La Corte de Constitucionalidad avaló la decisión del Congreso de ignorar el veto presidencial al Decreto 7-2025, dejando en firme la “Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo”. Con ello, los CODEDE podrán ejecutar más de Q22 millones adicionales en 2026 con menos controles de fiscalización.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió este sábado 18 de octubre denegar los amparos provisionales que buscaban frenar la decisión del Congreso de la República de ignorar el veto presidencial al Decreto 7-2025. Con esta resolución, el máximo organismo constitucional del país avaló la actuación del Legislativo y dejó firme la aprobación de la llamada “Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo”.
El presidente Bernardo Arévalo había vetado el decreto por considerar que vulnera principios de transparencia y debilita los mecanismos de control sobre el uso de fondos públicos. Sin embargo, el Congreso rechazó el veto y volvió a aprobar la norma con mayoría calificada, argumentando la necesidad de garantizar la ejecución de proyectos comunitarios.
La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/DQPltcuUPC
— CC Guatemala (@CC_Guatemala) October 18, 2025
La decisión de la CC, tomada por unanimidad en un pleno extraordinario, significa que los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) dispondrán de más de Q22 millones adicionales el próximo año. Estos fondos podrán ejecutarse con menos controles de fiscalización, lo que ha generado preocupación entre organizaciones sociales y observadores del gasto público.
Diversos grupos de sociedad civil y sector privado han advertido que la modificación a dicha norma abre la puerta a un manejo discrecional de los recursos, especialmente en un contexto de cuestionamientos sobre la transparencia en la ejecución de obras de desarrollo.
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¿Qué ocurrió?
Durante la sesión en el Congreso, una moción privilegiada impulsada por el diputado Arzú Escobar obtuvo 86 votos a favor, lo que impidió que el pleno conociera el veto presidencial al Decreto 7-2025. Con esta maniobra, los diputados oficializaron la ley como si hubiese sido sancionada, evitando alcanzar los 107 votos que la Constitución exige para rechazar un veto presidencial.
De esa forma, el Congreso continuó con el trámite y ratificó la publicación del decreto “sancionado”, también con 86 votos, para que fuera enviado al Diario de Centro América y entrara en vigencia. No obstante, Arévalo reiteró que el decreto fue vetado y devuelto dentro del plazo constitucional, por lo que correspondía al Legislativo conocer el veto y actuar conforme lo establece la ley.
El presidente acusó a la alianza opositora, liderada por los partidos UNE y VAMOS, de utilizar “argucias y argumentos espurios” para eludir el procedimiento constitucional y forzar la entrada en vigencia de la norma. Además, anunció que el Ejecutivo promovería las acciones legales necesarias para defender su decisión y evitar que una ley que, según dijo, “sacrifica la transparencia y la calidad del gasto público”, entre en vigor.
La Ley de CODEDE
El Decreto 7-2025 amplía la vigencia del Decreto 27-2024 hasta el 31 de diciembre de 2026, permitiendo que los fondos destinados a proyectos de desarrollo continúen ejecutándose más allá del actual ejercicio fiscal. Además, incorpora un nuevo artículo a la Ley Orgánica del Presupuesto que regula la administración de los recursos extraordinarios y su traslado a la cuenta única del Tesoro de los CODEDE.
El cambio se planteó como una “oportunidad” para garantizar la continuidad de obras que cuenten con financiamiento, pero establece que aquellas que no registren avances físicos ni financieros en un plazo de dos años deberán devolver los fondos al Estado. Asimismo, se autoriza que las instituciones puedan requerir documentación o realizar observaciones dentro de un breve periodo, y si no hay respuesta dentro del plazo fijado, se asumirá una aprobación automática.
El decreto incluye a ministerios y secretarías clave como Ambiente, Comunicaciones, Salud, Cultura, Finanzas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). También ordena que las autoridades competentes resuelvan en un máximo de cinco días hábiles las solicitudes que presenten los CODEDE, con el objetivo de acelerar los procesos administrativos y de ejecución de obras públicas.
