Por Héctor Silva Ávalos
El narco centroamericano tiene mucho poder y muy poca vergüenza. Fue socio de un presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández se llama, y ahora tiene papeles metidos en las candidaturas más importantes que competirán por la presidencia de ese país en noviembre. En El Salvador infiltró la policía y reclutó a funcionarios que han sobrevivido desde al menos 2004 en cuatro gobiernos, incluido el actual que preside Nayib Bukele. En Guatemala se apropió de administraciones locales, financió campañas presidenciales e influyó en el Ministerio Público para archivar casos que lo complicaron. La de la narcopolítica es una historia de primera plana en Centroamérica que ya está haciendo portadas también en Argentina.
En las últimas horas, un hilo de esa historia, una subtrama, apareció en la Argentina de Javier Milei para poner patas arriba al partido del ultraderechista, La Libertad Avanza, y toda la política local en la previa de las elecciones legislativas programadas para finales de mes.
Hugo Alconada Mon, uno de los más destacados periodistas de investigación en Argentina, descubrió que José Luis Espert, candidato estrella del mileismo para las legislativas, había recibido US$200,000 de Federico “Fred” Machado, otro argentino, preso e investigado por tráfico de drogas a través de Guatemala y por lavar dinero vendiendo y comprando decenas de aviones, algunos de los cuales han aterrizado en pistas clandestinas del norte centroamericano cargadas con cocaína.
Después del descubrimiento, el guion político en Argentina fue muy parecido al que solían seguir los políticos centroamericanos cuando aún tenían que aparentar. Espert negó primero, después dijo que sí le habían pagado por una consultoría y, al final, tuvo que irse. Primer alto: sí le pagaron US$ 200,000 por una consultoría. La empresa que le pagó se llama Minas del pueblo, de la que es dueño Machado y a la que fue otorgada la explotación en un sitio conocido como La Meca I en el que hay una pista donde, según determinaron el Ministerio Público y la policía de Guatemala, han aterrizado aviones cargados con coca.
Es decir: una empresa que es dueña de una pista en la que recalan narcoavionetas le transfirió dinero al candidato de Javier Milei y La Libertad Avanza. La historia reciente de Centroamérica permite hacer esta afirmación al respecto: la penetración del narcotráfico en la política inicia casi siempre así, con el financiamiento de campañas políticas, primero de gobiernos locales, luego de legisladores nacionales y, al final, de presidenciables.
La historia de Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño al que Estados Unidos condenó por narcotráfico en 2024, es la más visible en Centroamérica y empezó como la de Espert en Argentina. Como al mileista, a Hernández el narco le financió las campañas primero al congreso de Honduras y luego, en dos ocasiones, a la presidencia. El hondureño terminó condenado a 34 años de prisión, pero solo después de convertir a su país en un narcoestado.
Iván Velásquez, el magistrado colombiano que pasó por Guatemala como comisionado jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dijo una vez que el financiamiento electoral ilícito era el pecado original de la frágil democracia guatemalteca.
La sentencia de Velásquez aplica para el resto de Centroamérica, cuyo Triángulo Norte, formado por Honduras, El Salvador y Guatemala, vio a las balbuceantes democracias que se abrían caminos tras el final de los conflictos internos durante la Guerra Fría arrodillarse a la penetración del narco.
Un par de brochazos sirven para ilustrar la historia reciente en los tres países del Triángulo.
En El Salvador, la penetración más importante se inició a finales de los 90 a través de las fuerzas policiales, cuyos agentes desplegados en zonas fronterizas y en las rutas tradicionales del contrabando fueron reclutados por narcotraficantes. Ya para mediados de 2000, una banda local, Los Perrones, movía coca en la frontera con Honduras con la complicidad de las autoridades aduaneras y de los más altos jefes de la Policía Nacional Civil. Lo propio hacía otra banda, el Cártel de Texis, que se adueñó de los corredores occidentales, fronterizos con Guatemala.
