La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó el caso de Génesis, una bebé que murió tras ocho meses junto a su madre encarcelada en El Salvador. Los abogados defensores consideran que la decisión vulnera derechos.
Por Prensa Comunitaria
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no admitió una solicitud de medidas de protección urgente y de reparación a favor de la madre de Génesis M., una bebé que falleció tras pasar ocho meses en una granja penitenciaria de El Salvador, a donde fue llevada junto a su madre en el contexto del régimen de excepción.
Tras la muerte de la menor, la abuela denunció que la niña le fue “arrebatada” de los brazos en una sede policial, cuando la llevó para que su madre la amamantara. Posteriormente fue enviada a la prisión, donde enfermó de gravedad. La niña falleció un mes después de salir de prisión.
Los abogados y defensores de derechos humanos Jayme Magaña y Otto Flores habían solicitado a la CIDH que otorgara medidas de protección urgente a favor de Marbely Selena M., madre de la bebé, quien actualmente sigue encarcelada y que dictara medidas de reparación, debido a que el Estado no le garantizó el derecho a la vida a su hija.
El 14 de julio de 2023, durante una audiencia de la CIDH, la directora del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya de Morán, se refirió al caso de Génesis y aseguró que la bebé había nacido con asma. Para esta nota se solicitó una entrevista a la directora de Conapina, pero no se ha tenido respuesta.
La Comisión señaló que la solicitud no fue aceptada porque no cumplió con los requisitos del reglamento interno que establece que deben existir “situaciones de gravedad y urgencia” y “riesgo de daño irreparable”. La Comisión también evalúa si la situación de riesgo ha sido denunciada ante las autoridades pertinentes.
“La misma CIDH sabe que no podemos agotar las instancias en El Salvador, porque eso implicaría esperar siete años y eso vulnera las reglas que la misma Comisión establece para este tipo de delitos”, explicó Magaña.
La abogada calificó como “básica” la respuesta de la CIDH y dijo que sospecha que el expediente que presentaron no fue revisado. “Estamos hablando de la muerte de una bebé, la detención arbitraria de una mujer por haber interpuesto una denuncia por violencia, un niño que está en orfandad y un delincuente que sigue libre”, lamentó la abogada.
Aunque la CIDH establece como regla general para admitir una denuncia que se hayan agotado los recursos de la jurisdicción interna, hay excepciones que están establecidas en el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Entre las excepciones está cuando no existe en la legislación interna el debido proceso para el derecho vulnerado; cuando a la presunta víctima se le ha negado el acceso a la justicia y cuando hay un retraso injustificado en los procesos judiciales internos.
La joven lleva más de tres años detenida sin tener comunicación con su familia ni sus abogados. En la solicitud, los abogados habían planteado la vulneración a los derechos de un juicio justo, al debido proceso y a la vida y a la integridad de la detenida y su hija.
La detención que terminó en tragedia
Marbely Selena fue detenida el 29 de agosto de 2022 bajo el estado de excepción impuesta por el gobierno de Nayib Bukele. La policía llegó a su vivienda asegurando que habían recibido una llamada anónima en la que se le acusaba de colaborar con pandillas, un mecanismo de detención habilitado en el régimen de excepción.
Su madre, Reyna A., niega que su hija tuviera vínculos con pandillas. Asegura que ella se dedicaba a cuidar a sus hijos y a ayudarle a vender tortillas. “La captura de ella fue arbitraria porque ella no andaba en ningún grupo, ella se mantenía en la casa ayudándome con las tortillas y cuidando a los niños”, dice la señora.
Durante los primeros tres días Selena fue recluida en las bartolinas policiales, donde Reyna llevaba diariamente a la bebé para que pudiera ser amamantada. El 1 de septiembre, la abuela asegura que los policías le ordenaron entregar a la niña porque junto a su madre sería trasladada a la Granja Penal de Izalco. Le aseguraron que la niña estaría en buenas condiciones.
“Mi nieta me fue arrebatada de mis brazos, pero me dijeron que no me preocupara que allá estaría bien con su mamá”, recuerda la abuela.
Una abogada de la organización Cristosal, quien habla desde el anonimato por seguridad, explica que en casos como ese se requiere de una evaluación médica y psicológica. Además, debe existir una autorización formal emitida por la Procuraduría General de la República, una Junta de Protección del Conapina que protege a la niñez o de un juez competente.
Dos meses después que Génesis llegó a la prisión junto a su madre enfermó y fue hospitalizada en varias ocasiones sin que la familia materna fuera notificada. En las prisiones de El Salvador, desde la pandemia de la Covid-19, la visita familiar está totalmente prohibida, pero tampoco brindan información de los detenidos a sus parientes.
Fue hasta noviembre de 2022 que Reyna se enteró por terceras personas de que su nieta estaba enferma y pese a la prohibición logró verla en el hospital. Luego de eso inició la lucha ante las autoridades competentes para que le devolvieran a la bebé a otra de sus hijas.
El 19 de abril de 2023, Génesis fue devuelta formalmente a una tía. Reyna relata que pesaba sólo 19 libras. A pesar de los cuidados médicos que recibió, murió el 17 de mayo. “Si no me la hubieran quitado, quizás estaría viva”, dice Reyna con voz quebrada pero decidida a seguir buscando justicia.
Dos días después del fallecimiento, unos agentes de la policía llegaron a su casa y le informaron que Selena sería liberada por orden judicial. A la fecha, más de dos años después, sigue encarcelada.
