En la década de los 80, miles de familias guatemaltecas tuvieron que huir al estado fronterizo de Chiapas, mientras eran perseguidas por el Ejército de Guatemala. En 2024, se vive una historia similar, pero del lado mexicano, que huyen de la violencia provocada por los carteles del narcotráfico.
La disputa territorial que libran el Cartel de Sinaloa y Cartel Jalisco Nueva Generación por los territorios de Chiapas, México, ha alcanzado a estas familias que se dedican mayormente a la agricultura y negocios informales.
La presencia de estos grupos perturbó su cotidianeidad cuando el 22 de julio tuvieron que abandonar sus casas y refugiarse al otro lado de la frontera, en Cuilco. Se estima que unas 600 personas huyeron, pero ahora menos de 200 permanecen en ese municipio fronterizo de Huehuetenango.
Por Francisco Simón y Regina Pérez
La mañana del 22 de julio, Leobardo González estaba limpiando su milpa, cerca de su colonia San José, en el municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas, México. Sin imaginar lo que ocurriría ese día, regresó a su vivienda alrededor de las 11:30 de la mañana.
A esa hora comenzó la balacera. Minutos después él y su familia tuvieron que abandonar su hogar, su hijo estaba todo sucio, recuerda. Su tío, de mayor edad, caminó apoyándose con un bastón. Todas las personas que emprendieron la huida iban cargando maletas.
En San José dejó su casa de adobe y en ella un gato, cuidando el maíz. “En mi casa, un mi gatito nomás quedó aguantando hambre abajo, para asustar a los ratones por el maíz. El gato no come maíz, lo que come es ratoncito o va al monte a cazar lagartijas”, explica.
También se quedaron sus ropas, utensilios, unas cajas de colmena con miel que utilizaban para curarse de la gripe y la bicicleta de su hijo, que quedó afuera porque ya no les dio tiempo de guardarla.
La llegada de los dos carteles a San José había sido una catástrofe anunciada. Sin embargo, cuando escucharon los primeros rumores no lo creyeron. Hasta ese día que escucharon los balazos. Ese enfrentamiento entre grupos criminales comenzó en julio de 2021. “Nunca imaginábamos que nos tocaría más adelante”, dice este campesino de 67 años. Sin embargo, les sucedió. “No nos dimos cuenta y cuando vimos ya estábamos rodeados y empezaron con la chingadera”, señala.
Bajo el sol de mediodía comenzaron a caminar hacia el caserío Ampliación Nueva Reforma, en Cuilco, Huehuetenango, que les queda a media hora, aunque algunas familias hicieron casi dos horas de recorrido. Pese a que Guatemala los ha acogido bien, dicen, solo quieren regresar a sus hogares y vivir en paz.
La vida de las familias refugiadas en Ampliación Nueva Reforma
Delma Morales prepara las tortillas para el almuerzo, en un comal improvisado, frente a la escuela de Ampliación Nueva Reforma, a pocos kilómetros de la frontera con Chiapas. Han pasado más de dos semanas desde que ella, junto a 600 personas, cruzaron la línea divisoria entre Guatemala y México, para refugiarse en el municipio de Cuilco.
A la aldea Buenos Aires llegaron las primeras familias refugiadas. Otras llegaron a las aldeas fronterizas de Oaxaqueño, La Unión y el caserío Ampliación Nueva Reforma. La mayoría llegó el 22 de julio.
Los habitantes de San José, de Amatenango de la Frontera, Chiapas, no tuvieron tiempo de llevarse sus pertenencias y dejaron sus animales y cosechas cuando empezaron a escuchar los balazos de los narcotraficantes, en sus carros, disparando al aire sobre la carretera principal.
Morales relata que llegaron a la comunidad de Guatemala como a las 3 o 4 de la tarde. Se vinieron caminando, cargando a sus hijos. “Yo dejé en la casa mis animales, pollos, patos, marranitos (cerdos) y nuestras cosas”, cuenta mientras prepara las tortillas.
Al alcalde de Cuilco, Audilio Epifanio Roblero, la noticia de la llegada de cientos de mexicanos a su municipio lo tomó por sorpresa. “Para nosotros fue una situación muy sorpresiva”, indica. Lo primero que hizo al ser informado por los comunitarios fue pedir información y coordinar con la gobernadora departamental y personal de la Quinta Brigada Militar.
