La cuarta audiencia del juicio contra diez autoridades ancestrales de Olopa, del departamento de Chiquimula, acusadas de detenciones ilegales por un incidente que se remonta a 2019 se realizó este viernes 26 de septiembre. Los comunitarios han manifestado en diversas ocasiones que su oposición a las actividades de la mina Cantera Los Manantiales ha sido pacífica.
Por Simón Antonio Ramón
Este viernes 26 de septiembre se retomó el juicio oral y público contra 10 autoridades indígenas maya Ch’orti’ de Olopa, en el Tribunal de Sentencia Penal de Chiquimula, acusadas de detenciones ilegales por propietarios de la minera Cantera Los Manantiales en la que tres testigos: Guillermina Guzmán Landaverry, propietaria de la minera; su hijo Rony Leonardo Guzmán Guzmán y Orlando Ramírez rindieron su declaración.
Guzmán Landaverry declaró que la minera Cantera Los Manantiales que explotó antimonio, un elemento que se utiliza en la industria química y del plástico, tiene licencia de explotación otorgada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) desde 2017 con una vigencia de 25 años en la comunidad de Carrizal del municipio de Olopa, Chiquimula.
Según la propietaria de la minera, esta explotó bienes naturales entre 2017 y 2018 con normalidad, pero la resistencia comunitaria interrumpió la explotación en enero de 2019.
En su testimonio acusó a las autoridades indígenas de haber retenido a su esposo Ovidio Guzmán Salazar y a su hijo Rony Guzmán. “Ya era tarde, ellos regresaban, estuve llamando a mi esposo no contestó, a mi hijo tampoco, después volví a llamar a otro teléfono que cargaba mi hijo me contestó y únicamente me dijo: ‘Mamá nos tienen retenidos aquí los de la tapada, mirá que hacés’”, testificó ante el Tribunal de Sentencia Penal de Chiquimula.
En este juicio están acusadas las autoridades ancestrales Leonor Crisóstomo Méndez Ramos, Juan Carlos Pérez Canán, Guillermo Ramírez Pérez, Fredy Geovany Ramírez Ramírez, Bernardino Adelmo Pérez, José Agustín, Santos Gerónimo Ramos Méndez, María Santos Méndez, Rosa Margarita Pérez Canán y Felipe Diaz Ramos.
No se realizó consulta comunitaria
En el contrainterrogatorio que le hizo la abogada de las autoridades indígenas criminalizadas, Jovita Tzul, sobre si la minera había realizado una consulta a las comunidades, la propietaria de la minera negó que hayan hecho dicha consulta, que forma parte de los derechos de los pueblos indígenas. “Cuando se emitió la licencia no estaba vigente la consulta”, declaró.
En su declaración, Rony Guzmán dijo que ese día llegaron hasta el lugar de la mina a pesar de que días antes las comunidades había establecido plantones en varias entradas de la minera tanto en Carrizal y Carbonero.
Guzmán dijo que antes de que llegaran a la entrada en la comunidad de Carbonero, mandaron a Manuel Arita, vecino de la comunidad, a comprar a la tienda para ver cuánta gente había en la manifestación en ese punto. A su regreso les informó que en esa manifestación había mucha gente por lo que tomaron la ruta a la comunidad La Prensa.
Cuando llegaron a ese punto, los comunitarios ya se habían reunido, acusó a las autoridades indígenas Juan Carlos Pérez Canán y Santos Adelmo Pérez de que los estaban siguiendo en una moto. “Nos retuvieron ahí, porque en la tapada tenían piedras, palos y alambres”, dijo. Además, señaló que las dos autoridades indígenas colocaron una moto para tapar el paso con intención de verse obligados a bajarse del vehículo en el que se transportaban. “Mi papá quiso retroceder para salir de la tapada, nos pusieron una moto”, indicó.
El otro testigo que declaró fue Orlando Ramírez, quien supuestamente es trabajador de la Cantera Los Manantiales en actividades de construir cerca y limpiar el terreno. Pero a este testigo se le señala de haber disparado ese día. En su declaración dijo que pidió favor a sus empleadores que lo llevaran a Esquipulas en “un jalón”, por lo que estaba en el vehículo cuando ocurrieron los hechos.
Dijo que al momento que Ovidio Guzmán y Rony Guzmán, bajaron del vehículo escapó del lugar y no volvió a trabajar para esta empresa. Cuando el abogado cuestionó sobre si tenía experiencia de uso de armas de fuego, negó tener conocimiento al respecto.
A la pregunta del abogado Francisco Vivar Castellanos a Guillermina Guzmán Landaverry y a Rony Guzmán si sabían sobre la resistencia pacífica de las comunidades, Rony acusó a las comunidades de no realizar resistencia pacífica.
En el contrainterrogatorio qué realizó la abogada Tzul a Guzmán Landaverry sobre cómo habían identificado a 38 personas denunciadas el 5 de junio de 2019 con fotografías y Código Único de Identidad (CUI) del Documento Personal de Identidad (DPI), dijo no tener conocimiento, pero cuando se le hizo la misma pregunta a su hijo respondió “que había algunas personas a quienes se les hizo una investigación”.
El proceso penal contra las 10 autoridades indígenas maya Ch’orti’ del municipio de Olopa, Chiquimula, surge a partir de la resistencia contra la minera tras una denuncia presentada en 2019. Actualmente la licencia de esta minera está suspendida por la Corte de Suprema de Justicia (CSJ) por violentar el derecho de consulta y por no contar con estudios de impacto ambiental.
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