelante una Ley de Aguas sino es de común acuerdo en todos estos distintos sectores. El informe no entra en detalle en la evaluación de por qué en el pasado no ha funcionado, pero lo que sí quisiéramos insistir es que simplemente presentar una ley, sin una viabilidad del consenso en torno a distintos sectores, por supuesto que no generaría mejores condiciones para el país.
La garantía de que esto salga adelante es un proceso consensuado entre todos los distintos sectores que piensan muy distinto en este país sobre la visión de desarrollo. Lo que nos muestran las experiencias en América Latina es que es posible tener sistemas regulatorios que beneficien a todos.
