La FECI liderada por Rafael Curruchiche consiguió las órdenes de captura contra el excomisionado Iván Velásquez y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo. Sin embargo, el proceso no siguió la vía legal ordinaria (un juzgado penal), sino que fue resuelto por la polémica Sala Tercera de Apelaciones, vinculada a políticos acusados de corrupción.
Por Alexander Valdéz
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, logró concretar finalmente las órdenes de captura contra el excomisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, después de años de amenazas e intentos fallidos; no pudo hacerlo a través de un juzgado (como manda la ley) sino a través de la Sala Tercera de Apelaciones, cuestionada por sus vínculos con políticos señalados en casos de corrupción.
¿Cuál fue la estrategia? El caso originalmente está asignado al Juzgado Quinto Penal; que está recusado y no puede conocer nada del expediente, por ahora. Sin embargo, la Sala se atribuyó el conocimiento del proceso y autorizó la petición fiscal. Algo que hasta ahora no había ocurrido en los tribunales de justicia.
Esta Sala es conocida por sus fallos alineados con intereses del diputado Felipe Alejos y la exfuncionaria Alejandra Carrillo, entre otros. Además, fue la clave para que la FECI consiguiera judicializar a dos figuras emblemáticas de la lucha anticorrupción en Guatemala, ambos coincidieron en la CICIG como comisionado y encargada de investigación y litigio, respectivamente.
#URGENTE MP pide la captura de Iván Velásquez
A solicitud del Ministerio Público, la Sala Tercera de Apelaciones ordena la captura del excomisionado Iván Velázquez, y Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de Colombia; ambos exfuncionarios de la #CICIG. #Ampliaremos— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) June 2, 2025
Las órdenes de captura, confirmadas por la propia FECI, son parte del expediente donde no son los únicos exfiscales que están siendo perseguidos por el Ministerio Público (MP), de Consuelo Porras, con múltiples sanciones internacionales por corrupción, en el que se les señala de haber autorizado convenios “ilegales” de colaboración eficaz.
A partir de ahora sobre Velásquez y Camargo pesa una orden de captura por los delitos de asociación Ilícita, tráfico de influencias, obstrucción de justicia y colusión. Y se suman a la lista de exfiscales de la FECI y personal de CICIG que es criminalizado y que en su mayoría están en el exilio.
En la resolución dictada por la Sala figuran 26 nombres; algunos de ellos ya tenían orden de captura vigente y se les decretó la rebeldía.
El fiscal Rafael Curruchiche, con restricción de ingreso a Estados Unidos, Canadá y países de Europa, publicó un video en el que anuncia las órdenes de captura e indicó que se ordenó alertas rojas ante la Interpol; que en varios casos ha rechazado la solicitud de la FECI por considerar que se tratan de hechos de persecución política.
2025: 153 días de trabajo fuerte y firme 💪
El licenciado Rafael Curruchiche, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, se refiere a nuevas acciones judiciales solicitadas por la fiscalía, en el #CasoOdebrecht.#MPfuerteYfirme 💪#FECI pic.twitter.com/vk4ikOTj6Q
— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 2, 2025
El exjuez Carlos Ruano escribió en la red social X: “Según el Código Procesal Guatemalteco, una orden de aprehensión sólo puede ser dictada por los juzgados o tribunales de primera instancia, los que llevan el control del proceso. Las salas están para conocer de apelaciones, como su nombre lo indica. Si lo hacen es prevaricato”.
¿Quién giró las órdenes de captura?
Las órdenes de captura fueron giradas por los magistrados Alejandro Prado Estrada, Ingrid Vanessa García Vásquez y el suplente Otilio López Maldonado, hermano del diputado Carlos López.
La Sala está originalmente integrada por Alejandro Prado, abogado que defendió al diputado Felipe Alejos y al expresidente Jimmy Morales, quien es el presidente. Junto a él, integran la Sala Ingrid Vanessa García Vásquez, como vocal I; y Mario Federico Hernández Romero, como Vocal 2.
Prado tiene en su historial haber defendido a Felipe Alejos, en el caso “Traficante de Influencias” que presentó en su contra la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio Público (MP). Sin embargo, Alejos nunca fue despojado de su inmunidad ya que fue protegido por magistrados de CSJ y de Apelaciones que integraron esa Corte.
Según su hoja de vida ha prestado servicios profesionales al Organismo Judicial (OJ), en 2012; el Ministerio de Trabajo, entre 2019 y 2020, la Oficina Nacional contra la Tortura, en 2020, y el Congreso de la República entre 2021 y 2022.
Ingrid Vanessa García Vásquez, vocal I, proviene del OJ donde fungía como coordinadora III, de la Unidad de Régimen Disciplinario de Recursos Humanos, desde 2022. También ocupó el cargo de supervisora auxiliar de Tribunales II, de la Supervisión General de Tribunales por nueve años, así como otros puestos dentro del OJ.
Mario Federico Hernández Romero consta en su currículum que ha ejercido como abogado de 1999 a la fecha. Ha sido docente universitario en la Universidad Mariano Gálvez y Universidad de San Carlos en sus sedes en Antigua Guatemala.
Fue abogado del expresidente Otto Pérez Molina en el caso “La Línea” y “Cooptación del Estado” y de la exdirectora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo, señalada en varios casos de corrupción. Integró la planilla 3 (ASPA), del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), vinculada al presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Néster Vásquez.
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Un caso de criminalización
En este caso de criminalización, el MP persigue a los exfuncionarios que autorizaron acuerdos de colaboración eficaz para que dos exdirectivos de Odebrecht y un representante legal de la constructora pudieran dar su primera declaración desde Brasil, autorizado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y un juzgado guatemalteco en septiembre de 2017.
En enero del 2023, el fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, también anunció que emprendería acciones legales “para que responda por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos” el exmandatario de la CICIG, Iván Velásquez, exministro de la Defensa de Colombia y la exfuncionaria de la Comisión, Luz Adriana Camargo.
El caso Odebrecht fue presentado por el MP y la CICIG en enero de 2018, en donde se establece que el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, gestionó y concertó el pago de sobornos con directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A. a cambio de adjudicación de contratos para la construcción de carreteras, que también beneficiaron al excandidato presidencial del desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), Manuel Baldizón.
Sin embargo, la investigación, tras la salida de Juan Francisco Sandoval al frente de la FECI, tuvo un giro inesperado. Mientras los funcionarios vinculados al caso gozan de libertad, se persigue a quienes descubrieron la investigación.
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