La jueza Lisbeth Mireya Batún que ordenó el traslado de Aldo Dupie Ochoa Mejia, enfrentó meses atrás una denuncia disciplinaria. El proceso, impulsado por una fiscal del MP, pese a la recomendación de la Supervisión de Tribunales fue cerrado por la Junta de Disciplina Judicial.
Por Alexander Valdéz
Meses antes de que su nombre apareciera en la opinión pública por ordenar el traslado del líder de la pandilla Barrio 18, Aldo Dupie Ochoa Mejia, alias “el Lobo”, la jueza de Ejecución Penal Lisbeth Mireya Batún Betancourt había enfrentado cuestionamientos en el Organismo Judicial (OJ) por parte de una agente fiscal del Ministerio Público (MP), que la denunció por haber pedido que se le apartara de un expediente judicial (22015-2014-02916).
Según documentación a la que tuvo acceso Prensa Comunitaria, en 2024, la agente fiscal Karla Patricia Minera Vásquez promovió una denuncia disciplinaria contra Batún. Una situación similar a la ocurrida con la exfiscal Virginia Laparra, a quien se le criminalizó por haber denunciado a un juez.
El señalamiento de la fiscal de la Fiscalía de Ejecución no está relacionado con la reciente orden para trasladar al pandillero, sino con un expediente de ejecución de condena (1372-2018) en el que la jueza recusó a la propia fiscal Minera, argumentando enemistad personal.
De acuerdo con la denuncia, Batún no siguió el procedimiento legal que exige la Ley del Organismo Judicial cuando un juez debe excusarse por enemistad. Es decir, en lugar de someterlo al trámite formal, lo resolvió directamente, impidiendo la participación de la fiscal en audiencias clave. A criterio de la fiscal, eso no solo alteró las reglas del proceso sino que significó una interferencia en las funciones del ente investigador.
En el expediente consta que la Supervisión General de Tribunales llevó a cabo una investigación administrativa y consideró que existían elementos suficientes para continuar con la indagación, incluso calificando la conducta de la juzgadora como posibles “faltas graves”, entre ellas variar el curso de un proceso judicial sin justificación y extralimitarse en funciones.
Sin embargo, en junio de este año, la Junta de Disciplina Judicial resolvió a favor de Batún. ¿Qué fue lo que pasó? Declaró con lugar un recurso legal planteado por la jueza y revocó la admisión de la denuncia. Esto quiere decir que frenó la continuidad del procedimiento disciplinario contra la funcionaria judicial.
Hasta hace unas semanas este fallo había pasado prácticamente desapercibido. No obstante, cobró relevancia después, principalmente porque la jueza Batún que, según la Supervisión de Tribunales, pudo haber incurrido en una falta grave dentro de otro proceso, apareció nuevamente en la agenda pública por ordenar el traslado del cabecilla pandillero más poderoso dentro del sistema penitenciario, según el Ministerio de Gobernación.
En la actualidad ese proceso está en manos de la Corte de Constitucionalidad (CC) que conocerá un amparo promovido por la agente fiscal contra la resolución de la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial.
“Se advirtió que la juzgadora incurrió en infracciones de carácter administrativo inobservando lo que para el efecto establece el artículo 123 de la Ley del Organismo Judicial; pues si en su momento estimó tener enemistad con alguna de las partes, lo procedente era plantear excusa de seguir conociendo, no recusarla en su calidad de agente fiscal como lo hizo”, indica el reclamo de la fiscal.
Por su parte, la jueza argumentó en el recurso legal, con el que logró detener el procedimiento disciplinario, que no había tenido la oportunidad de defenderse frente a los señalamientos incorporados en la denuncia. La Junta de Disciplina aceptó ese planteamiento y, por ello, resolvió no dar continuidad al caso, pese a que la Supervisión de Tribunales ya había considerado que la funcionaria pudo haber incurrido en una falta grave.
El traslado aún no se ejecuta
El 18 de septiembre, Francisco Jiménez, el ministro de Gobernación, informó que la jueza de ejecución penal Lisbeth Mireya Batún Betancourt ordenó el traslado de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “el Lobo”, uno de los principales cabecillas del Barrio 18, de la cárcel de alta seguridad Renovación I hacia Fraijanes II.
Ochoa había sido llevado a Renovación, el 10 de julio, junto a otros líderes de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. Sin embargo, la orden de Batún generó oposición inmediata: el Sistema Penitenciario la impugnó argumentando que “representa un riesgo directo para los guatemaltecos”.
Por esa razón, la resolución aún no ha quedado en firme. En el mismo proceso también se cuestionó el papel de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, señaladas de haber recomendado el traslado a una prisión de menor seguridad.
“El Lobo” es esposo de María Marta Castañeda Torres, sobrina de Sandra Torres y es considerado uno de los máximos dirigentes del Barrio 18 y miembro de la clica “Solo Raperos”. Actualmente cumple una condena de 191 años de prisión por el asesinato de 11 conductores de buses, aunque el Ministerio Público había pedido penas que sumaban más de 1,600 años. Además, enfrenta procesos por robo, asesinato, tentativa de asesinato, femicidio y asociación ilícita.
De acuerdo con los registros del Sistema Penitenciario, Ochoa fue capturado por primera vez en abril de 2003 y recluido en el Preventivo para Hombres de la zona 18. Desde entonces ha protagonizado hechos de alto impacto, entre ellos el motín de 2020 en el que diez guardias penitenciarios fueron retenidos, así como ataques con explosivos y armas de fuego en San José Pinula y la capital.
Acá otra nota que puedes leer:
https://prensacomunitaria.org/2020/02/iniciativa-antipandillas-es-enviada-a-analisis-a-pesar-de-contener-una-inconstitucionalidad/
