El Informe anual cuestiona la falta de independencia judicial y el debilitamiento del Ministerio Público durante la gestión de Consuelo Porras. Según el informe, la autonomía del MP se ha visto comprometida por interferencias políticas y falta de transparencia en la conducción de las investigaciones.
Por Rony Ríos
El nuevo Investment Climate Statement 2025 del Departamento de Estado de los Estados Unidos lanza una advertencia sobre la situación del Estado de derecho en Guatemala. El informe, que contiene los resultados de la evaluación sobre el clima de inversión y la gobernabilidad institucional, sostuvo que la corrupción sigue siendo un problema grave y que las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público (MP) muestran un preocupante retroceso respecto a años anteriores.
Aunque el informe está enfocado en los factores que afectan la confianza de inversionistas extranjeros, en este se dedicaron varios apartados a los riesgos institucionales y a la pérdida de credibilidad del sistema judicial.
Según el Departamento de Estado, las decisiones inconsistentes de los tribunales, la impunidad generalizada y la falta de independencia del MP son elementos que desgastan la certeza jurídica y disuaden la inversión.
“Las acciones de la fiscal general Consuelo Porras han obstaculizado y revertido los avances logrados en las investigaciones anticorrupción”, señaló el Departamento de Estado en su informe.
🚨 Nuevo informe de EE.UU. cuestiona retroceso de investigaciones por corrupción en el #MP
“Las acciones de la fiscal general Consuelo Porras han obstaculizado y revertido los avances logrados en las investigaciones anticorrupción”, señala el informe del Departamento de Estado. pic.twitter.com/mJOFOl0xEX
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) October 17, 2025
Un sistema judicial debilitado
“El soborno y la corrupción continúan siendo desafíos serios que las empresas pueden encontrar en distintos niveles del gobierno”, advierte el informe, que además señala que, pese a existir leyes anticorrupción, “la aplicación de la ley es inconsistente” y las denuncias rara vez llegan a una sanción efectiva.
“La ley prevé sanciones penales para la corrupción oficial, pero el MP procesó muy pocos casos de corrupción gubernamental”, se explica en la sección 8 del informe.
En uno de los apartados más críticos, el documento indica que la autonomía del MP se ha visto comprometida por interferencias políticas y falta de transparencia en la conducción de las investigaciones.
Asimismo, se hizo referencia al uso discrecional del sistema judicial para perseguir o archivar casos de alto perfil, lo cual, según el informe, “ha incrementado la percepción de impunidad y debilitado la confianza en las instituciones”.
El Departamento de Estado también advirtió sobre los efectos de estos retrocesos en el entorno empresarial, ya que, considera que existe una burocracia marcada por favoritismos, procesos lentos y discrecionalidad administrativa que, combinados con la corrupción, derivan en uno de los principales obstáculos para la inversión extranjera directa.
La sombra de la impunidad
El diagnóstico de Washington señala que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desveló un esquema de corrupción aduanera en 2015 que provocó la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, pero en 2019, el entonces presidente Jimmy Morales desmanteló la CICIG.
“Las medidas posteriores de la fiscal general Consuelo Porras han obstaculizado y anulado la labor de las investigaciones anticorrupción, incluido el infame escándalo de sobornos de Odebrecht, y han aumentado y planteado riesgos adicionales para posibles nuevos inversores”, consigna el documento.
Además, en el documento se hizo referencia al caso B410 develado desde la SAT en 2024, sobre una red de 410 empresas con contratos con el Estado que intentó evadir Q800 millones (aproximadamente US$105 millones) en impuestos entre 2021 y 2023. En el informe se consigna que, hasta la fecha, el MP no ha coordinado las detenciones y procesamiento de los implicados.
El informe también destaca que la falta de consecuencias legales para los funcionarios públicos acusados de corrupción “refuerza redes de impunidad” que impactan tanto en la credibilidad institucional como en la estabilidad política.
Por lo cual, mencionan que la concentración de poder en el MP y la dependencia del sistema judicial respecto a intereses políticos generan un entorno de inseguridad jurídica incompatible con los estándares internacionales.
Riesgos para la inversión
Para el gobierno estadounidense, el deterioro del Estado de derecho no sólo representa un obstáculo económico, sino también un riesgo político. El documento subraya que “la corrupción sistémica y la falta de independencia judicial continúan afectando la confianza del público y de los inversionistas”.
Además, en el documento se recogen denuncias de los inversionistas que indicaron que existen “solicitudes de pago de sobornos a cambio de la adjudicación de contratos públicos”, aunque reconocen los esfuerzos por limitar el cobro de sobornos en las fronteras.
El documento sostiene que la Dirección General de Impuestos y Aduanas (SAT) implementó reformas aduaneras para que los envíos marcados se asignen a una inspección secundaria interinstitucional, en lugar de darle el caso al inspector original para eliminar la posibilidad de que un inspector imponga retrasos deliberados; sin embargo, persisten las denuncias de que equipos de inspección secundaria retienen los envíos para obtener pagos corruptos de importadores y exportadores.
Los apartados sobre gobernanza resaltaron que Guatemala mantiene estabilidad macroeconómica y una ubicación estratégica para el comercio regional, pero que la debilidad institucional sigue siendo el factor que más preocupa a los inversionistas internacionales.
Asimismo, la falta de transparencia en licitaciones públicas, los conflictos de interés y la influencia de grupos de poder en las decisiones judiciales son factores que limitan el desarrollo económico sostenible.
Al emitir este diagnóstico, Washington envía un mensaje político que va más allá del ámbito económico, ya que se mantiene que la lucha contra la corrupción sigue siendo una condición clave para la cooperación y la inversión con Guatemala.