Lo que sabían es que las personas mexicanas habían abandonado sus hogares, algunos solo con la ropa que tenían puesta.
“El lugar donde fueron los hechos no hay nada, está silencio todo. Ya es una comunidad desalojada forzadamente”, dice José Aguilar, de 54 años.
Los refugiados mexicanos tienen un mes de permiso, a partir del 27 de julio, otorgado por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), para permanecer en el país mientras las autoridades guatemaltecas y mexicanas buscan una solución para que puedan regresar a sus comunidades.
Los habitantes de San José se dedican a la agricultura principalmente, las mujeres al cuidado de sus casas o se ocupan en negocios informales, como vender tamales. Y no tienen nada que ver con esa guerra, ajena a ellos pero que les afecta directamente. Lo que quieren los narcotraficantes es quedarse con nuestra tierra, señalan.
En Cuilco las autoridades les apoyan con los tres tiempos de comida. Las mujeres se organizan en grupos de cuatro y se turnan al día. Duermen en un albergue habilitado en la escuela de la comunidad. Los hombres y los más jóvenes duermen en un cuarto, las mujeres y las niñas y niños en otro. Son familias enteras.
Algunos han pedido posada con los vecinos de Ampliación Nueva Reforma. Por el día cumplen con sus obligaciones de realizar la comida. Por ahora, el miedo les impide regresar.
Delma Morales, una de las refugiadas, comenta que las familias guatemaltecas los han tratado bien, sin discriminación ni rechazo. La gente ha sido solidaria con alimentación, ropa y medicinas, cuenta Leobardo González, quien también está en la misma condición que Morales.
El alcalde municipal de Cuilco se remonta a lo que ocurrió durante el conflicto armado. “Sabemos que en Guatemala se vivió la misma situación del conflicto armado y que muchas de nuestras familias fronterizas se refugiaron con nuestros hermanos mexicanos, ahorita no es una manera como de pagarles, pero sabemos muy bien el grado de solidaridad y de amor al prójimo”, comentó.
La frontera entre Guatemala y México fue establecida en 1882 y su creación está llena de significados para los pueblos que fueron atravesados y divididos por una decisión política que no logró cortar los vínculos ancestrales. Cien años después, esta frontera se resignificó porque gracias a su existencia los pueblos Q’anjob’al, Chuj, Popti’ y Mam, encontraron “al otro lado” una forma para salvar sus vidas ante las masacres cometidas por el Ejército de Guatemala, o porque escapaban de los modelos contrainsurgentes de adoctrinamiento en las aldeas modelo y los polos de desarrollo o de la persecución para formar parte del ejército guatemalteco.
A raíz de la persecución y las masacres cometidas en contra de las poblaciones en las regiones fronterizas del país, miles de guatemaltecos experimentaron el refugio y el retorno que se realizó entre 1982 al 1996. Ese período fue determinante, porque miles de guatemaltecos obtuvieron la naturalización en México. Miles de hijos de familias refugiadas nacieron en territorio mexicano y muchos más optaron por quedarse, mientras que otros familiares, después de la firma de la paz en 1996, decidieron retornar al país que los había expulsado.
Quienes no pudieron hacerlo desde la firma de los Acuerdos de Paz, esta vez lo hicieron, pero por una dinámica de violencia provocada por dos carteles de droga.
El refugio de las familias mexicanas también desnudó la ausencia del Estado en la zona fronteriza de Cuilco. El caserío Ampliación Nueva Reforma es la última comunidad de Guatemala que se ubica a 23 kilómetros del municipio y a más de 300 de la ciudad capital.
Para llegar a Ampliación Nueva Reforma hay que salir de la cabecera departamental de Huehuetenango antes de que salga el sol, a eso de las cuatro de la mañana. Luego hay que llegar a Cuilco y de allí tomar un camino de terracería en malas condiciones que alarga el viaje a casi cuatro horas de camino.
A partir de ese punto, quien quiera visitar estas comunidades tendrá que llegar en un vehículo de doble tracción. Las condiciones de la carretera son pésimas para el tránsito vehicular. También comienza a hacerse visible la soledad de los bosques de la sierra, interrumpida por poblaciones esporádicas de casas pequeñas de adobe y otras que reflejan la migración hacia Estados Unidos.
