Gobernación e Instituto de la Víctima se desligan de apoyo a la CSJ por integración de nuevas Salas

 

El Ministerio de Gobernación y el Instituto de la Víctima se desmarcaron del comunicado de la Instancia Coordinadora del Sector Justicia que dirige Alejandra Carrillo. Ambas instituciones negaron haber participado en las decisiones y criticaron el exceso de atribuciones del organismo.

Por Alexander Valdéz

El Ministerio de Gobernación y el Instituto de la Víctima emitieron comunicados en los que se desligan del pronunciamiento hecho por la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, que dirige Alejandra Carrillo. El comunicado respaldaba la implementación de nuevas Salas de la Corte de Apelaciones y posibles nombramientos de jueces, una acción que ha generado una división al interior de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Gobernación no solo rechazó el contenido del comunicado sino también “el espíritu” del mismo, señalando a la instancia de haber excedido su “marco funcional original”. El ministro Francisco Jiménez dijo que este espacio fue concebido como un mecanismo técnico de articulación y no para la toma de decisiones con “implicaciones políticas y jurídicas”. Anunció, además, que se encuentra en un “proceso de retiro formal” de la instancia debido a la “pérdida de legitimidad técnica en su accionar”.

“El Ministerio de Gobernación no ha participado en ninguna de las reuniones ordinarias ni extraordinarias de la Instancia durante los últimos dos meses, aun cuando estas han sido abundantes. Nos encontramos en proceso de retiro formal de dicha instancia, debido a la pérdida de legitimidad técnica en su accionar y a decisiones que exceden su marco funcional original”, señalaron.


En la misma línea, el Instituto de la Víctima emitió un pronunciamiento aclarando que no fue convocado a las reuniones donde se elaboró y aprobó el cuestionado comunicado. La institución enfatizó que, al no haber participado, el contenido del documento “no refleja el criterio ni la postura institucional” de la misma. Estas reacciones pusieron en evidencia los procedimientos internos de la instancia que dirige Carrillo, sugiriendo una falta de transparencia y consulta con sus miembros.

“El Instituto de la Víctima no fue convocado a ninguna reunión en la que se haya agendado la elaboración o aprobación del mencionado comunicado; por lo que no tuvo conocimiento previo del contenido ni oportunidad alguna de emitir opinión al respecto. Consecuentemente, no participó en la reunión de la Instancia en la que se aprobó dicho comunicado”, expresó.


La Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia se constituyó el 25 de septiembre de 1997 mediante una carta de intención, con el propósito de apoyar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Su rol es dar seguimiento a las recomendaciones del Informe final de la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia y desarrollar acciones conjuntas para modernizar integralmente el sector justicia.
Sus decisiones se toman por consenso dentro del ámbito de actuación de cada institución que la integra: el Organismo Judicial (OJ), el Ministerio Público (MP), el Ministerio de Gobernación (MinGob), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y, desde 2019, el Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito.
Desde 2024, es presidida por Alejandra Carrillo, exdiputada y exdirectora del Instituto de la Víctima. Carrillo enfrenta sanciones internacionales por corrupción junto a su esposo el diputado Felipe Alejos. Aunque enfrentó dos investigaciones por supuesta corrupción en su último cargo público, los casos fueron cerrados por el Ministerio Público de Consuelo Porras.

CSJ no da marcha atrás a integración de Salas

En los últimos días el pleno de la Corte Suprema de Justicia, dirigido por Teódulo Cifuentes, enfrenta cuestionamientos no solo por la creación de Salas de Apelaciones en los departamentos, sino también por haberlas integrado con magistrados suplentes sin haber consultado al Congreso de la República, al que le compete cubrir las vacantes que surge por creaciones de nuevos espacios judiciales de este tipo.

Las Salas de Apelaciones son consideradas un engranaje clave dentro del sistema judicial, pues sus magistrados tienen la tarea de revisar las decisiones emitidas por los Juzgados de Primera Instancia y asegurar que se cumpla la ley. No obstante, en los últimos años se ha consolidado una tendencia: varias de estas Salas han favorecido a personas señaladas por corrupción y, al mismo tiempo, han avalado medidas en contra de abogados, periodistas, jueces y fiscales independientes.

Por mayoría, el pleno de magistrados de la CSJ avaló la creación de al menos 17 nuevas Salas de Apelaciones en todo el país, y ya inició el proceso de integración con el nombramiento de magistrados titulares y suplentes en cuatro de ellas.

Por ahora, la CSJ designó directamente a 12 titulares, tres por cada sala y ocho suplentes, además de autorizar traslados y otros ajustes administrativos, en las Salas ubicadas en los departamentos de El Progreso, Suchitepéquez, Coatepeque (Quetzaltenango) y Totonicapán.

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https://prensacomunitaria.org/2025/08/asi-se-distribuyeron-las-cuatro-salas-de-apelaciones-creadas-por-la-csj/