El juez Timothy Kelly, de Washington, DC aseguró en su resolución que los argumentos de la administración Trump para repatriar a los guatemaltecos se caen “como una casa de naipes”.
Héctor Silva Ávalos
El juez Timothy Kelly decidió, a primera hora de este jueves, bloquear de forma indefinida las deportaciones de niños y niñas guatemaltecas que no tengan órdenes finales de repatriación, a los cuales la administración de Donald Trump quiso regresar de forma sorpresiva a Guatemala a finales de agosto pasado.
“Se ordena que a los acusados, sus agentes, representantes y todas la personas y entidades que actúan junto a ellos se les prohíba transferir, repatriar, remover o facilitar de cualquier manera el transporte de los peticionarios (los niños y niñas guatemaltecos) fuera de los Estados Unidos”, dice la orden judicial.
Con la resolución, Kelly otorga alivio indefinido a los menores, al menos hasta que se resuelvan las peticiones de asilo y refugio que tienen pendientes ante la justicia estadounidense.
Cuando los quiso deportar en agosto pasado, la administración alegó que lo hacía para reunificar a los niños y niñas con sus familiares en Guatemala por petición de estos últimos y, luego, en una declaración jurada, una funcionaria de Trump aseguró que ninguno de los afectados corría peligro en caso de volver al país centroamericano, lo que luego fue desmentido.
Senadores piden interpelar a funcionaria de Trump por mentir
El caso de los 600 niños y niñas guatemaltecas que la administración Trump intentó deportar de forma sorpresiva a finales de agosto pasado sigue complicando al Ejecutivo estadounidense. El miércoles, dos senadores demócratas pidieron cuestionar en una audiencia pública de la cámara alta en Washington a Angie Salazar, quien ha quedado al descubierto por mentir bajo juramento al ocultar información sobre los riesgos reales que enfrentarían al menos de los 30 menores.
Salazar es la directora interina de la Oficina de Refugio y Reasentamiento del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (ORR), la institución a cargo de supervisar los paraderos de niños y niñas que, como los guatemaltecos, solicitan medidas migratorias de alivio, refugio en este caso. En un escrito que envió el 6 de este mes al tribunal de Washington, DC que lleva el caso de los guatemaltecos, Salazar aseguró que en ninguno de 367 casos revisados se detectó riesgo por deportación. Eso, se supo luego, no es así.
A última hora del 16 de septiembre, representantes de los guatemaltecos informaron a la corte sobre un documento en el que se establece que, en al menos 30 de los casos, hay riesgos reales de que los niños y niñas sufran amenazas, maltrato, torturas o de que su vida corra peligro si vuelven a su país de su origen. En ese documento se asegura, también, que Salazar ya sabía de esto cuando declaró ante la corte la ausencia de amenazas.
Abogados de dos informantes confidenciales “con acceso directo y legal” a las bases de datos de ORR hicieron las revelaciones a través de una carta que sus representaron al subcomité de migración y seguridad fronteriza del senado en Washington. Es el mismo documento que luego enviaron al tribunal los representantes legales de los guatemaltecos.
Tras conocer sobre la información que, se supone, ocultó Salazar a la corte, los senadores Dick Durbin, demócrata por Illinois y vicepresidente del comité judicial de la cámara alta, y Alex Padilla, demócrata por California y vicepresidente del subcomité de inmigración y seguridad pública, hicieron una petición formal para que esta y otros funcionarios vinculados al intento de deportación de los guatemaltecos sean interpelados en una audiencia formal, lo que implicaría que declararían bajo juramento y que, de mentir, incurrirían en un delito.
Durbin y Salazar son dos de los senadores que con más fuerza han cuestionado la política migratoria de Trump y su arremetida contra personas indocumentadas que están en los Estados Unidos protegidos por la ley mientras esperan resoluciones en peticiones de asilo. En abril, Padilla encabezó a un grupo de siete senadores, todos demócratas, que exigieron a la administración Trump impedir que ORR siga trasladando información sensible de niños y niñas con fuerzas policiales que buscan deportarlos.
“Lo que han dicho los informantes confidenciales es chocante. Si es cierto que la administración (Trump) ha ocultado información a las cortes para justificar la deportación de menores no acompañados… que nunca debieron estar en esa lista (de personas sujetas a deportación), eso es algo que no tiene excusa”, dijo Padilla respecto a los guatemaltecos.
La corte de Washington que ve el caso de los niños y niñas guatemaltecos ha emitido una restricción temporal que impide, por ahora, que sean deportados; esa protección vence mañana, 18 de septiembre, a la medianoche.
Las deportaciones exprés que intentó Trump en los casos de estos guatemaltecos están amparadas en un acuerdo migratorio pactado con el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo.