Esta localidad forma parte de la región de Oaxaqueño, que está conformada por 36 comunidades, entre aldeas y caseríos.
El camino que converge a estas comunidades fronterizas se encuentra abandonado desde hace 12 años. “Esta carretera fue traspasada al Ministerio de Comunicaciones. Por ser una zona fronteriza, este ministerio es el encargado de dar mantenimiento para el servicio de las poblaciones. Sin embargo, allí está la observación, nadie lo puede ocultar, es una carretera que ha estado totalmente abandonada”, explicó el alcalde municipal.
Las comunidades han solicitado la ampliación y el asfalto de esta carretera, pero no han sido atendidas. Las gestiones se concluyeron en 2022 y para el 2023 el proyecto estaba completamente terminado y tenía asignado un presupuesto para comenzar a colocar el asfalto. Pero solo subieron la prebase a publicación en la Dirección de Caminos y de allí no trascendió. El 2023 fue año electoral y se quedó truncado este proyecto, agregó el jefe edil.
La gente de estas comunidades viaja diariamente a Cuilco en esta carretera de malas condiciones, con todos los riesgos que implica. Como cabecera municipal es la parte administrativa, allí queda el mercado, los servicios de salud, ahí se hace todo, “entonces nuestra gente tiene que viajar”, indicó el funcionario municipal.
El presupuesto bimensual que recibe el municipio de Cuilco es de 2 millones 200 mil quetzales, una mínima cantidad que no sufraga las necesidades de la población, que depende principalmente del cultivo de maíz, frijol, una parte en el cultivo del café y en mayor escala de la migración hacia Estados Unidos, que han dado vida a la economía familiar y local.
Víctimas del fuego cruzado
Este enfrentamiento tiene dos bandos. Se inició en julio de 2021. Los desplazados solo escuchaban rumores y noticias de que los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaban controlando el territorio de Motozintla y Frontera Comalapa, municipios del estado de Chiapas.
Jesús Aguilar, de 54 años, es otro de los campesinos mexicanos que tuvo que huir. “Ellos vienen peleando territorios, nosotros no tenemos nada que ver en el trabajo que ellos hacen, pero nos afecta a nosotros, porque nos obligan a salir y movernos de un lado para otro”, explica.
Y a diferencia de otras personas que tienen que abandonar sus hogares por el tema económico, este no es su caso. “No salimos por pobreza, la gente tiene como comer, aunque pobremente. En este caso nos tocó abandonar la comunidad por la violencia que persiste en la sierra, por estos dos grupos”, explicó.
Un defensor de derechos humanos, que habló con Prensa Comunitaria a condición de anonimato, que trabaja y conoce la situación del departamento de Huehuetenango considera que este desplazamiento es extraordinario, porque el flujo siempre ha sido de Guatemala hacia México y la movilización histórica es que la gente de Huehuetenango va a trabajar a Soconusco y otros municipios fronterizos.
Durante el conflicto armado interno, las personas guatemaltecas se refugiaron en Chiapas y lo diferente ahora es que familias mexicanas son las que vienen. “Es una diferencia sustantiva, sobre todo porque Guatemala no tiene tanto que ofrecer, lamentablemente, pero la situación de violencia ha llegado a un punto que llama ahora la atención porque desplazamiento interno estaba sucediendo bastante en México”, indicó. Las áreas más conflictivas han estado en Frontera Comalapa, Chicomuselo y otros municipios.
Según el Mapa Criminal de México, elaborado por Iantia Intelligence, los carteles de Sinaloa y CJNG son los únicos con presencia en toda la república de México. En el caso del primero cuenta con cohesión para tener operaciones no solo en el país sino a nivel internacional como América Latina, principalmente en Estados Unidos, Europa y Asia.
En 2020, el liderazgo del cartel de Sinaloa se basaba en dos pilares: Ismael Zambada García “el Mayo”, capturado en Estados Unidos en julio pasado, y la familia Guzmán Loera, encabezada por Los Chapitos, hijos del “Chapo” Guzmán.
Con el debilitamiento del cartel, a raíz de la sentencia de Joaquín Guzmán “el Chapo”, el CJNG, liderado por Nemesio Osegueda Cervantes “el Mencho” es el que cuenta con más capacidad operativa en México, señala el documento. Este cartel registra presencia en todos los estados de México, con excepción de Sinaloa.
