La petición de la fiscalía contradice la investigación presentada en el año 2022, en la que señala que los acusados en el caso del Diario Militar deben enfrentar juicio. Los querellantes del caso consideran la petición del Ministerio Público como una muestra de búsqueda de impunidad.
Por Simón Antonio Ramón
El fiscal José Crisanto Gómez Meléndez pidió a la jueza Carol Yesenia Berganza, del Juzgados de Mayor Riesgo C, la clausura provisional del proceso penal para cuatro exmilitares acusados de delitos de lesa humanidad en el caso denominado Diario Militar, durante la audiencia en la que se decidiría si los enviaba a juicio.
El fiscal Gómez, de la Fiscalía de Derechos Humanos, dijo que no pueden llegar a una conclusión en el caso de los acusados y por eso expresó la necesidad de recopilar más datos en la investigación. De aprobarse la petición, los señalados Toribio Acevedo, Malfred Orlando Pérez Lorenzo, Alix Leonel Barillas Soto y Edgar Virgilio De León Sigüenza, evitarían el juicio por los delitos de desaparición forzada, delitos contra los deberes de la humanidad, asesinato y tentativa de asesinato.
La jueza Carol Yesenia Berganza suspendió la audiencia para que el Ministerio Público haga la solicitud de manera formal, y presente la documentación para que las partes la conozcan. Además la programó para el próximo 14 de octubre.
Para Francisco Vivar Castellanos, abogado de varios querellantes del caso, el fiscal debió argumentar porqué los acusados deben enfrentar juicio, tal y como lo solicitó en su investigación de 2022. “Las acusaciones ya fueron presentadas, la investigación ya estaba agotada. El Ministerio Público ya no debería cambiar esa solicitud donde había pedido que se abriera juicio contra los cuatro sindicados”, dijo.
Para el abogado Vivar, el Ministerio Público (MP), como representante del Estado, está faltando a los compromisos asumidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) donde tiene una sentencia por el caso. “Está llamado a cumplir con la sentencia de la Corte, sin embargo, lo está haciendo con una total impunidad está beneficiando prácticamente a estas personas sindicadas”, señaló.
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró responsable al Estado de Guatemala de la desaparición forzada de 26 personas en el caso Gudiel Álvarez y otros (“diario militar”) vs. Guatemala.
Entre los primeros efectos de la pretensión de la Fiscalía con la clausura provisional, añade el abogado, en un hipotético escenario que se le otorgue, se revocaría cualquier medida de coerción contra los acusados hasta que se les vuelva a acusar nuevamente por el Ministerio Público.
A consideración de los querellantes del caso, la acción de la Fiscalía es una estrategia para que abandonen el proceso. “El Ministerio Público quiere sacarnos de este proceso y nosotros vemos que quieren jugar con los sentimientos de quienes iniciamos este proceso”, dijo Salomón Estrada, hermano de Félix Estrada, que aparece en el Diario Militar, bajo el registro 131 y desaparecido en mayo de 1984.
🚨URGENTE🚨 #CasoDiarioMilitar
En su intervención, el representante del MP, José Crisanto Gómez Meléndez, indicó que modificará el escrito de acusación en relación con los acusados Toribio Acevedo Ramírez, Malfred Orlando Pérez Lorenzo y Alix Leonel Barillas Soto, y que… pic.twitter.com/vwc6Wzvx5t— Verdad y Justicia en Guatemala (@VerdadJusticiaG) October 7, 2025
Paulo Estrada, otro de los querellantes e hijo de Otto René Estrada Illescas, desaparecido en 1984, señaló que la actuación de la Fiscalía busca garantizar impunidad a los militares ya que el caso tiene suficientes pruebas.
“Nos causa mucha indignación que un Ministerio Público sale de una manera burlona y mentirosa a decir que defiende derechos humanos, sale con una solicitud de clausura provisional cuando es de conocimiento público que tiene más de 7 mil medios de pruebas”, dijo.
“Considera que esto promueve la impunidad, es una bofetada en la cara de las víctimas después de poder llegar a este punto, estamos indignados, nos sentimos revictimizados por un ente de tiene que velar porque se dé justicia y que de esta manera se pliegue a buscar más impunidad y sobretodo llame a una acción de olvido”, dijo Estrada.
El caso
El jueves 27 de mayo, 11 militares y policías, entre los que se encuentran altos mandos, fueron detenidos por el caso “Dossier de la Muerte”, también conocido como Diario Militar, un documento de inteligencia del ejército que fue sustraído de esa institución y entregado a la National Security Archive (NSA), que contiene información de más de 183 personas desaparecidas y otras asesinadas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas.
En este caso se juzgan a una estructura clandestina integrada por militares retirados y expolicías, señalados de tenerfunciones en el Estado y utilizar recursos públicos para hacer que funcionara un circuito clandestino de desaparición forzada que implicaba controlar, neutralizar y eliminar a personas disidentes entre 1983 a 1985, durante el gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores.
En el proceso del Diario Militar, que inicio hace más de cuatro años, se siguen presentando acciones dilatorias por parte de la defensa de algunos de los militares acusados para que el caso avance.
