Autoridades, alcaldías y comunidades indígenas de todos los territorios han manifestado y respaldado a los líderes indígenas detenidos por el Ministerio Público (MP).
Luis Pacheco y Héctor Chaclán fueron autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán que lideraron junto a otros pueblos los 106 días del Paro Nacional en defensa de la democracia guatemalteca.
Por Prensa Comunitaria
Las detenciones de Luis Pacheco, actual viceministro de Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Héctor Chaclán, ambos parte de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán en 2023, han provocado rechazo y desaprobación de las decisiones del Ministerio Público (MP), por la persecución contra los lideres indígenas.
Pacheco y Chaclán fueron arrestados el pasado miércoles 23 de abril de 2025, acusados de cinco delitos: asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia, por un caso bajo reserva.
Luego de la detención fueron trasladados en un microbús blanco, asociado a la histórica y tenebrosa “panel blanca” de los años de la persecución política durante la guerra interna, marca Changan, modelo 2022, propiedad de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la Policía Nacional Civil (PNC). Agentes trasladaron a Pacheco y Chaclán a la Torre de Tribunales para que les hicieran saber el motivo de su detención.
El viernes 25 de abril fueron ligados a proceso y enviados a la cárcel militar Mariscal Zavala, en calidad de prisión preventiva. La jueza Carol Patricia Flores, otorgó a la Fiscalía Contra el Crimen Organizado dos meses para investigar a Pacheco y Chaclán por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal.
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https://prensacomunitaria.org/2025/04/jueza-procesa-penalmente-y-envia-a-prision-a-pacheco-y-chaclan-dos-exintegrantes-de-los-48-cantones/
Esto ocurre un año después de las masivas protestas de 2023, lideradas por las autoridades indígenas, que exigían la renuncia de la fiscal General, Consuelo Porras y defendían los resultados electorales que llevaron a la presidencia a Bernardo Arévalo, a 340 corporaciones municipales y a 160 diputados al Congreso de la República.
Es legítima la resistencia del Pueblo
La Junta Directiva del Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán manifestó su profundo rechazo a la criminalización que se está desarrollando en contra de las protestas pacíficas realizadas por la Articulación de Pueblos Indígenas de Guatemala, en defensa de sus derechos y de los derechos de todos los ciudadanos para contribuir con la democracia y mantener el Estado de Derecho.
En ese sentido, aseguraron que los Pueblos Indígenas han actuado en ejercicio del derecho a legítima resistencia pacífica en beneficio de la población guatemalteca, consagrado en el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala que textualmente establece: “Es legitima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”, por lo que es grave que el MP considere a los Pueblos Indígenas como terroristas y como una estructura criminal al indicar que realizar protestas pacíficas se constituye como asociación ilícita.
La Fiscalía argumenta también que se cometieron los delitos de obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia, cuando por el contrario, en busca de tan anhelada justicia, los pueblos alzaron su voz y salieron pacíficamente a manifestarse.
“Las órdenes de captura giradas y ejecutadas tienen por objetivo (…) enviar un mensaje en contra de los Pueblos Indígenas y de cualquier persona o grupo de personas que, ejerciendo uno de los derechos fundamentales de cualquier sociedad auténticamente democrática, recurre a su ejercicio de manifestación después de haber agotado previamente otros recursos y vías”, señalaron los 48 Cantones en un comunicado emitido el miércoles 23 de abril.
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https://prensacomunitaria.org/2025/04/autoridades-de-los-48-cantones-responden-al-ministerio-publico-los-pueblos-se-levantaran/
La vicepresidenta de 48 Cantones, Leticia Zapeta, aseguró que no han tomado una decisión respecto a acciones de respaldo para Pacheco y Chaclán, pero sostiene que el MP ha criminalizado la lucha ciudadana por la defensa de la democracia en 2023.
“Por el momento no hemos tomado ninguna decisión, pero los pueblos no se van a callar, seguiremos manifestando siempre en la lucha de nuestros derechos”, expresó.
