Desde que Bernardo Arévalo inició su gobierno prometió la elaboración de la Política Pública para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, que sería la base jurídica para la creación del mecanismo de protección para periodistas. Sin embargo, el proceso está entrampado en la burocracia y la falta de voluntad de funcionarios, mientras los ataques contra el ejercicio periodístico aumentan.
Por Simón Antonio Ramón
Las amenazas, el acoso judicial, la criminalización, la persecución, la violencia física y las campañas de difamación por medio de redes sociales contra periodistas continua en escalada. Mientras eso ocurre, el gobierno mantiene entrampada la creación del Programa de Protección para Periodistas, proyecto prometido por el Estado guatemalteco en el Examen Periódico Universal (EPU) de 2012. Desde el inicio del gobierno encabezado por Bernardo Arévalo, tanto la prensa independiente y organizaciones que promueven la libertad de expresión y de prensa a nivel internacional están pendientes de que el Ejecutivo eche a andar un mecanismo de protección para periodistas.
Durante los momentos más altos de violencia contra periodistas y criminalización, entre marzo y mayo de 2025, quedó en evidencia que no existe ninguna garantía estatal para que la prensa pueda ejercer su trabajo en condiciones seguras. JoseRubén Zamora continúa detenido, varios periodistas se encuentran en el exilio y quienes hacen periodismo independiente lo hacen en condiciones precarias y de inseguridad.
Son los propios medios de comunicación y gremios periodísticos quienes organizan su monitoreo, realizan las denuncias públicas y la gestión de riesgo.
Prensa Comunitaria constató, a través de un ejercicio de fiscalización, que no existe ninguna garantía de protección del Estado para que la prensa pueda ejercer su trabajo en una época en donde se ha arreciado el acoso judicial y la criminalización por medio de casos presentados por el Ministerio Público.
En casos de emergencia, cada periodista o medio tiene que establecer sus mecanismos de protección y buscar acceso a redes de solidaridad en el país o fuera de él.
Los funcionarios se escudan en decir que desde el Ejecutivo se está construyendo una Política Pública para Defensores de Derechos Humanos que servirá para generar mecanismos de atención integral y posteriormente de atención específica como el programa o mecanismo de protección para periodistas. La presentación de esa Política Pública, según ellos, estaba proyectada para la primera semana de mayo, sin embargo, a la fecha no hay noticias sobre la misma.
En la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 22 de julio sobre criminalización, Elvin Díaz, director de la Comisión Presidencial por La Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), dijoque la política aún se encuentra en revisión, pero no especificó una fecha en la que vaya a ser publicada.
“Creemos que echar a andar esa política pública nos permitirá, no solo el cumplimiento de una obligación internacional, sino también dar garantías de derechos humanos”, dijo.
Santiago Palomo, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, en su mensaje del 3 de mayo pasado en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, señaló que el presidente había ordenado la elaboración de la Política para la Protección de Periodistas, sin establecer fecha de implementación.
Se consultó a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) como entidad responsable para la coordinación de las políticas públicas sobre el destino de la vida jurídica del programa de protección, pero no hubo ninguna respuesta.
Se buscó una entrevista con Palomo, él mismo pidió que se coordinara con su equipo la entrevista. Julio Lara, a quien se le pidió coordinar la reunión, solicitó que se enviara un correo electrónico para establecer la fecha y hora, pero hasta la fecha no se respondió a la solicitud de Prensa Comunitaria.
Entre instancias, promesas y burocracia
El 29 de agosto de 2024 fue creada la Instancia de Análisis de Ataques al Derecho de Personas, Organizaciones, Comunidades y Autoridades de Pueblos Originarios a Defender Derechos Humanos, Acuerdo Gubernativo 214-2025 bajo la coordinación del Ministerio de Gobernación (MINGOB). Hasta la fecha, es la única acción que el gobierno ha implementado para la protección del gremio periodístico.
Esta unidad creada en 2007 dejó de funcionar durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Su objetivo buscaba analizar patrones de ataques para establecer la atención integral a defensores y periodistas.
