La presunta venganza por una denuncia de violencia intrafamiliar ha llevado al encarcelamiento de una mujer salvadoreña por más de tres años, la muerte de una bebé y la búsqueda de justicia de una familia.
Por Prensa Comunitaria
Carlos cumplió ocho años el sábado 2 de agosto. Fue un día inolvidable para un niño que nunca había tenido una fiesta de cumpleaños. La celebración sorpresa, organizada por personas altruistas, tuvo payasos, juegos, piñatas, pero también la ausencia de su madre, encarcelada desde hace tres años.
Esto ocurre en El Salvador durante el gobierno de Nayib Bukele.
En la vivienda, localizada junto a una quebrada al final de una calle polvorienta en el departamento de Ahuachapán, bajo la sombra de un árbol, colocaron una mesa y sobre ella los pasteles con decoración del Hombre Araña.
Unas horas antes el abuelo había llevado a Carlos al parque, para que el agasajo fuera una sorpresa. Y así fue. Pasadas las 11:30 de la mañana fue recibido entre aplausos y felicitaciones.
Ese día, mientras Carlos reía junto a otros niños y niñas por las ocurrencias de un payaso, su abuela se escondió unos minutos para llorar.
A Reyna A., le entristece no saber nada de su hija, y le indigna que las autoridades no respondan a sus denuncias de presuntas irregularidades durante su detención.
Marbely Selena, madre de Carlos, fue detenida el 29 de agosto de 2022 bajo el estado de excepción impuesto por el gobierno de Nayib Bukele.
Sus abogados defensores Jayme Magaña y Otto Flores aseguran que, tras revisar la acusación judicial, han identificado algunas irregularidades que violan el debido proceso
Magaña dice que, según el documento policial, la joven fue detenida en la frontera Las Chinamas, paso fronterizo entre El Salvador y Guatemala, junto a un hombre que transportaba droga.
Sin embargo, esta versión es desmentida por la familia que asegura que Selena fue detención al interior de su vivienda, a la media noche, durante un operativo policial.
Los agentes dijeron haber recibido una llamada anónima que acusaba a Selena de colaborar con pandillas, uno de los mecanismos de detención habilitado en el régimen de excepción.
Reyna A., niega que su hija tuviera vínculos con pandillas y asegura que ella, como madre soltera, se dedicaba a cuidar a sus hijos y a ayudarle en la venta de tortillas.
Una segunda irregularidad señalada por la defensa, que califican como grave, es que la fotografía que aparece en la ficha policial no corresponde al rostro de Marbely Selena, sino al de otra mujer.
“Al inicio del régimen de excepción se cometieron muchos errores y uno de esos es que cruzaban las fotografías de las fichas”, dice Magaña.
Según la abogada, mientras la mujer de la ficha tiene un cabello muy corto, Selena lo llevaba hasta la cintura, como lo muestran las últimas fotos guardadas en su teléfono celular, antes de ser detenida.
Además, la ficha del hombre señalado por las autoridades como capturado junto a Selena también presenta inconsistencias: su rostro no coincide con la imagen de ese documento.
En mayo de 2025, los abogados defensores presentaron una denuncia ante la fiscalía, en representación de la madre de Selena. Como resultado la fiscalía solicitó a la Inspectoría General de la PNC que investigue la legalidad del arresto de la joven.
Denuncia silenciada
En agosto de 2021, un año antes de su detención, Selena había denunciado al padre de su primer hijo por violencia intrafamiliar. Con quien había comenzado la relación cuando ella tenía 14 años, pese a que la ley salvadoreña tipifica como violación cualquier acto sexual con una menor de 15.
Pese a los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales, este tipo de delitos ha sido históricamente normalizado en el país.
El último mapa de embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador, realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), reveló que se han contabilizado 2,880 inscripciones de casos de embarazo en niñas de 10 a 14 años en el sistema nacional de salud, desde 2019 hasta 2024.
Reyna recuerda que la relación estuvo marcada por la violencia física, psicológica y económica ejercida por el hombre 12 años mayor que ella. La abogada Magaña dijo que el agresor, identificado como Leonardo Alfredo García Ramos, tiene una orden de captura vigente por lesiones y expresiones de violencia contra la mujer, pero nunca ha sido detenido.
La familia sospecha que la llamada anónima que provocó el arresto de Selena pudo haber sido una represalia, porque uno de los agentes que presuntamente participó en el operativo es el padrastro del agresor denunciado.
“El régimen de excepción está siendo utilizado en algunos casos como una herramienta de venganza personal de personas cercanas a miembros de la policía o las fuerzas armadas”, advierte Magaña.
Una detención que terminó en tragedia
Selena fue enviada a la granja penitenciaria de Izalco junto a su hija menor, Génesis, entonces una bebé de nueve meses. Dos meses después de su ingreso, la niña enfermó gravemente y fue hospitalizada en varias ocasiones, sin que su familia fuera notificada.
Desde la pandemia de la COVID-19, las visitas familiares en las prisiones de El Salvador están totalmente prohibidas. Además, las autoridades no brindan información sobre las personas detenidas, incluso cuando se trata de los niños y las niñas que viven con sus madres en las cárceles.
En noviembre de 2022, Reyna se enteró por terceras personas de que su nieta estaba enferma. A pesar de la prohibición, logró verla en el hospital. Desde entonces, inició la lucha ante las autoridades competentes para que le devolvieran a la bebé.
El 19 de abril de 2023, Génesis fue entregada formalmente a una de sus tías. Según Reyna, la niña pesaba apenas 19 libras. A pesar de recibir cuidados médicos, murió menos de un mes después, el 17 de mayo.
Lee más detalles acá:
https://prensacomunitaria.org/2025/09/la-cidh-rechazo-el-caso-de-genesis-una-bebe-salvadorena-que-murio-tras-estar-con-su-madre-en-prision/
En la denuncia presentada ante la fiscalía, los abogados defensores solicitaron que se investigue si la bebé murió debido a las malas condiciones en la granja penitenciaria de Izalco. La fiscalía ordenó abrir una investigación por el presunto delito de homicidio en el caso de Génesis.
Aunque ninguna organización defensora de derechos humanos ha podido ingresar a los centros penitenciarios, desde que inició el régimen de excepción, las mujeres que han sido liberadas relatan condiciones de hacinamiento, falta de atención médica y maltratos.
En el año 2020, una investigadora de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer realizó una investigación para evaluar las condiciones en las que se encontraban las niñas y niños en ese lugar.
El informe señala que parte de las debilidades encontradas fueron: escasez de medicamentos para enfermedades comunes en las niñas y niños, educación impartida por personal no capacitado, espacio no adecuado para el juego y falta de salidas recreativas al exterior.
Para esta nota se solicitó una entrevista con la directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya de Morán, y el fiscal general de la República de El Salvador, Rodolfo Delgado Montes, pero hasta el cierre no se tuvo respuesta.