Uno de los principales cómplices de aquella penetración se llama Herbert Saca, un operador político, primo del entonces presidente, Antonio Saca, y valedor de varios funcionarios en aquellos días, como el director de aduanas, un joven fiscal llamado Gustavo Villatoro que, en la actualidad, es el ministro de seguridad de Nayib Bukele.
Tanto Texis en el occidente como Los Perrones en el oriente financiaron campañas municipales en poblados como Pasaquina, Metapán, Texistepeque, incluso en Santa Ana y San Miguel, las dos ciudades más importantes del país después de San Salvador, la capital.
En Guatemala la penetración del narco fue más sangrienta primero y, luego, más profunda. Durante la primera década de este siglo, Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, entonces los grupos mexicanos más violentos, llevaron su guerra a suelo guatemalteco, donde pelearon plazas en Petén, en las Verapaces, en Izabal y en la Ciudad de Guatemala. Al final, los Zetas se replegaron y Sinaloa se quedó en el terreno, operando con intermediarios o embajadores del cártel a quienes encargaron mantener y ampliar el negocio sobornando a políticos, montando empresas fachada para lavar plata y comprar tierras. Uno de esos operadores fue Federico “Fred” Machado, según la justicia estadounidense.
Machado le prestó sus aviones a Jimmy Morales, presidente entre 2016 y 2020, a quien la CICIG de Velásquez investigó por corrupción y sobre quien pesa el señalamiento de haber encubierto la tragedia en un hogar de menores que costó la vida a 41 niñas, por la que fueron juzgados funcionarios de su presidencia. Fue Morales el que, aupado por la ultraderecha empresarial de Guatemala, se deshizo en 2018 de la CICIG que presidía entonces el colombiano Velásquez, la cual para entonces había ayudado a investigar a narcos, masacres atribuidas a grupos promilitares y nodos de corrupción enquistados en el Estado nacional.
A Morales lo apoyó Machado, el argentino que contrató al mileista Espert.
En Honduras, el expresidente Juan Orlando Hernández, JOH como se le conoce, envió a su hermano y a otros operadores a recoger sobornos que enviaba el “Chapo” Guzmán, jefe de Sinaloa, para mantener abiertas las rutas del tráfico en el Caribe y Atlántico centroamericanos a través del control de puertos y carreteras.
Lo que el Chapo y otros capos lograron en Honduras, el control casi total del Estado, se mantiene. JOH está preso, pero la influencia del narco, si bien menos evidente, se mantuvo durante la presidencia de Xiomara Castro, su sucesora. En septiembre de 2024, un video filtrado por el gobierno de los Estados Unidos muestra a Carlos Zelaya, cuñado de Castro y entonces vicepresidente del Congreso, negociando sobornos con algunos de los narcos hondureños más conocidos.
Como en tiempos de JOH, en los de Castro la fiscalía general, dirigida en ambos casos por funcionarios leales a los gobiernos de turno, enterraron las investigaciones por narcotráfico que implicaban a sus mentores políticos. También pasó en Guatemala: el Ministerio Público presidido por la fiscal general Consuelo Porras se deshizo, por ejemplo, de las investigaciones que implicaban a Machado, el narco argentino, con el expresidente Morales. Y pasa en El Salvador de Bukele, donde su fiscal general enterró una investigación de un esquema multimillonario de lavado de dólares en el que el presidente aparece involucrado.
La diferencia entre Argentina y Centroamérica es, por ahora, que en el caso de Espert bastó un escándalo mediático para que renunciara a su candidatura y el asunto, que por ahora se ha quedado en el plano político, ha puesto en serios aprietos al presidente Milei y a su partido. Es decir: el escándalo fue suficiente. Los políticos centroamericanos están ya años luz de los tiempos en que una revelación periodística les hiciera sonrojarse al menos. En esta parte del mundo, como canta la banda argentina Bersut Vergarabat, son todos narcos.
