La última semana dejó una mezcla de acciones simbólicas y judiciales sobre migración y seguridad en EE. UU.: desde el cambio del nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra hasta el bloqueo legal de terminaciones de TPS, nuevos litigios contra ciudades santuario y la continuidad de centros de detención. Guatemala también está en el radar ante deportaciones de menores.
Por Prensa Comunitaria
Durante la semana del 29 de agosto al 5 de septiembre de 2025 se desarrollaron eventos con relevancia para la política migratoria y de seguridad de EE. UU. los hechos incluyen un impulso simbólico al militarismo con el cambio de nombre del Departamento de Defensa, frenos legales a políticas restrictivas como el fin del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), litigios activos contra ciudades santuario, y la expansión y apertura de centros de detención. Mientras tanto, Guatemala se prepara para una posible recepción de menores, reflejo de las repercusiones humanitarias de estas medidas.
Jueza frena deportaciones de menores guatemaltecos
La administración de Donald Trump intentó acelerar la deportación de decenas de menores guatemaltecos no acompañados desde Texas, bajo el argumento de “procedimientos exprés” por motivos de seguridad. Sin embargo, una jueza federal bloqueó los vuelos al considerar que se violaban las garantías mínimas de debido proceso y protección infantil.
Guatemala lista para recibir menores deportados
El presidente Bernardo Arévalo confirmó que Guatemala está preparada para recibir hasta 150 menores deportados semanalmente desde Estados Unidos. El plan incluye la habilitación de albergues temporales y programas de reunificación familiar en coordinación con la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Bienestar Social. Aunque el proceso fue pausado por una orden judicial en EE. UU., el Gobierno dice estar listo para atenderlos. Sin embargo, defensores de la niñez advierten que la medida es ilegal y que el país carece de infraestructura suficiente para garantizar una inserción segura y efectiva.
Apelación mantiene abierto “Alligator Alcatraz”
El centro migratorio conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, seguirá operando luego de que una corte federal de apelaciones suspendiera su cierre temporalmente. El fallo responde a una apelación del estado de Florida que sostiene que el centro no usó fondos federales y cumple con los requisitos mínimos de operación. Críticos denuncian que la instalación ha sido escenario de violencia y hacinamiento, y que mantenerla abierta representa un retroceso en materia de derechos humanos. El litigio se ha convertido en un pulso político entre el estado y la Casa Blanca.
Nuevo centro “Louisiana Lockup” en Angola
El Departamento de Seguridad Nacional inauguró un nuevo centro de detención migratoria dentro de la prisión de máxima seguridad Angola, en Luisiana, conocido como “Louisiana Lockup”. Con capacidad inicial para 400 detenidos, el proyecto busca reducir la saturación del sistema federal de detención. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos critican que su ubicación simboliza la criminalización de la migración. El gobierno defiende la medida como parte de una estrategia para “fomentar la autodeportación” y enviar un mensaje de disuasión a quienes planean llegar a EE. UU.
TPS para más de 1,1 millones de personas
El juez Edward Chen bloqueó la decisión de la administración Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 1,1 millones de personas migrantes, entre ellos unos 600 000 venezolanas y 500 000 haitianas. La sentencia calificó la medida como “arbitraria, caprichosa y contraria a la ley”, protegiendo temporalmente a estas comunidades de la deportación masiva. La resolución fue celebrada por líderes migrantes que temían una crisis humanitaria en sus países de origen. Sin embargo, el gobierno adelantó que apelará, manteniendo la incertidumbre entre cientos de miles de familias beneficiarias.
Departamento de Defensa se renombra Departamento de Guerra
Donald Trump firmó una orden ejecutiva que cambia el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra (Department of War), una denominación utilizada hasta 1947. El mandatario justificó la medida como un intento de proyectar mayor “fuerza y disuasión” en el escenario internacional. Aunque simbólica, la decisión ha generado controversia dentro del Congreso, ya que para hacerse oficial requeriría reformas legales. Críticos señalan que este gesto refuerza una narrativa bélica que puede influir en la política migratoria, justificando medidas más duras contra comunidades extranjeras dentro del país.
Demanda contra Boston y su ley santuario
El Departamento de Justicia presentó una demanda contra Boston por su “Boston Trust Act”, que limita la cooperación de la policía local con agentes de ICE. El gobierno acusa a la ciudad de obstaculizar el cumplimiento de la ley federal de inmigración. La alcaldesa Michelle Wu, en respuesta, dijo que la ciudad defenderá en tribunales su política de protección a comunidades migrantes. Este litigio se suma a la ofensiva de la administración Trump contra ciudades santuario, que consideran un refugio ante redadas masivas. El caso podría sentar un precedente para otros gobiernos locales.
Estadísticas de deportación y detención en aumento
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) informó que en 2025 el sistema de detención alcanzó cifras récord con más de 59 mil personas privadas de libertad. Muchas de ellas sin antecedentes criminales, según denuncian organizaciones de derechos humanos. Además han denunciado que los centros enfrentan sobrepoblación, falta de atención médica y violaciones a los derechos básicos de quienes son detenidos. Los datos reflejan un endurecimiento de la política migratoria que prioriza la cantidad de detenciones sobre la revisión justa de los casos.
Nuevas restricciones al asilo por violencia doméstica
La fiscal general Pam Bondi anunció nuevas restricciones al asilo para mujeres que huyen de la violencia doméstica, revirtiendo protecciones previas implementadas durante administraciones pasadas. La medida se alinea con políticas establecidas anteriormente por Jeff Sessions, exfiscal general, y busca limitar el reconocimiento de la violencia de género como motivo válido de asilo. Organizaciones feministas y de derechos humanos advirtieron que este cambio deja en situación de vulnerabilidad a miles de mujeres, especialmente de América Latina, que buscan refugio en EE. UU. tras huir de entornos violentos e inseguros.
Anuncio del centro “CornhuskerClink” en Nebraska
El gobierno anunció la creación de un nuevo centro de detención migratoria en McCook, Nebraska, conocido como “Cornhusker Clink”. Con capacidad para 280 camas, será gestionado en conjunto por el Departamento de Seguridad Nacional y el sistema penitenciario estatal. Funcionará bajo el modelo de “Work Ethic Camp”, con programas de disciplina laboral para los detenidos. Autoridades locales dicen que generará empleo y dinamizará la economía regional, pero organizaciones de derechos civiles denuncian que este modelo encubre explotación laboral y normaliza la criminalización de personas migrantes.
