El Ministerio Público pidió embargar ocho bienes valuados en Q10 millones vinculados a Miguel Martínez, hombre confianza del expresidente Alejandro Giammattei, bajo sospecha de un origen ilícito. Pese a la solicitud, el Ministerio Público mantiene el caso en reserva y no ha iniciado acciones penales contra Martínez.
Por Alexander Valdéz
Alejandro Giammattei y Miguel Martínez representan un símbolo de poder de la red que operó durante el último gobierno, marcado por denuncias de corrupción y enriquecimiento sospechoso. Martínez, como exjefe del Centro de Gobierno, fue una pieza clave en esa administración cuyo rápido ascenso patrimonial lo delató.
Que la fiscal general, cercana a Giammattei, pida el embargo de bienes de Martínez es un giro inesperado. La medida llega en un momento clave: cuando Consuelo Porras busca limpiar su imagen ante la presión internacional y una ciudadanía que ha pedido su renuncia y la de sus fiscales más cercanos, especialmente por la criminalización de sus críticos y su rol en los intentos de impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo; quien sigue sin cumplir su promesa de removerla.
¿Una jugada estratégica? La Fiscalía de Extinción de Dominio confirmó haber solicitado ante el Juzgado de Extinción de Dominio la inmovilización de al menos ocho bienes vinculados a Martínez, por sospecha de que tengan un origen ilícito.
Aunque el Ministerio Público (MP) aclaró que el caso está bajo reserva, por lo que no puede informar de detalles específicos de la petición, adelantó que el juez ya programó una audiencia para el próximo lunes 12, donde se resolverá si se autorizan o no las medidas cautelares solicitadas.
Prensa Comunitaria pudo confirmar que el valor de las propiedades asociadas a Martínez ronda los Q10 millones. Durante la audiencia, el fiscal expondrá los fundamentos para decretar el embargo y será el juez quien decida si acoge o rechaza la solicitud.
#URGENTE 🚨 MP pide inmovilizar bienes vinculados a Miguel Martínez y valorados en Q10 millones
La Fiscalía de Extinción de Dominio pidió al Juzgado de Extinción de Dominio la inmovilización de 8 propiedades vinculadas a Miguel Martínez, mano derecha del expresidente… pic.twitter.com/dCCUCmzARA
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) May 7, 2025
En este tipo de procedimientos para investigar el origen (lícito o ilícito) de bienes, si se acepta la petición fiscal, la Fiscalía tendrá un plazo determinado para desarrollar la investigación y decidir si solicita, o no, que esos bienes pasen a favor del Estado.
Sin embargo, en casos recientes como los de Alejandro Sinibaldi o Manuel Baldizón, las investigaciones sobre bienes de presunto origen irregular no avanzaron, lo que ha permitido a los implicados recuperar sus propiedades.
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Una extraña solicitud del MP
La acción de extinción de dominio contra Miguel Martínez, la mano derecha del expresidente Giammattei, ha generado más interrogantes que respuestas, especialmente al proceder sin órdenes de captura. Aunque Martínez dejó la institución durante el primer año de Gobierno, mantuvo su cercanía e influencia a través de personas que ocupaban altos puestos de poder en esa gestión gubernamental.
Durante los dos periodos de la fiscal Consuelo Porras, Giammattei la consideró “su amiga”. De hecho ninguna investigación por corrupción contra el gobierno anterior ha tenido avances; la mayoría fueron archivadas. Además, esta solicitud judicial se presenta justo un año antes de que Porras deje el cargo.
Carlos Ruano, exjuez penal actualmente en el exilio, criticó la falta de acciones penales (órdenes de captura o allanamientos) contra Miguel Martínez, pese a existir evidencia de presunto origen ilícito de sus bienes. Este contraste resulta evidente cuando se compara con el trato dado a figuras opositoras o periodistas que investigaron corrupción, como Jose Rubén Zamora, entre otras.
“Aquí hay elementos suficientes de lavado de dinero, más aún, cuando la persona ha estado vinculada a autoridades altas de gobierno, donde hay denuncias que no se han investigado por gran corrupción. Los hechos que deben llevar a una investigación objetiva y eficiente es que estos bienes provienen de actividades ilícitas. Allí daría pauta para un proceso penal e inmediatamente después la extinción de dominio”, dijo.
Por su lado, Juan Francisco Sandoval, el exfiscal en el exilio, consideró que a primera vista, podría parecer un gesto de legalidad tardía o incluso una señal de ruptura con las estructuras del pasado. Pero mencionó que en un contexto de desconfianza institucional crónica, la medida despierta más preguntas que certezas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué solo por la vía patrimonial? ¿Y por qué sin consecuencias penales inmediatas?
Sandoval puso como ejemplo el caso del exdirector del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijivix, primer hombre de confianza de Giammattei en ser vinculado a un caso de corrupción por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), pero en el que hasta ahora no se han anunciado detenciones ni acciones concretas.