Hasta el momento, esa instancia solo ha promovido mesas de trabajo a nivel nacional, pese a la cantidad de informes y diagnósticos nacionales e internacionales que existen sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala y de la prensa, esta unidad sigue “buscando identificar patrones de ataques, evaluar riesgos y proponer medidas de protección”, al menos así lo informaron en junio pasado a la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos de la ONU.
📣 Mary Lawlor (@MaryLawlorhrds), Relatora Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, expresó su preocupación por una campaña de desprestigio contra periodistas de Prensa Comunitaria en Guatemala 🚨
Exige al Estado garantizar su labor y… pic.twitter.com/qPDiTchR0O
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) April 15, 2025
“Al inicio de esta instancia se obtenían los datos de lo que estaba pasando por medio de los informes de la sociedad civil, y se contrastaba con lo que tenía la Policía Nacional Civil. Ahí se logró establecer la diferencia de patrones entre robos comunes a casas o negocios y lo que se llama allanamientos ilegales a oficinas”, señaló Claudia Samayoa, asesora de derechos humanos del Ministerio de Gobernación, responsable de la Instancia de Análisis de Ataques.
Samayoa dice que ahora se estableció una ruta de atención que se inicia con una llamada telefónica al número 1543 paradenuncia de defensores, esta línea está vigente desde 2016.
“Si el periodista llama al 1543 ahí la atención obliga a dos cosas: uno, a comunicarse con la subestación local para pedirle que vaya a donde está el periodista, a ver su situación o si el periodista está denunciando me están siguiendo o tengo una vigilancia frente a mi casa, todo eso puede ser el escenario”, señaló.
Esa denuncia se traslada a la Dirección Especializada en Investigación Criminal (DEIC) para hacer las averiguaciones en las primeras 24 y 48 horas para que cuando llegue la denuncia al Ministerio Público haya suficiente información, agregóSamayoa.
El Ministerio Público (MP) no participa en esta instancia, porque durante el gobierno de Alejandro Giammattei se instaló una mesa de análisis para patrones de agresiones contra sindicalistas, pero la Fiscalía envió una carta informando que ya tenía su propio mecanismo de análisis de patrones.
En “fase de diagnóstico”
En la misma audiencia con la CIDH, el pasado 22 de julio, Samayoa informó que junto a la Red Rompe el Miedo/Guatemala elaboraron un diagnóstico a partir de grupos focales que realizaron a nivel nacional para identificar los patrones de ataques con periodistas. Ahora trabajan con personal de las fuerzas de seguridad. “Con miembros de la policía y del Ministerio de Gobernación estamos en la fase de activar un diálogo, incluso subsanar algunas de las dificultades que tienen los periodistas, particularmente en el interior de la República en torno al acceso a la información”, dijo Samayoa.
El informe al que se refiere Claudia Samayoa se presentó el martes 29 de julio al Ministerio de Gobernación, según el documento, participaron 71 periodistas en siete grupos focales a nivel nacional, en un contexto determinado como hostil al periodismo independiente.
En el documento se identifican vacíos institucionales de todos los niveles como la carencia de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y la COPADEH, en el enfoque de derechos humanos y especializados. También se identificó que las denuncias de las y los periodistas no avanzan en el sistema de justicia, “lo que refuerza la impunidad”.
También señala la falta de protocolos ante casos de alto riesgo que requieren más atención. “No existen protocolos diferenciados para atender a periodistas con mayor riesgo, como mujeres, comunicadores comunitarios, defensores indígenas o periodistas que han tenido que desplazarse internamente por amenazas”, se registra en el informe.
La PDH en silencio
Alejandro Córdova Herrera, al frente de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), ha guardado silencio ante atropellos contra periodistas, a pesar de que tiene una Defensoría para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En su página web no está registrado ni el nombre de la persona responsable de esta instancia.
En el Ministerio Público, la Fiscalía de Delitos contra Periodistas fue creada en noviembre de 2019 al mismo tiempo que la Defensoría en la oficina del PDH.
Sin embargo, muchos periodistas evitan presentar sus denuncias ante esta fiscalía por los casos de persecución y criminalización emprendidos en su contra y medios por la misma institución desde hace más de cuatro años.
Condiciones inestables
Prensa Comunitaria y Ruda han identificado en lo que va del año al menos 14 formas de violencia contra periodistas, entre estas: difamación, acoso judicial, restricción de cobertura, intimidación, ciberataque, ofrecimiento de sobornos, desaparición, asesinato y amenazas.
