La Supervisión General de Tribunales informó que existe un proceso penal en contra de Walter Fabricio Rosales, juez presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de Alta Verapaz, por violencia sexual contra una menor de edad, rescatada por la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, Rosales dijo que la denuncia será desestimada, de acuerdo a declaraciones brindadas por la Supervisión.
Por Jasmin López
La Junta de Disciplina Judicial conoció las conclusiones del proceso administrativo contra Walter Rosales, juez presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente; José Alfredo Quiñónez Lemus, presidente del Tribunal Segundo de Cobán, y los jueces William Arturo Chen Yat y Luis Paniagua Herrera. Los cuatro ejercen sus cargos en Alta Verapaz y son investigados por abuso sexual de menores de edad y abusos de poder. Sindie García, de la Supervisión General de Tribunales, solicitó que sean destituidos.
Al final de la audiencia de este 27 de mayo, la supervisora Sindie García dijo que el caso contra Rosales escaló al ámbito penal.
Durante las audiencias del caso, los testigos los señalaron de “relacionarse” frecuentemente con menores de edad y de tener un trato prepotente hacia el personal, consumir alcohol en horario laboral en un comedor conocido como Comidas y bebidas exprés y de realizar reuniones en sus oficinas.
De acuerdo a una investigación iniciada por la Supervisión de Tribunales, en el 2023, Rosales ingresó al juzgado en múltiples ocasiones a una adolescente, en ese entonces, de 15 años de edad. El juez transportaba a la menor en su propio automóvil, evadiendo el registro correspondiente, y la habría retenido en las oficinas durante varios días. Este hecho era conocido por los demás jueces, según se pudo comprobar en un chat compartido por ellos.
❌ Abogado defensor de los jueces Walter Rosales, Luis Quiñónez y José Paniagua insiste en que las y los testigos presentados por la Supervisión no son idóneos
Solicitó que no se tomen en cuenta sus declaraciones. De acuerdo a las y los testigos, los jueces se presentaban a… pic.twitter.com/pYB1lfYD6s
— Ruda (@ruda_gt) May 27, 2025
En las declaraciones de guardias, personal del juzgado y por la propia sobreviviente, se confirmó “su vínculo” con Rosales. La investigación señala que existen fuertes indicios de que la joven fue víctima de explotación sexual.
“Cuando inicia la investigación no se individualiza a este comedor (Comidas y bebidas exprés) con el tema de la trata. Lo que se dice es que los funcionarios, posiblemente, están involucrados con este tema”, indicó García. “Lo que vincula al comedor es el hecho de que la adolescente que estaba en el despacho del juez se traslada a este comedor y, curiosamente, también el juez, al mismo tiempo”, agregó.
La propietaria del comedor, en el que se sirven bebidas alcohólicas, reconoció que conoce a la menor, a Rosales, a José Quiñónez e, incluso, a la persona con la que este último tiene una relación conyugal y que al mismo tiempo es amiga de la dueña, dijo García. El comedor fue cerrado posteriormente.
Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación (PGN) comunicó que la adolescente fue rescatada luego de que la Junta de Disciplina certificara las evidencias presentadas por la Supervisión y que acreditan la edad de la víctima. Actualmente, se encuentra en un hogar de protección y abrigo especializado, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, al no encontrar un recurso familiar idóneo.
“En la audiencia de medidas de protección, la PGN solicitó al juez que remitiera el expediente al MP (Ministerio Público), para que se realizaran las investigaciones correspondientes”, informó la institución.
No obstante, la supervisora agregó que la investigación del Ministerio Público ha sido infructuosa, a pesar de la rapidez con la que intervino la PGN y de las evidencias mostradas. El caso de Rosales está siendo investigado por la Fiscalía de Alta Verapaz.
“Extrañamente, él (Rosales) tiene información muy puntual de lo que el fiscal va a requerir en el caso. Él mismo dice ‘la van a desestimar’”, manifestó García. La investigación “no ha avanzado en ningún sentido”, indicó.
La penúltima audiencia
La Supervisión de Tribunales y los jueces Paniagua y Quiñónez presentaron, este 27 de mayo, sus conclusiones en el proceso administrativo. La supervisora, Sindie García, solicitó la destitución de los cuatro jueces, al probarse ampliamente sus comportamientos, considerados graves faltas éticas.
“Los hechos que han sido acreditados en contra de los funcionarios judiciales son deplorables y habilitan plenamente la solicitud de su destitución y separación al cargo de jueces de primera instancia, que han ostentado hasta el día de hoy”, expresó García y añadió que los usuarios del Organismo judicial requieren credibilidad de sus funcionarios.
Por su parte, el abogado Walder Leonardo Figueroa, que representa a los jueces Rosales, Paniagua y Quiñónez, pidió que se omitan los testimonios de las y los trabajadores que declararon contra sus defendidos.
Según algunos testimonios, los jueces se presentaban a trabajar ebrios y con olor a alcohol, pero Figueroa negó que las personas cuenten con la competencia para afirmarlo. Dijo que el olor a alcohol podría deberse al uso de gel desinfectante, hábito adquirido a partir de la pandemia de la covid-19.
Para el abogado Figueroa, el personal de los tribunales Primero y Segundo de Sentencia Penal tiene algún tipo de “molestia” o “resentimiento” hacia los jueces.
Mientras, Quiñónez y Paniagua negaron todos los señalamientos, incluido el de intimidar a las y los testigos para que no declararan. Ambos pidieron a la Junta de Disciplina que los absuelva. Paniagua lamentó que parte del personal haya testificado contra ellos, después de todos los favores que les han hecho. Quiñónez es asesor de tesis del hijo de uno de los empleados y Paniagua solicita con frecuencia los servicios de uno de los guardias, aseguró.
Por motivos de tiempo quedó pendiente la pronunciación de William Chen, que se hará en la audiencia programada para el 17 de junio. Se prevé que esta sea la última y se dicte una resolución en contra, o a favor, de los señalados.
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