Organizaciones sociales y autoridades comunitarias anunciaron la creación de una Asamblea Permanente para articular acciones por la defensa de la democracia y los territorios.
En conferencia de prensa, denunciaron la criminalización de liderazgos indígenas como Luis Pacheco y Héctor Chaclán, autoridades de la Junta Directiva de 2023 y exigieron la libertad de personas detenidas por causas políticas.
Por Prensa Comunitaria
Organizaciones sociales, indígenas, campesinas y urbanas de todo el país anunciaron este jueves la conformación de una Asamblea Permanente de Organizaciones Sociales como parte de una estrategia de articulación nacional que busca fortalecer la defensa de la democracia, los territorios y la institucionalidad ancestral de los pueblos originarios.
La conferencia de prensa, convocada en la ciudad capital, se realizó en respuesta al llamado de las autoridades ancestrales, y reunió a representantes de más de 30 organizaciones de base. El encuentro se enmarca en un contexto de creciente tensión política, persecución judicial y señalamientos de racismo estructural contra líderes y lideresas indígenas.
“Como lo hemos hecho en las grandes movilizaciones de 2015, 2021 y 2023, continuamos ejerciendo nuestros derechos y obligaciones ciudadanas para la defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción”, señalaron desde el colectivo convocante.
Denuncian criminalización de liderazgos indígenas
Uno de los temas centrales fue la reciente detención de quienes fueron autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán en 2023, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, a quienes las organizaciones consideran presos políticos.
“No es una acción aislada. Es parte de una estrategia de criminalización y revancha contra la fuerza organizada de los pueblos indígenas”, afirmó Leocadio Juracán, dirigente campesino. “Todo lo que se ha hecho ha sido con respaldo comunitario. Las decisiones se toman en asambleas, no son personales”, agregó.
Durante la rueda de prensa, se rechazó lo que calificaron como una campaña de estigmatización y judicialización con tintes racistas, dirigida a debilitar la legitimidad de las formas de organización ancestral en los territorios.
📢“Esta represión no es nueva. Es histórica, estructural y racista”
Leocadio Juracán, dirigente campesino, denunció el patrón sistemático de criminalización que viven los pueblos de Guatemala.
"Esto no es aislado. Es parte de una táctica para imponer miedo desde el poder. Pero… pic.twitter.com/503oiyJmOT
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“Esto tiene una raíz histórica. Es parte del racismo estructural y la discriminación sistemática contra los pueblos. Lo que buscan es imponer miedo, dividirnos y desmovilizarnos”, indicó Juracán.
Se formaliza una nueva articulación nacional
Como parte de las resoluciones, se anunció la creación de una Asamblea Permanente de Organizaciones Sociales, que se articulará con la Asamblea Permanente de Autoridades Ancestrales de los Pueblos Originarios. Esta alianza busca compartir estrategias, acompañar las rutas de movilización trazadas por los pueblos y definir una agenda propia orientada al buen vivir, la justicia y la democracia desde una perspectiva plurinacional.
“La lucha por la democracia no puede recaer en una sola organización. Es responsabilidad de toda la sociedad”, afirmó doña Rosalina Tuyuc, quien también hizo un llamado a fortalecer la libertad de expresión y la labor de los medios de comunicación éticos e independientes.
“La defensa de la democracia no es solo tarea de uno, es responsabilidad de toda la sociedad”, doña Rosalina Tuyuc, fundadora de CONAVIGUA, recordó que esta lucha no es nueva y que el Estado no puede seguir violando los derechos que la Constitución reconoce.
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Tuyuc remarcó que cuando se violenta la Constitución y se imponen decisiones fuera del marco legal, también se violenta el derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro.
“Necesitamos unidad. No podemos permitir que se reinstale un sistema de miedo y de silencio”, expresó.
Llamado a la acción colectiva y a la defensa de la vida
En varias intervenciones, se insistió en que lo que está en juego no es solamente el poder político o institucional, sino la vida misma en los territorios. Margarita Castro, del Centro de Apoyo para las Trabajadoras de Casa Particular (CENTRACAP), advirtió sobre los impactos de la crisis económica, la violencia, y el uso del miedo como táctica política.
“Estamos viviendo en carne propia la precariedad, la falta de alimentación, el abandono. No podemos normalizar el terror ni la instrumentalización de la justicia”, señaló.
“Esta es una lucha por la vida. Y quienes mejor pueden conducir este proceso en este momento son las autoridades ancestrales”, afirmó.
Las organizaciones también reiteraron que el Ministerio Público (MP), la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están siendo instrumentalizadas por actores políticos con el fin de mantener la cooptación del Estado, frenar el cambio político y mantener el control de territorios estratégicos mediante gobiernos locales afines.
Principales demandas
Las organizaciones y coordinaciones presentes cerraron la conferencia con un llamado a los pueblos mayas, garífunas, xinkas y mestizos a sumarse al proceso de articulación. Señalaron que este momento exige unidad, acción colectiva y acompañamiento desde los territorios.
Entre las demandas centrales planteadas están la libertad inmediata para Luis Pacheco, Héctor Chaclán y demás personas presas por causas políticas, la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fin de la criminalización y persecución judicial de autoridades ancestrales y liderazgos sociales y el respeto al derecho a la libre organización, expresión y autodeterminación de los pueblos.
La conferencia concluyó con una reafirmación del compromiso por continuar defendiendo los territorios, la democracia y la vida desde las bases comunitarias.
“Con todos los pueblos, florecerás Guatemala”, fue la consigna con la que cerró el acto público.