Las modalidades de violencia contra la prensa en 2025 no son diferentes a los datos registrados en el informe de 2024 realizado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señaló cinco patrones de violencia contra periodistas: amenazas, obstáculos en el acceso a la información, restricciones a la cobertura periodística, criminalización de periodistas, presiones económicas a medios de comunicación y ataques en redes sociales, especialmente a través de estructuras señaladas como “netcenters”.
En el informe elaborado por la Red Rompe el Miedo, se dice que estas violencias se ejercen en “estructuras históricas de racismo y exclusión, tienden a intensificarse cuando estos actores denuncian conflictos territoriales, extractivismo, discriminación o violaciones a los derechos colectivos de sus comunidades”.
Los grupos focales creados del que se obtuvieron insumos para el informe, identificaron cinco grandes modalidades de violencia contra el ejercicio periodístico que se particularizan en las comunidades e instituciones públicas: violencia física y verbal durante coberturas especialmente durante manifestaciones, audiencias judiciales y eventos municipales; seguimiento, hostigamiento digital y campañas de desprestigio, muchas veces orquestadas desde cuentas anónimas y netcenters; estigmatización y discursos de odio promovidos por figuras públicas; uso indebido de leyes penales para inhibir investigaciones periodísticas; desprotección institucional: denuncias archivadas, falta de medidas cautelares y ausencia de mecanismos eficaces de protección estatal.
Haroldo Shetemul, periodista y docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), dice que los actos de violencia contra la prensa no son hechos aislados, sino que tienen un objetivo. “Forman parte de una acción dirigida para censurar, amordazar a los periodistas en Guatemala. Esta es una criminalización a los trabajadores de los medios de comunicación que ejercen un derecho constitucional legítimo, que es la libre emisión del pensamiento, además las leyes del país garantizan el derecho a informar y ser informado”, dijo.
Estas acciones forman parte de una estrategia donde se benefician dirigentes políticos, funcionarios y estructuras criminales, explica. “Atrás de esto hay una alianza que conocemos como Pacto de corruptos, en la cual hay políticos comoAlejandro Giammattei, hay funcionarios como Consuelo Porras y también tenemos a lo que se ha llamado dictadura judicial, porque en el Organismo Judicial hay jueces, magistrados que responden precisamente a ese sector que no quiere que se puedan ejercer libremente los derechos en Guatemala”, dijo.
Acoso, agresión y difamación
Entre enero y julio, el gremio se ha enfrentado a la violencia que vulnera el ejercicio periodístico, con mayor auge en el ámbito digital. Algunos casos se han destacado por el acoso judicial, casos presentados por el Ministerio Público, denuncias de abogados, hasta la desaparición de un periodista en el departamento de Jutiapa.
El lunes 21 de abril, Santiago Palomo, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, condenó los actos de violencia que han sufrido periodistas de Prensa Comunitaria y de Vox Populi.
Mario Recinos, el presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), coincidió con Shetemul sobre el papel que realiza el sistema de justicia en la criminalización contra periodistas.
“Hay un aumento de acciones que no solo dañan el trabajo de los periodistas, sino que afecta también a la libre expresión, al acceso a las fuentes de información como en el sector justicia, que es ahí donde se limita”, señaló Recinos.
Además, dijo que las intenciones del sector impulsan las agresiones hacia la prensa para crear un contexto de vulnerabilidad al acceso a derechos y hostigamientos. “Hay una situación que tiende a desgastar a todos aquellos medios de comunicación que defiende no sólo la democracia sino el libre juego de las ideas”, aseguró.
El gremio sigue esperando la protección
Desde Otto Pérez Molina hasta Bernardo Arévalo se ha prometido la creación del mecanismo de protección a periodistas, pero sigue entrampado en la burocracia o la falta de voluntad de los gobiernos de turno. Mientras el periodista Jose Rubén Zamora sigue detenido y la prensa independiente sigue estando desprotegida, el eejecutivo continúa analizando los patrones de agresiones.
https://prensacomunitaria.org/2025/09/corte-de-constitucionalidad-avala-fallo-que-mantiene-preso-a-jose-ruben-zamora/