Ana María Paredes, investigadora del Instituto de Investigación y Proyección sobre dinámicas globales y territoriales de la Universidad Rafael Landívar (URL), señala que en la frontera la presencia del narcotráfico se puede ver en quienes cobran las extorsiones a los migrantes, quienes tienen el control de las redes de trata de personas y del coyotaje en los territorios. “En momentos cuando no hay tensiones entre los carteles funciona normal y tranquilo, pero es un negocio donde hay mucho dinero atrás y eso es lo que está en disputa”, señala.
Algunos autores mexicanos apuntan que el control del narcotráfico está asociado con industrias extractivas en el territorio mexicano. En la introducción de minas irregulares, los carteles funcionan como los mecanismos de entrada para sacar a las personas y controlar a la población y sacar los recursos para beneficio del cartel.
Sin embargo, Ana Paredes indica que no hay mucha investigación sobre la situación efectuada en Chiapas debido a lo peligroso que es investigar en territorio dominado por el crimen organizado.
Es muy difícil rastrear cómo ocurre, a nivel periodístico y desde la academia se toma con mucho cuidado meterse a los territorios debido a que es un tema de riesgo.
Elsa Hernández, la gobernadora departamental de Huehuetenango, dijo que en este territorio se conjugan muchos elementos, el contrabando, la migración y el trasiego de drogas lo que ha complejizado la seguridad en esta zona.
“Se ha sabido que los carteles obligaban a las personas a dar servicio para esta organización del crimen organizado y al negarse hay persecución y amenazas. Pido al señor presidente Andrés Manuel López Obrador a reforzar esa seguridad en este territorio, sobre todo en la frontera de Guatemala con Chiapas, que se ha abandonado también”, expresó.
Un jovencito de la colonia San José, de unos 15 años, desapareció hace como dos meses. Dicen los vecinos que lo vieron, que lloraba, no se quería ir. “Esa vida es triste”, lamento don Leobardo González.
Ese día 22 de julio, familias de otras colonias como Nuevo México también huyeron de las balas. Cuando llegaron al caserío de Cuilco, murió una persona adulta que venía de esa colonia. Él era de edad avanzada, al escuchar los disparos se asustó y durante el camino a pie se puso mal porque había mucho calor y vino a morir aquí. Ya no regresó a su territorio, fue enterrado en Guatemala. “Su corazón ya estaba débil y murió”, comentan las personas refugiadas.
Las redes comunitarias no conocen fronteras
¿Cómo se explica la llegada de las familias mexicanas a Guatemala? San José se ubica en la orilla de la carretera principal que conecta a Comitán de Domínguez con Tapachula, México. Antes era una zona tranquila, donde transitaban camiones, carros pequeños y autobuses grandes, pero ahora, según las familias desplazadas, se convirtió en una zona de silencio. En esa colonia vivían unas 400 personas, pero no todos vinieron a Ampliación Nueva Reforma, sino que se desplazaron a otras comunidades de Cuilco, con familiares y amistades.
Cuando se visitó la comunidad, el pasado 8 de agosto, las autoridades contabilizaron a 166 personas mexicanas y 41 familias que permanecían en territorio guatemalteco.
Una de las explicaciones de este éxodo hacia Guatemala son las relaciones transfronterizas que se registran en el lugar, vínculos estrechos, ya que tradicionalmente van y vienen y tienen familiares al otro lado de la frontera. Algunos de los que llegaron son personas de origen guatemalteco que salieron durante el conflicto armado interno (1960-1996) a refugiarse por la violencia del ejército y se tuvieron que nacionalizar mexicanos, explica el defensor de derechos humanos.
Las fronteras no son creación de los pueblos, le caen encima a los pueblos, agregó.
La gobernadora de Huehuetenango señala que la línea que divide Chiapas de Huehuetenango “más que imaginaria es visible y la interacción que existe entre familias y comunidades permite entender por qué las familias mexicanas buscaron refugio de este lado de la frontera”.
Pero la relación entre Guatemala y México viene de más atrás, incluso antes del conflicto armado, cuando miles de guatemaltecos huyeron hacia México y el primer estado donde llegaron fue Chiapas.
