El presidente Bernardo Arévalo debe analizar el decreto y decidir si veta lo aprobado de manera sorpresiva por la oposición en el Congreso.
Por Lorena Álvarez
Con la dispensa de dictamen y de urgencia nacional el Congreso dio luz verde para que los Consejos de Departamentales de Desarrollo (CODEDE) trasladen en 2026 las obras de arrastre con los saldos sin ejecutar que tengan al cierre del ejercicio fiscal de este año.
La iniciativa 6608 presentada por diputados de las bancadas Cabal; Vamos; Viva; Todos y Nosotros, se convirtió con 105 votos a favor en el decreto 7-2025 que ha sido cuestionado por centros de investigación, empresarios y hasta de Jonathan Menkos, el ministro de Finanzas, quien ya ha dicho que recomendará el veto.
La iniciativa no tuvo divulgación, ni discusión, ni dictamen y lo correcto es que el presidente Bernardo Arévalo lo vete, dijo Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
Y esa será la recomendación que Menkos dará al mandatario, ya que para él existen razones constitucionales para el veto del decreto “Ley de fortalecimiento financiero y continuidad de proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural”.
Fondos sin control
Desde hace dos semanas se conoció la intención de aprobar esta iniciativa, dijo José Chic, el diputado de la bancada Vos, quien votó en contra de la propuesta por considerar que vulnera los controles administrativos y de transparencia en los proyectos a cargo de los CODEDE.
Además, es un fondo de recursos que considerando los montos sin ejecutar de los aportes ordinarios y extraordinarios en 2026 puede alcanzar entre Q22 millardos y Q25 millardos, motivo de preocupación porque se puede prestar a casos de corrupción, señaló.
Los CODEDE acumularán los aportes ordinarios y los aportes extraordinarios de 2024 y los de este año, que se sumarán en 2026, convirtiéndose en un incentivo perverso entre alcaldes y diputados que parecen tener “su guardadito” para la campaña de las elecciones de 2027, agregó Barrientos.
Barrientos dice que la ampliación presupuestaria aprobada el año pasado dio origen al actual problema, al mencionar el decreto 27-2024 que aumentó en Q5,012.0 millones el presupuesto para los CODEDE.
De acuerdo con la información del tablero de desembolsos de los CODEDE, que actualiza el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), las asignaciones ordinarias en los dos últimos años suman Q8.2 millardos, más las modificaciones por Q10.3 millardos. Ambos aportes llevan a un presupuesto vigente de Q18.6 millardos.
De esos Q18. 6 millardos, la ejecución reportada que corresponde a los montos de 2024 y 2025 es de Q6.8 millardos según este portal, es decir el 40 por ciento, lo que deja al momento Q11.8 millardos de saldo sin ejecutar.
https://prensacomunitaria.org/2025/09/el-gobierno-solicita-q163-7-millardos-de-presupuesto-para-2026-pese-a-baja-ejecucion/
La asignación para 2026
Esa cifra sin ejecutar podría aumentar a Q14 mil millones si se aprueba el Presupuesto General de 2026 tal y como lo presentó el Ejecutivo esta semana.
En la propuesta de Presupuesto para 2026 que remitió el Minfin al Congreso, el aporte ordinario para los CODEDE es de Q4 mil 491.4 millones; y en el artículo 55 plantea la reprogramación de obras con la ampliación del presupuesto con los saldos por devengar de 2025.
Además, en corrillos del Congreso se ha mencionado la posibilidad de asignar un aporte extraordinario a los CODEDE por Q7 millardos.
Para el diputado Chic la diversidad de portales web con datos y porcentajes de la ejecución de los Consejos no resuelve el problema de falta de transparencia. “Siguen operando redes clientelares de la obra pública”, dijo al cuestionar que muchos proyectos en ejecución son de mantenimiento de caminos, es llevar maquinaria para la terracería.
Pedido de veto
Horas después de la aprobación del decreto, el ICEFI solicitó el veto presidencial porque debilita los controles del gasto que ejecutan los CODEDE. “Prácticamente suprime la supervisión del avance físico y financiero de las obras”, y se abren espacios para el abuso y la corrupción, que históricamente se señalan a estas entidades, agrega.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) pide el veto porque viola el principio de anualidad del presupuesto nacional y abre la puerta a una bolsa paralela de fondos públicos sin el control político garantizado por la Constitución.
También el Consejo Nacional Empresarial (CNE) rechazó el decreto considerando que es un retroceso en la lucha contra la corrupción.
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) dijo que con lo aprobado se debilita el control del gasto y no resuelve la baja ejecución en la inversión. Dar vía rápida o aprobaciones tácitas agrava las debilidades de control interno y el arrastre automático de las obras quebranta la anualidad y el cierre presupuestario.
Error del oficialismo
El camino correcto es que el presidente vete el decreto, pero hay que recordar que ellos empezaron el problema, declaró Barrientos al comentar que la propuesta del silencio administrativo fue un error del oficialismo propuesto en la iniciativa 6576 que se incluyó en lo aprobado.
La iniciativa para agilizar la inversión pública fue presentada por Victoria Godoy Palala y José Carlos Sanabria, ambos diputados del Movimiento Semilla, —quienes ayer votaron en contra—, y en el artículo seis se refiere a los plazos para emitir resoluciones, permisos, avales, licencias y cualquier procedimiento para la ejecución de proyectos por parte de los CODEDE.
Con el decreto quedó establecido un plazo de cinco días hábiles para que las entidades resuelvan las solicitudes presentadas, transcurrido ese término sin que exista una respuesta se tomará como afirmativa y en tres días hábiles deberán entregar la documentación correspondiente.
Chic coincide en que hay algunos obstáculos como los avales que impiden ejecutar con agilidad los recursos, pero también hay atrasos por la corrupción ocasionada por los cobros que realizan gobernadores y directores de los CODEDE para firmar un convenio. Pero, aquí la medicina sale peor que la enfermedad, dijo.
Las críticas al decreto surgen en el momento que inicia el debate por la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para 2026. La discusión del dictamen la dirige Julio Héctor Estrada, diputado de Cabal y presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, que respalda el decreto 7-2025 y es un crítico de la gestión de Menkos al frente del Minfin.
Esta iniciativa tuvo el voto del presidente del Congreso para que se conociera de urgencia nacional y unió a diputados que el año pasado hasta se agredieron en un restaurante, afirmó el congresista haciendo alusión a Allan Rodríguez (Vamos) y Luis Aguirre (Cabal).
Desde el dictamen que emita la Comisión se pueden hacer modificaciones al proyecto enviado, y que sea la oposición la que defina el presupuesto de 2026, indica Chic señalando que en la votación del 7-2025 coincidieron los intereses de una alianza de diputados y eso alcanzó para pasar la ley, pero no se sabe si ocurrirá lo mismo con el presupuesto.
