Representantes de las víctimas del caso Diario Militar solicitaron a la fiscal general, Consuelo Porras, apartar a los fiscales recientemente asignados a la Fiscalía de Derechos Humanos. Alegan que la designación de Noé Rivera y su equipo genera desconfianza por la falta de imparcialidad en un proceso.
Por Alexander Valdéz
Los querellantes que representan a los familiares de las víctimas del caso Diario Militar informaron a la jueza de Mayor Riesgo “C”, Carol Berganza, que solicitaron a la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, apartar del proceso a los fiscales recientemente asignados a la Fiscalía de Derechos Humanos. Señalan que la designación de Noé Rivera y otros fiscales genera desconfianza, pues consideran que podrían no actuar con la imparcialidad necesaria en el proceso.
La petición surge luego de que los fiscales encargados del proceso solicitaran el cierre provisional de la investigación a favor de los acusados Toribio Acevedo, Malfred Pérez, Edgar Virgilio de León Sigüenza y Alix Leonel Barillas Soto, señalados de participar en las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales documentadas en el Diario Militar.
La representación legal de las víctimas pidió a Porras nombrar un fiscal especial que continúe con la investigación de forma independiente, al margen de la actual estructura de la Fiscalía de Derechos Humanos. Argumentan que se requiere un equipo con capacidad técnica.
El haber solicitado el cierre provisional del caso es visto por los querellantes como un indicio de inacción o de posibles acuerdos detrás del caso. “Solicitamos se nombre un fiscal especial para que conozca estos casos de graves violaciones a los derechos humanos, ya que dudamos de la imparcialidad que debe tener el Ministerio Público”, señaló uno de los abogados de las víctimas.
#URGENTE Querellantes piden apartar a los nuevos fiscales de la Fiscalía de Derechos Humanos del #MP del caso #DiarioMilitar
Piden separar a Noé Rivera y su equipo por dudar de su imparcialidad al pedir el cierre provisional del proceso.
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Durante la audiencia, el fiscal y jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, Noé Rivera, con sanciones internacionales por corrupción, expresó su rechazo a la petición de los representantes de las víctimas y según él, el Ministerio Público no es una institución “imparcial” ya que eso corresponde a los jueces.
#DiarioMilitar “El MP no es imparcial, el juez es imparcial”
El jefe de la fiscalía de DD.HH., Noé Rivera, cuestiona la petición de los representantes de las víctimas del caso del #DiarioMilitar y asegura que el MP no es “imparcial” y que eso corresponde a los jueces.
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Para esa audiencia se tenía contemplado anunciar la resolución a la petición que hizo la fiscalía (cierre provisional del caso). Sin embargo, la jueza decidió aplazar la audiencia para el 19 de enero de 2026. Es decir, en los próximos meses se debe decidir si los fiscales aludidos continúan o no a cargo del expediente judicial.
Al terminar la audiencia, el acusado Toribio Acevedo agredió físicamente a la periodista Nathalie Quan de Prensa Comunitaria, que cubría el caso del Diario Militar; y en una segunda ocasión agredió al periodista Carlos Alonzo.
#DiarioMilitar: Toribio Acevedo agrede a periodistas que cubrían el caso
Al salir de la audiencia Toribio Acevedo agredió físicamente Nathalie Quan de Prensa Comunitaria, que cubría el caso del #DiarioMilitar y después se cubre el rostro en una persona que le acompañaba.… pic.twitter.com/iTv1vgTwYo
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Impunidad
Durante años las víctimas de desaparición han buscado justicia, sin que hasta la fecha haya respuesta por los hechos posiblemente cometidos por las personas vinculadas al proceso. Desde que Miguel Ángel Gálvez dejó el caso por amenazas y salió al exilio, este expediente no tuvo avances y al contrario se ha beneficiado a los implicados.
El documento del Diario Militar salió a la luz pública un 20 de mayo de 1999, en Estados Unidos por el National Security Archive (NSA). En el mismo se registraban desapariciones forzadas entre 1983 y 1985 durante el gobierno de facto de Óscar Mejía Víctores. En este documento se registraron 103 asesinatos, 40 fueron trasladados a dependencias militares y 29 fueron liberados.
De acuerdo con el Ministerio Público (MP), personajes como Torivio Acevedo fue uno de los identificados en la declaración de un testigo con identidad bajo reserva, como “el Loco” o “Lucas”. La fiscalía lo señaló de haber sido parte de una estructura clandestina, entre el 29 de agosto de 1983 y 30 de abril de 1985, que controló, desapareció, neutralizó y eliminó a un grupo de disidentes políticos.
Los argumentos presentados por el MP señalan que Acevedo actuó al margen de la ley, generó condiciones para la ejecución extrajudicial de personas registradas en el Diario Militar, y de sustraer bienes en los allanamientos ilegales en los que participó.
El 11 de mayo del 2022, Toribio Acevedo fue detenido por la Interpol en Panamá, porque tenía una “notificación roja”, presentada por el Ministerio Público, por los delitos de desaparición forzada, asesinato y delitos contra los deberes de la humanidad.
La evidencia clave
El caso del Diario Militar o Dossier de la Muerte se refiere a una bitácora de operaciones, que puso en evidencia a la unidad de inteligencia del Ejército de Guatemala entre 1983 y 1985, en los años más duros del conflicto armado interno. Este archivo secreto registra de manera meticulosa las acciones de represión del Estado contra dirigentes estudiantiles, sindicales, campesinos y militantes de organizaciones políticas consideradas opositoras.
En sus páginas se consignan los datos de 183 personas capturadas por las unidades de inteligencia militar. Cada registro incluye fotografías, información personal, fecha y lugar de captura, así como códigos que describen el destino final de las víctimas. Entre esos códigos, los agentes anotaban símbolos como “300”, “se lo llevó Pancho”, una cruz o un signo de interrogación para indicar que la persona había sido ejecutada o desaparecida. Estos apuntes fríos y sistemáticos revelan el carácter planificado y burocrático de la represión estatal.
Según el contenido del documento, 103 personas fueron asesinadas, 40 trasladadas a dependencias militares como la Dirección de Inteligencia (D-2) o bases en Cobán y Chimaltenango, y 29 liberadas. Sin embargo, incluso algunos de los liberados fueron asesinados tiempo después, como el economista Carlos Eugenio de León Gudiel, quien recuperó su libertad el 4 de enero de 1984 y fue asesinado el 26 de octubre del mismo año. La mayoría de las víctimas pertenecían a organizaciones insurgentes como la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y el Movimiento Revolucionario del Pueblo Ixim (MRP-Ixim).
El documento incluye además otras secciones complementarias con listas de personas detenidas que no aparecen en el registro principal. En una de ellas figura el caso de Edgar Fernando García, sindicalista y militante desaparecido en abril de 1984. El Diario Militar consigna que era maestro, hijo de María Emilia García y esposo de Nineth Montenegro, y que fue secuestrado el 18 de abril de 1984 en la zona 11 de la capital por hombres armados.
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https://prensacomunitaria.org/2025/03/cc-ordena-libertad-para-militar-vinculado-en-graves-delitos-durante-el-conflicto-armado/
