Revocan beneficio otorgado a exfuncionarios acusados de desviar Q67 millones

 

La Corte de Constitucionalidad anuló un fallo del juez Víctor Cruz que favorecía a dos exfuncionarios de Giammattei vinculados a actos de corrupción en el Hospital de Chimaltenango. Ambos están señalados de un fraude de Q67.7 millones en compras irregulares en ese centro asistencial.

Por Alexander Valdéz

La Corte de Constitucionalidad (CC) corrigió una decisión que había favorecido a dos exfuncionarios señalados deactos de corrupción en el Hospital de Chimaltenango. Por unanimidad, los magistrados aceptaron una apelación planteada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y dejaron sin efecto la audiencia en la que el juez Víctor Cruz había cambiado el delito de fraude por el de incumplimiento de deberes, una tipificación menos grave que benefició a Gerardo David Hernández García, exviceministro de Salud, y a Gerardo Arturo Fuentes Rubio, exdirector del hospital.

El caso se remonta a marzo de 2023, cuando la Fiscalía contra la Corrupción documentó cientos de compras fraccionadas a empresas sin experiencia que sumaron Q67.7 millones. La investigación sostiene que la red de contrataciones irregulares operó desde la dirección del hospital con aval del exviceministro, vinculando directamente a los dos exfuncionarios en un esquema de desvío millonario de fondos públicos.

Gerardo David Hernández García, exviceministro de Hospitales de Giammattei. Foto: AGN.

En agosto de 2024, ambos fueron beneficiados por el juez Cruz, con sanciones internacionales por corrupción, queaccedió a modificar la acusación. De fraude (con pena máxima de 10 años) pasaron a ser juzgados por incumplimiento de deberes (pena máxima de 6 años), luego optaron por pedir un procedimiento de aceptación de cargos y así evadir un posible juicio por corrupción.

La PGN impugnó y llegó hasta la CC, donde señaló que hubo poco entendimiento del juzgador de los hechos imputados, de las disposiciones aplicables y de los medios de investigación que fueron aportados para acreditar el delito de fraude.

“No procedía la viabilidad de modificar el auto de procesamiento por el que los sindicados quedaron ligados originalmente por el delito de Fraude, pues resultaba incuestionable que la autoridad denunciada no tomó en cuenta los medios de investigación, ni se pronunció con relación a cada uno de ellos, por lo que emitió una resolución carente de fundamentación”, indica la PGN.

CC anula cambio de delito

De esa cuenta, los magistrados resolvieron a favor de la apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación y dejaron sin efecto la resolución del juez Víctor Cruz, que había modificado la calificación del delito de fraude a incumplimiento de deberes en el caso contra dos exfuncionarios del Hospital de Chimaltenango. Con este fallo, la CCregresa el expediente a la etapa en la que se discutió el cambio de delito, para que se emita una nueva resolución tomando en cuenta los elementos mencionados en este fallo.

A criterio de la Corte de Constitucionalidad sí hubo una falta de fundamentación en la decisión que tomó el juez en beneficio de los acusados. La CC subrayó que cualquier decisión de reformar el auto de procesamiento debe estar acompañada de una explicación clara y precisa que explique por qué los hechos investigados encuadran o no en la calificación jurídica solicitada.

“Con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Estado de Guatemala, por medio de la Procuraduría General de la Nación y, como consecuencia, revoca la sentencia venida en grado y resolviendo conforme a Derecho (…) restaura en la situación jurídica afectada y deja sin efecto en cuanto a los postulantes el acto reclamado, consistente en auto de siete de febrero de dos mil veinticuatro”, indica el fallo.

Hallazgos de corrupción

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía contra la Corrupción, entre el 19 y el 30 de diciembre de 2022, durante elgobierno de Alejandro Giammattei, el exviceministro de Salud, Gerardo David Hernández García, y el exdirector del Hospital de Chimaltenango, Gerardo Arturo Fuentes Rubio, intervinieron directamente en todas las fases de un proceso de compras millonarias.

Su participación abarcó desde la solicitud de pedido, la publicación de la oferta electrónica, la adjudicación y emisión de órdenes de compra, hasta el pago de los contratos gestionados por la Unidad Ejecutora 237 del Hospital Nacional de Chimaltenango. En total, se aprobaron 770 compras mediante la modalidad de “Compra Directa con Oferta Electrónica”, con el argumento de abastecer de suministros al nuevo hospital que sería inaugurado en 2023.

Para concretar la operación, los exfuncionarios convocaron a una reunión con el personal del Ministerio de Salud y del hospital, a quienes instruyeron y presionaron para elaborar la documentación que permitiera adjudicar y desembolsar los fondos a la empresa Voltar Intermedia Sociedad Anónima. Esta entidad, representada legalmente por la sindicada Luisa Fernanda Villagrán Méndez, recibió un pago total de Q67,737,291.

Sin embargo, la fiscalía determinó que la empresa incumplió los términos de referencia, infló los costos, no entregó la garantía ofrecida y dejó pendientes 580 equipos que nunca fueron localizados en el hospital.

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