“Recordemos que Chiapas era parte de Guatemala, entonces al separarse hay población maya que quedó en la frontera o también en el territorio de Chiapas. En efecto no solo es la población Mam que está en territorio de Chiapas, también hay población Q’anjob’al, hay otras comunidades lingüísticas que han llegado al territorio, puede ser por comercio o porque históricamente se asentaron en estas comunidades, entonces hay una interacción, no solo del comercio sino también familiares, hay culturas también convividas desde estos territorios”, indica Hernández.
En palabras de Jesús Aguilar, uno de los mexicanos desplazados, “no distinguimos nada porque somos comunidades fronterizas. No tenemos nada de distinciones. Somos vecinos, paisanos, no estamos muy retirados de nuestras casas. Estamos a media hora de la comunidad, si mucho, a pie, porque no hay carretera que nos comunique”.
“Para arriba y para abajo siempre se movía la gente. Acá no vemos la frontera porque nos ayudamos pues, la solidaridad”, describe Leobardo González la dinámica entre la población guatemalteca y mexicana.
La investigadora Ana Paredes señala que en la frontera sur hay una línea marcada por el Estado, pero las relaciones son familiares, donde las personas de Guatemala van a trabajar a las fincas del lado mexicano e incluso hasta buscan acceso a salud y educación en México.
Ese desplazamiento se pudo hacer porque esas dinámicas familiares, comunitarias, comerciales, ya existían antes del conflicto armado interno, la migración funciona por redes, eso es algo importante, las personas pueden desplazarse si tienen a alguien que les apoye en el lugar, sino ocurre esto de los confinamientos que, aunque quieran moverse, no pueden, indicó Paredes.
Esta dinámica es histórica y va más allá de la línea que traza el Estado. “Esa red social es tan fuerte que es la que permite que la persona migra y va más allá del conflicto armado interno y del conflicto que los carteles están provocando, esas redes comunitarias son más sólidas de lo que nosotros pensamos y son las que ayudan en los procesos migratorios”, dijo.
¿Cómo respondieron las autoridades guatemaltecas?
En el caserío Ampliación Nueva Reforma las autoridades guatemaltecas y mexicanas respondieron casi de manera inmediata para atender a las personas refugiadas. Desde el 8 de julio el alcalde de Cuilco, Epifanio Roblero, informó a la gobernadora Elsa Hernández lo que estaba sucediendo. Ese mismo día, la funcionaria se reunió con el alcalde y el comandante de la Brigada Militar.
Un grupo de soldados de la Brigada Militar y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron asignados para asegurar la frontera como parte de la operación Cinturón de Fuego, una estrategia implementada por el ejército guatemalteco en la frontera entre México y Guatemala.
“Hasta ahora hemos realizado varias acciones, sobre todo con la ayuda humanitaria, que se requiere para la población que se ha desplazado a esta comunidad de Cuilco y también el tema de seguridad”, explica la gobernadora tras la entrega de víveres en el caserío y en otras aldeas donde se encuentran albergadas las familias mexicanas.
Junto a la gobernadora Hernández estaba el alcalde municipal y el coronel de caballería Víctor López Ambrosio quien interviene en la entrevista conjunta cuando ella menciona la estrategia militar.
“El Cinturón de Fuego es una operación que está llevando a cabo en toda la línea fronteriza para darle seguridad a la soberanía y evitar que grupos armados ilegales que operan en el territorio mexicano ingresan a nuestra población”, agrega el coronel.
El coronel dijo que ese día, 22 de julio, se reunió con el comandante del batallón que está en la línea de México para hablar sobre cómo están organizados por el conflicto que afecta sus connacionales.
Según su versión, el ejército mexicano realizó varias medidas de seguridad, sobre todo de posicionamientos y de ubicar unidades militares a lo largo de la frontera “para evitar que estos grupos ilegales puedan hacer un tipo de fechoría o algo que esté en contra de la ley mexicana y nosotros de este lado evitar que ellos ingresen a territorio guatemalteco”.
Con grupos ilegales se refiere a los carteles del narcotráfico que han sembrado zozobra en varios municipios de Chiapas.
Sin embargo, los directamente afectados por esta guerra manifiestan sus reservas sobre el ejército mexicano.
“En la carretera principal que pasa en la colonia y conecta con Frontera Comalapa y Amatenango de la Frontera, hay ejército mexicano, pero no muy nos confiamos en ellos pues, porque a veces son parte del narco, da pena siempre, qué tal si vamos para bocado”, dice el anciano González. Con bocado se refiere a ser víctimas de los grupos del crimen organizado.