Mientras que la alcaldesa del pueblo Ixil de Nebaj, Quiché, Feliciana Herrera, aseveró a Prensa Comunitaria que todavía no han tomado decisiones respecto a futuras acciones para respaldar a los líderes apresados.
“Seguimos denunciando el hecho y la criminalización”, indicó, pero dejó claro que por ahora no han tomado acciones inmediatas a tomar.
📢Las autoridades ixiles se solidarizan con las comunidades de los @48_CantonesToto y autoridades indígenas que se integran en las Juntas Directivas de Alcaldes Comunales, Alguaciles, delegados y promotores de Baños de Agua Caliente y Recursos Naturales. 🧵
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) April 28, 2025
Lo que sí reiteró es que muchas organizaciones indígenas del país se han sumado para respaldar a los encarcelados y exigir que cese la persecución del MP contra personas que se han enmarcado en la ley para exigir sus derechos.
Avalado por jueces dice el MP
“Lo que ocurre no es un golpe, sino el cumplimiento de lo que la Constitución Política de la República de Guatemala establece como mandato institucional del Ministerio Público: investigar a personas que podrían haber cometido delitos. La ley se aplica por igual para todos, sin distinción, y nadie, por alto que sea su cargo, está por encima de la ley”, dijo Ángel Pineda, secretario General del MP, durante la conferencia de prensa que el ente investigador dio por el caso.
“El Ministerio Público no cederá ante presiones, amenazas o intentos de cooptación. Seguiremos actuando con legalidad, independencia, fortaleza y firmeza, porque Guatemala merece instituciones fuertes, honestas y comprometidas con la verdad”, dijo Pineda.
Por su parte, el fiscal Klayber Sical, a cargo de la investigación, reveló que el operativo tenía como objetivo la aprehensión de cinco personas, de las cuales hasta el momento se ha logrado capturar a dos. Además, dentro de los límites que permiten la reserva legal con la que cuenta el caso, indicó que los hechos denunciados refieren a acciones violentas por las cuales alteraban la seguridad y el estado constitucional.
Sical también resaltó que la investigación ha permitido hasta el momento individualizar a las cinco personas, y con base en los indicios recabados durante la investigación, se giraron órdenes de aprehensión por los delitos de asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia.
Finalmente informaron que se estará presentando una solicitud de retiro de antejuicio en contra de Edgar Benjamín Tuy Bixcul, gobernador departamental de Sololá, a través de la cual, autoridades competentes determinarán la factibilidad de despojar al funcionario de dicha prerrogativa e iniciar la investigación correspondiente.
Fue la voluntad del pueblo
El gobernador de Sololá, en declaraciones a medios locales, rechazó cualquier negociación política y afirmó que su actuar respondió a decisiones colectivas tomadas por las comunidades del departamento. “Si van a venir por mí, es porque van a venir por todos los que estuvimos en la manifestación”, respondió.
“Lo que pasó en el 2023 fue bajo la voluntad del pueblo y lo digo con la frente en alto. La población lo manifestó y no fue ninguna negociación”, expresó Tuy.
Dijo también que la elección que lo llevó al cargo se realizó de manera transparente, sin pactos ocultos, y respaldada por cartas de recomendación entregadas por líderes comunitarios.
“Tengan cuidado”
Durante la inauguración de un sistema de agua en Xajaxac el 23 de abril, el alcalde de Sololá, Andrés Iboy, advirtió al MP, luego de las detenciones de Pacheco y Chaclán.
“Tengan mucho cuidado de no tocar a Sololá. Si tenemos que salir de frente respaldando a nuestros líderes, lo vamos a hacer porque son gente que ha luchado por la justicia de Guatemala” dijo Iboy.
El jefe edil indicó que es momento de actuar, “nos sentaremos con nuestros líderes y si es necesario morir por esa injusticia social lo vamos a hacer, el pacto de corruptos sigue tratando de lastimar a nuestro pueblo, pido al pueblo de Sololá, estar a la expectativa para cualquier suceso estos días. Seguiremos como Atanasio Tzul, si hay que dar la vida por defender nuestro pueblo, lo haremos”, aseguró.