“Que el MP anuncie que procederá contra ocho bienes vinculados a él, sin que exista una sola orden de captura ni investigación penal activa conocida, resulta cuanto menos sospechoso. Acumular Q10 millones en propiedades sin actividad lícita comprobada no es solo un problema patrimonial: es un indicio de posible corrupción, lavado de dinero o enriquecimiento ilícito. ¿Dónde están las acciones penales? ¿Por qué no se ha procedido judicialmente por la vía penal con el mismo celo que en la extinción de dominio?”, añadió el exfiscal.
La solicitud judicial contra Martínez llega en un momento en el que empieza la pugna por la sucesión de la fiscal Porras y mientras el presidente Bernardo Arévalo no ha logrado su remoción. De esa cuenta, en el contexto político actual surgen interrogantes sobre las motivaciones reales detrás del caso, especialmente cuando en otros momentos estas acciones han sido utilizadas como herramientas de criminalización o para transmitir apariencia de lucha contra la corrupción, coincidieron los entrevistados.
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Una justicia que llega tarde
Desde diciembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Luis Miguel Martínez Morales, por su papel en la corrupción en Guatemala durante la gestión de Giammattei.
La OFAC lo señaló de participar en esquemas generalizados de soborno, incluidos los relacionados con contratos gubernamentales. Martínez fue designado de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818, que se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y apunta a perpetradores de graves abusos de derechos humanos y corrupción en todo el mundo.
En solo 12 meses de gestión en el gobierno de Giammattei, Miguel Martínez y su familia acumularon una fortuna que llamó la atención pública. Un reportaje del medio digital Vox Populi, evidenció que el exjefe del Centro de Gobierno se mudó, a inicios de 2023, a una lujosa residencia en la zona 15, junto a su madre, María Luisa Morales Gatica, cerca del sector donde vivió el expresidente Giammattei, en Vista Hermosa I, ambas áreas de alta plusvalía.
El reportaje también reveló propiedades adquiridas por Martínez en Bella Vista, Jocotenango, y una finca compartida con Giammattei en San María de Jesús, Sacatepéquez, consolidando un patrimonio sospechosamente creciente en poco tiempo.
De esa cuenta es que actualmente existen diversas investigaciones por presuntas irregularidades. Entre ellas destaca el caso B410, en el que la empresa ligada a Martínez (Asfaltos y Petróleos de Guatemala, S.A.) habría figurado entre las empresas acusadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de defraudar al Estado por Q300 millones mediante una red de facturación falsa, defraudación que podría superar los Q800 millones.
A Martínez también se le relaciona con irregularidades en la compra de vacunas Sputnik durante la pandemia de la COVID-19. De hecho, fue uno de los motivos por los que enfrentó sanciones de EE.UU. La investigación del extinto diario elPeriódico evidenció que durante el gobierno de Giammattei, el Ministerio de Salud pagó por adelantado Q614.5 millones (US$79 millones 600 mil) como anticipo del 50 por ciento del costo por las vacunas, que fue de Q1.2 millardos por 16 millones de dosis. Esto fue establecido en el contrato firmado por ambas partes. Mientras el país enfrentaba la etapa más dura de la COVID-19 las vacunas no aparecían. Human Vaccine incurrió en constantes retrasos e incumplimientos de entrega de dosis. Dos meses después de la publicación de elPeriódico el primer lote de vacunas arribó al país, eran solo 50 mil dosis, menos el 0.3 por ciento pactado.
El gobierno de Arévalo presentó el año pasado una denuncia contra la exministra de Salud, de la administración anterior, Amelia Flores, por malversación de fondos y abuso de autoridad por este caso.
En diciembre de 2024, EE.UU. hizo cuatro señalamientos claros contra Miguel Martínez:
1.- “Martínez ha influido en el proceso de contratos gubernamentales para su beneficio y el de sus colaboradores cercanos”.
2.- “Martínez se confabuló con otros funcionarios del gobierno guatemalteco para adjudicar ilegalmente contratos a postores favorecidos fuera de Guatecompras, el sistema formal de adquisiciones del gobierno guatemalteco”.
3.- “Martínez y sus conspiradores utilizaron una ley de adquisiciones anticuada para renunciar al proceso de licitación y asegurar contratos gubernamentales para empresas en las que él tiene un interés financiero”.
4.- “En 2021, Martínez solicitó grandes sobornos para facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik V por parte del Gobierno de Guatemala. La agencia especial anticorrupción de Guatemala investigó a Martínez por su papel en un controvertido pago vinculado a la compra de 16 millones de dosis de vacunas rusas Sputnik V COVID-19 por parte del gobierno guatemalteco”.
Pero hasta hoy ninguna investigación ha avanzado.
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