Autoridades ancestrales de Iximulew piden a la Procuraduría de Derechos Humanos y al Ministerio de Gobernaciónprivilegiar el diálogo en el cumplimiento de un amparo en Santiago Atitlán.
El juzgado de Primera Instancia Penal del departamento de Sololá otorgó un amparo que buscaba dar acompañamiento al alcalde municipal Francisco Coché para ingresar a la municipalidad que ha sido tomada por la población Tz’utujil desde el 16 de septiembre, que lo señala de actos de corrupción.
Por Simón Antonio Ramón
Las Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew pidieron a Francisco Jiménez, ministro de Gobernación y a José Alejandro Córdova, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, garantizar los derechos del pueblo Tz’utujil del Santiago de Atitlán, Sololá, ante la acción de fuerzas de seguridad en ese municipio que pretendía abrir la municipalidad cerrada por la población y sus autoridades.
A primera hora de la mañana de este miércoles 8 de octubre estaba programado que patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaran frente al edificio municipal donde la población pide la renuncia del alcalde municipal Francisco Coché, que lo señalan de actos de corrupción, desde el 16 de septiembre.
La acción buscaba cumplir un amparo otorgado por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sololá a Coché, para abrir lasede municipal cerrada por la población. Sin embargo, con pacifismo, la acción fue frenada.
En el memorial presentado en la oficina de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) las autoridades indígenas solicitaron al procurador presentarse al lugar para verificar el cumplimiento de los derechos humanos de la población ante las amenazas de desalojo.
“Se apersone para verificar el cumplimiento de los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad y adoptar todas las acciones legales para prevenir hechos que afecten los derechos del pueblo Tz’utujil”, solicitaron.
En el memorial presentado al Ministerio Gobernación pidieron al ministro Jiménez que en las acciones de la policía se privilegie el diálogo en el marco de su actuación para el cumplimiento del amparo emitido por el Juzgado de Primera Instancia Penal del departamento de Sololá.
“Que en las diligencias se practiquen, se respeten los derechos humanos, la integridad, la libre determinación y el derecho de manifestación y resistencia pacifica del pueblo Tz’utujil de Santiago Atitlán”, plantearon.
El origen del descontento `
La diligencia que realizaría la PNC responde al cumplimiento de un amparo promovido por el alcalde municipal con el cual buscaba ingresar al edificio municipal cerrado por las autoridades ancestrales maya Tz’utujil y población desde el 16 de septiembre. Las autoridades ancestrales han denunciado al alcalde municipal de actos de corrupción en la autorización de licencias de circulación de mototaxis.
Además, se le reclama a Coché haber abandonado a las comunidades en el cuidado del lago de Atitlán en el retiro de las jaulas de tilapias, por los daños al medio ambiente que provoca esa especie, el 23 de julio. En una asamblea comunitaria realizada el 15 de septiembre, las autoridades indígenas Tz’utujil reunieron 7 mil 830 firmas en donde exigen la renuncia al jefe edil.
📢 Autoridades ancestrales de Iximulew piden al Ministerio de Gobernación y a la Procuraduría de Derechos Humanos ser garantes de los derechos del pueblo Maya Tz’utujil de Santiago Atitlán.
Jonathan Tocay, autoridad Kaqchikel de Chuarrancho, explica que presentaron memoriales en… pic.twitter.com/pisaxxo7o4
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) October 8, 2025
Por otro lado, el Concejo Municipal de Santiago Atitlán desconoció al alcalde municipal Francisco Coché en su participación en la asamblea con las comunidades la noche del martes 7 de octubre frente de la municipalidad.
Debido a que Francisco Coché no se presentó y a que las autoridades ancestrales dialogaron con la policíaa, estasdesistieron de concretar el desalojo, para cumplir con el amparo.
Piden dejar sin efecto el decreto 7-2025
Por otro lado, las autoridades ancestrales de Iximulew presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un tercer memorial en contra del Decreto 7-2025 que permite a los Consejos de Desarrollo ejecutar más de Q22 millones con menores controles de transparencia, una ley que fue vetada este 6 de octubre por el presidente Bernardo Arévalo.
En la sesión del 7 de octubre el Congreso con 86 votos rechazó el veto presidencial. A consideración de las autoridades indígenas, los diputados y alcaldes buscan politizar los fondos para el desarrollo del país.
“Pedimos a los señores magistrados que conforman este alto organismo dejar sin efecto este decreto que busca más corrupción en las municipalidades, es evidente que los alcaldes municipales tienen una incapacidad de ejecutar el presupuesto asignado a cada municipio de los 340”, apuntaron en su memorial.