El alcalde pidió al pueblo estar en expectativa ante nuevas aprehensiones y denunció la persecución contra líderes indígenas que participaron en las protestas de 2023 tal como el caso del actual gobernador, Edgar Tuy.
📢 “Cuidado con tocar a Sololá, si tenemos que salir para respaldar a nuestros líderes lo vamos hacer, porque son gente que ha trabajado y que luchado por la justicia en Guatemala” señaló el alcalde municipal de Sololá, Andrés Iboy.
📹 TDS Televisión Departamental de Sololá pic.twitter.com/r9u3xhk65A
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) April 23, 2025
La Municipalidad Indígena de Sololá emitió el 24 de abril un enérgico pronunciamiento en rechazo a la persecución penal emprendida por el MP en contra de autoridades y líderes indígenas que participaron en las manifestaciones de 2023.
“La población está en apoyo. No se trata de una persona, se trata de un ataque a los pueblos indígenas”, manifestaron, al tiempo que subrayaron que la organización comunitaria y la autoridad ancestral están reconocidas tanto en la Constitución Política de la República como en la legislación internacional.
Respaldo de diversos sectores
El respaldo de diversos sectores de la sociedad guatemalteca, en especial conglomerados indígenas y liderazgos comunitarios, no se ha hecho esperar desde que se hicieron públicas las capturas contra los dirigentes indígenas, por parte de la PNC y el MP.
“Lo que está haciendo el Ministerio Público no es contra personas individuales, es contra la institucionalidad ancestral de los pueblos indígenas”, coincidieron 32 autoridades, alcaldías y comunidades indígenas en un comunicado publicado el 23 de abril donde condenaron las acciones del ente investigador.
La municipalidad indígena de Comalapa señaló que “la acusación del delito de terrorismo, sedición, obstaculización a la acción penal, asociación ilícita y obstrucción a la justicia emitida por parte del Ministerio Público a través de la Fiscalía contra el Crimen Organizado constituye un uso indebido del derecho penal que atenta contra el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la participación política garantizados en la Constitución Política”.
Los diversos sectores no solo han mostraron respaldo a Pacheco y Chaclán, sino también a los 48 Cantones y la Municipalidad Indígena de Sololá, quienes como autoridades indígenas encabezaron y lideraron la defensa de la democracia en 2023 y se apostaron frente a la sede del MP en el barrio Gerona, zona 1 capitalina, durante 106 días.
Representantes de los 48 Cantones, la Municipalidad Indígena de Sololá, el Parlamento Xinka, las comunidades Indígenas Aliadas de Chichicastenango, la Municipalidad Indígena de Santa Lucía Utatlán y el Movimiento Social Q’eqchi’ de Cobán, Alta Verapaz se turnaron para la protestar y defender la democracia frente al MP.
También se sumaron la Asociación Indígena de San Francisco El Alto, Totonicapán; la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de las 14 comunidades de San Cristóbal Totonicapán; la Alcaldía Indígena Maya Ixil de Nebaj, Quiché y la Alianza de Autoridades de los Copones de Ixcán, Quiché.
La mayoría de estas agrupaciones se han pronunciado en redes sociales, y, además de mostrar su respaldo a los capturados, han aseverado que tomarán acciones si el MP continúa con la criminalización de sus líderes.
✊🏽”No dejaremos solos a nuestros hermanos criminalizados”
Más de 39 autoridades indígenas de diferentes pueblos se reunieron en asamblea para defender su institucionalidad. Agregan que no descansarán hasta ver a Consuelo Porras tras las rejas.
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) April 27, 2025
La Multisectorial de Occidente, que aglutina a una decena de organizaciones de Quetzaltenango y otros departamentos del altiplano, se sumó al rechazo y respaldo de Pacheco y Chaclán.
Publicaron un comunicado en el que no solo los apoyan, sino que hacen una serie de exigencias entre las que se encuentran “la renuncia o destitución inmediata de Consuelo Porras”.
