Plazas Fantasma: jueza resolverá si Luis Rabbé enfrenta juicio

 

La jueza Claudette Domínguez inició la audiencia para determinar si Luis Rabbé, expresidente del Congreso, enfrentará juicio por el caso “Plazas Fantasma”. La FECI lo acusa de abuso de autoridad, peculado y nombramientos ilegales.

Por Alexander Valdéz

La jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, inició la audiencia para determinar si el expresidente del Congreso de la República, Luis Rabbé, enfrentará un juicio por los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y nombramientos ilegales, dentro del expediente de corrupción conocido como “Plazas Fantasma”.

En el primer día de la audiencia, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó la acusación contra el exfuncionario, quien estuvo prófugo entre 2016 y 2024, hasta que fue deportado desde México y puesto a disposición de la justicia guatemalteca. Actualmente, goza de arresto domiciliario por un fallo de la Sala Primera de Mayor Riesgo que lo benefició.

La investigación en su contra fue realizada por la FECI, entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, y reveló que, presuntamente, Rabbé autorizó de manera irregular la contratación de 164 plazas en el Congreso. Según la pesquisa, algunas de las personas contratadas no asistían a trabajar ni cumplían con el perfil requerido, pero llegaron a recibir salarios de hasta Q20,000 mensuales. Estos hechos ocurrieron entre 2015 y 2016, durante su presidencia en el Legislativo.

Otros beneficiados por Domínguez

En 2023, la jueza benefició con el cierre de la investigación a todo el grupo de acusados en el caso Plazas Fantasma del Congreso, incluyendo tanto a diputados como a trabajadores, al considerar que no había suficientes elementos para continuar con el proceso judicial en su contra.

Entre los exdiputados señalados estaban César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo, Selvin García, Alexander Castillo, Juan Alcázar y Marcelino Chutá.

En total 59 personas estuvieron implicadas en este proceso. Pero todos los exdiputados que eran señalados de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción fueron beneficiados con el sobreseimiento.

Un caso que quedó impune

En 2016, la FECI y la extinta Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron un caso de corrupción en el Congreso de la República que salpicaba a diputados y trabajadores de ese organismo.

La investigación estableció que durante el periodo de la Junta Directiva del Organismo Legislativo 2014–2015 se contrató a personas sin que llegaran a trabajar al Congreso. Estas personas no laboraron, pero cobraron salarios de entre Q15 mil y Q20 mil, incluso, algunas sólo tenían escolaridad de nivel diversificado.

La investigación determinó que los sindicados prestaron su nombre y recibieron fondos por concepto de pago de planilla del Congreso, pero no se presentaban a laborar, incluso, varios de ellos trabajaban para otras instituciones del Estado.

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