Los 48 Cantones declaran luto y protesta en las fiestas patrias contra la criminalización

 

Los 48 Cantones de Totonicapán anunciaron que las fiestas de independencia no serán motivo de celebración, sino de luto y protesta. La organización ancestral denunció la criminalización de sus autoridades y defensores del territorio. También llamaron a actos simbólicos, como portar banderas a media asta y mensajes en defensa de la justicia.

Por Alexander Valdéz

La Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán anunció que las celebraciones de independencia del 15 de septiembre no serán de fiesta, sino de protesta y luto. En un comunicado oficial denunciaron la “sistemática criminalización y persecución de nuestras autoridades ancestrales y defensores del territorio” y expresaron su “más profundo rechazo a estos actos que buscan silenciar la voz de quienes legítimamente luchan por los derechos de nuestras comunidades”.

Como parte de las medidas acordadas en asamblea el pasado 6 de septiembre, se instruyó a instituciones, centros educativos y a la población en general a realizar gestos simbólicos de protesta. “Los pabellones y banderas nacionales sean llevados a media asta. Este gesto simboliza el luto que sentimos por la falta de justicia y la crisis que vive nuestro país”, señala el documento. También llamaron a portar pancartas y mantas con mensajes alusivos a la defensa de sus autoridades y contra la criminalización.

En su pronunciamiento, los 48 Cantones advirtieron que la independencia no puede conmemorarse como un acto vacío. “La verdadera libertad se alcanza cuando se respeta la justicia y los derechos de todos. No podemos celebrar la soberanía mientras la dignidad de nuestros líderes es pisoteada”, sostienen.

Finalmente, hicieron un llamado a la unidad y solidaridad en torno a su lucha: “La resistencia son las herramientas más poderosas para construir un futuro de verdadera justicia y paz”.

Accionan ante la CC

Esta semana, ante la persecución del Ministerio Público (MP) y decisiones de jueces que han tipificado las movilizaciones sociales de 2023 en el delito de terrorismo en Guatemala, la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC). La organización indígena argumenta que la redacción actual de la norma vulnera el principio de legalidad y constituye una amenaza para derechos constitucionalmente reconocidos, al no delimitar con precisión las conductas consideradas terroristas.

La histórica institución comunal enfatiza que su acción legal no busca condonar actos terroristas genuinos, sino evitar que esta figura penal siga siendo utilizada para criminalizar y reprimir las legítimas protestas sociales y la defensa pacífica de derechos. Exhortan a que la lucha contra el terrorismo se enmarque estrictamente en el respeto a los derechos humanos y las obligaciones internacionales, solicitando a la máxima corte que declare con lugar su petición para proteger a la sociedad.

Dos dirigentes criminalizados

Luis Pacheco y Héctor Chaclán, dirigentes comunitarios, han pasado más de 145 días en prisión preventiva tras ser detenidos por el Ministerio Público. Ambos fueron señalados en procesos judiciales que organizaciones sociales consideran parte de una estrategia de criminalización contra quienes han defendido la democracia y los derechos de los pueblos indígenas.

En su momento, Chaclán y Pacheco encabezaron las manifestaciones pacíficas de 2023 que defendieron los resultados electorales que dieron la victoria a Bernardo Arévalo y Karin Herrera. La gestión de la fiscal general Consuelo Porras al frente del Ministerio Público se ha caracterizado por una política sistemática de persecución contra voces críticas y actores considerados incómodos para el poder.

Exfiscales anticorrupción, jueces independientes, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos han sido objeto de procesos penales y campañas de criminalización que, según organismos nacionales e internacionales, buscan debilitar la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia en Guatemala.

Entre los sectores más afectados se encuentran las autoridades indígenas y comunitarias que encabezaron las protestas de 2023 en defensa de los resultados electorales que dieron la victoria a Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Estos dirigentes, que también han exigido la renuncia de Consuelo Porras por su papel en la criminalización, enfrentan acusaciones penales que organizaciones sociales califican como represalias.

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https://prensacomunitaria.org/2025/06/estudio-senala-que-consuelo-porras-especializa-al-ministerio-publico-para-la-impunidad/