Delma Morales dice por su parte que van a regresar hasta que haya seguridad. Sin embargo, se siente preocupada. “Ya vinieron los soldados mexicanos, pero no confiamos en ellos”, afirma.
En la mañana del martes 6 de agosto, el Ejército de México llegó hasta el caserío Ampliación Nueva Reforma para ofrecer apoyo en alimentación, “pero rechazamos la ayuda”, recuerda Morales. “Nosotros no queremos alimentación del gobierno de México, en nuestras casas tenemos comida, aunque poquito, pero estamos en nuestro hogar. Exigimos a las autoridades un retorno seguro”, indicó.
La gobernadora Hernández comprende esta desconfianza e informa que el ejército mexicano ya se desplazó a la frontera. “La población tiene un poco de desconfianza en las autoridades mexicanas, pero es comprensible porque es una situación de crisis, generalmente no se confía en el ejército, por ejemplo, por el papel que ha jugado en la sociedad como pasó en Guatemala durante el conflicto armado interno”, agregó.
Solo quieren regresar
Las familias mexicanas desplazadas que habitan temporalmente en Ampliación Nueva Reforma, han expresado su deseo de regresar a sus hogares. Saben que aún no existen las condiciones para hacerlo. “Lo que la plebe quiere ahorita es regresar a sus casitas. Es que en la casa, aunque pobrecito, allí está uno pues. Está uno en su casa, cualquiera hace su trabajito, no se aburre uno pues, aquí nos aburrimos, pero estamos tranquilos porque hay comida gracias a Dios”, dice Leobardo González.
Jesús Aguilar dice que están esperando a que la situación se calme para volver a la colonia San José. Por ahora no lo ha intentado porque tiene miedo. Lo que le piden al gobierno mexicano es seguridad en la frontera para poder trabajar. Sin embargo, reconoce que eso no existe. “No podemos regresar porque nos sentimos inseguros. Ahora tenemos la milpa y es tiempo de limpiar y abonar, la gente quiere cosechar sus cultivos, pero no se puede”, indicó.
Por su parte, la gobernadora de Huehuetenango señaló que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció lo que pasa en la frontera y afirma que ha tenido comunicación y coordinaciones con los cónsules de México con residencia en Guatemala, especialmente con los de Quetzaltenango y Petén quienes han llegado a la frontera.
La funcionaria guatemalteca dice que la población no está cómoda en su calidad de refugiados y que experimentan problemas psicológicos y emocionales. “Lo que ellos piden es seguridad, seguridad para regresar y retornar a sus comunidades, a sus viviendas”.
Por ello solicitan al gobierno de México que refuerce la seguridad fronteriza, ciudadana y alimentaria de las personas. “Hacemos un llamado de atención a las autoridades mexicanas para reforzar y también para atender a la población que está refugiada en este territorio”, dijo.
Para el defensor de derechos humanos consultado “reconocer que no se tiene control del territorio y que está bajo control del crimen organizado es grave para un Estado”.
Con Claudia Sheinbaum, declarada oficialmente como presidenta electa de México, considera que habrá una continuidad. “El problema no se resuelve fácil. Es estructural, porque el narcotráfico forma parte de los Estados y no solo de México, de Guatemala y otros países”, dijo. Y considera que el crimen organizado está coludido con el Estado, en mayor o menor grado.
“¿Quiénes son los principales consumidores? Somos un país pequeño, no productor, sino de tránsito. ¿De dónde viene el problema? Del norte (Estados Unidos). Porque si no hubiera consumidores, no habría todo ese aparato para el trasiego de drogas. Entonces la disputa de territorios no va a cesar simplemente al decirles que dejen de molestar”, concluyó el defensor de derechos humanos.
Mientras tanto en Ampliación Nueva Reforma, Leobardo González, agradece la solidaridad que han recibido. “Gracias a Guatemala, agradecemos pues porque nos están echando la mano”. Sin embargo, reconoce que quiere regresar a su casa y encontrar su maíz y sus cultivos. Solo esperan que pase el temporal. “La plebe (gente) quieren regresar para estar feliz en su casa”, manifestó.
*Los nombres de las familias refugiadas son ficticias para su proteger su identidad.