Además, le demandan al “Congreso de la República la pronta aprobación de la Reforma a la Ley del Ministerio Público, a efecto de que el pueblo de Guatemala no vuelva a sufrir otra dictadura amparada en leyes espurias, desde esa institución”.
Exigieron la inmediata liberación de Luis Pacheco y Héctor Chaclán. “Hacemos un llamado a la unidad de los pueblos para que juntos enfrentemos al Pacto de Corruptos y la Alianza Criminal. A todas las organizaciones, grupos, mesas, colectivos, comunidades, autoridades ancestrales, asociaciones, entre otras que conformamos la Multisectorial de Occidente a mantenernos en asamblea permanente, atentos al desarrollo de los acontecimientos y organizados para emprender las acciones necesarias”, se lee en el comunicado.
Por su parte, los pueblos Q’eqchi’ y Poqomchi’ expusieron que se sentían indignados por la persecución y criminalización en contra de los líderes indígenas y exigieron su inmediata libertad.
“La libertad de manifestación y resistencia es un derecho humano reconocido por leyes nacionales e internacionales. No es justo que se catalogue como terrorismo, ya que en ningún momento se puso en riesgo al Estado, muchos menos se ha causado violencia, ni terror”, indicaron.
Por su parte, el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) anunció para este lunes una serie de manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país en rechazo a la criminalización que realiza el MP en contra de los pueblos indígenas y sostienen una serie de demandas ante la situación actual del país.
“Desde el movimiento CODECA repudiamos las acciones de persecución y criminalización contra las formas de lucha y resistencia de los pueblos de Guatemala y expresamos nuestra solidaridad con 48 Cantones de Totonicapán. Estas acciones dirigidas por el Ministerio Público son un ataque directo y sistemático contra los pueblos indígenas, las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos y de la Madre Tierra”, señaló dicha organización en un comunicado.
Los puntos donde se desarrollarán las manifestaciones son: Escuintla: Cruce San Vicente, Suchitepéquez: Cocales, Retalhuleu: El Zarco, Quetzaltenango: Duraznales, Totonicapán: Cuatro Caminos km 186, Sololá: km148, Chimaltenango: Parque Central, Quiché: Las Trampas, Huehuetenango: Xinaxoj, Alta Verapaz: Fray Bartolomé de las Casas (Cruces Champeguano), Chisec (Cruce de San Antonio), Cruce San Julián.
Baja Verapaz: Cumbre Santa Elena, Izabal: La Ruidosa km 244, Petén: Puente Machaquilá km 388, Jalapa: Cruce Sanarate, Jutiapa: El Molino, Santa Rosa: El Campamento Chiquimulilla, San Marcos y Guatemala: 18 calle 6ª avenida zona 1.
Ante dichas manifestaciones, cámaras empresariales y dirigentes de La Terminal, interpusieron acciones de amparo para permitir la libre locomoción ante los intentos de tapadas en las carreteras. La Corte de Constitucionalidad (CC) ha otorgado los amparos provisionales y ha ordenado al presidente Bernardo Arévalo, a dar instrucciones a las autoridades para que no se permitan las tomas y que se respete el orden sin tapadas.
Para este lunes se tenía contemplada una reunión entre Arévalo y la dirigencia de los 48 Cantones de Totonicapán sin embargo la misma fue cancelada. Arévalo ha llamado al pueblo de Guatemala a cerrar filas y manifestar su descontento por el accionar del MP en la tarea de quebrantar la democracia del país.
La Multisectorial de Occidente expresó que “la criminalización no es una cuestión individual sino colectiva, pues atenta contra la lucha de la población guatemalteca que defiende la voluntad popular, el proceso electoral y la democracia en el país”.
La convulsión política que vive Guatemala desde finales del 2023, ha sido producto, según las posturas de los diferentes pueblos y organizaciones en varias ciudades, por no respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas, la urgencia de declarar un fraude electoral, además, de la criminalización a varios actores políticos y sociales que no se alinean al actuar del ente investigador. Con el agravante de la resistencia de Porras de permanecer en el cargo pese al rechazo público e internacional que ha tenido su gestión.
