El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) recusó a la jueza Abelina Cruz señalando que había adelantado su opinión acerca de un testimonio que podría escucharse en el juicio, lo que retrasa la audiencia de ofrecimiento de pruebas.
Por Simón Antonio Ramón
La abogada Carmen Peralta Marroquín del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) quien ejerce la defensa legal de Darío Morales García, acusado en el asesinato del obispo Juan José Gerardi Conedera, recusó a la jueza Abelina Cruz del Juzgado de Mayor Riesgo D lo que impidió la realización de la audiencia de ofrecimiento de pruebas.
La jueza había programado para este lunes 22 de septiembre la audiencia de ofrecimiento de pruebas de cargo y descargo por los delitos de ejecución extrajudicial en grado de complicidad y falso testimonio. Sin embargo, al inicio de la audiencia la jueza informó que el IDPP había presentado la recusación.
“Fue presentada a las 10 horas con 55 minutos una recusación contra esta judicatura”, dijo la jueza, por lo que suspendió la audiencia a cinco minutos de haberse iniciado.
Cruz indicó que el caso continuará hasta que la Sala Segunda de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio acepte o rechace la recusación.
“La argumentación que utiliza el IDPP es que la jueza de alguna forma adelantó su opinión respecto a la recepción de un testimonio que podía ser escuchado en el debate”, dijo Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), querellante.
Rodenas señala que esa recusación no tiene ningún sustento ya que la jueza ya no es quien decide sobre la aceptación de las pruebas, pero la acción sí retrasa el proceso como ha pasado en otros casos de justicia transicional.
“Generalmente son estrategias para dilatar los procesos y se ha advertido en aquellos casos en los cuales los sindicados son personas mayores de edad, estaría evitando una decisión final y eso se ha advertido en los tribunales de sentencia y buscar mecanismos de retraso que posiblemente suceda antes una muerte que una condena”, señaló.
El imputado fue deportado de Estados Unidos en abril donde estuvo prófugo por varios años y era el único que tenía activa la orden de captura. Es ahora juzgado por haber mentido en sus declaraciones durante el juicio oral y público que logró una sentencia condenatoria en contra de cuatro señalados.
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La abogada Carmen Peralta, fue una de las dos abogadas que defendió a Manuel Benedicto Lucas García, hermano del expresidente Romeo Fernando Lucas García y exjefe del Estado Mayor General del Ejército, por los delitos de desaparición forzada, genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en el juicio que se realizó entre abril y noviembre de 2024, que fue anulada por un amparo que presentaron a su favor Manuel Benedicto.
