La Corte de Constitucionalidad rechazó un amparo presentado por Luis Gustavo Montoya García, acusado en el caso Cooptación del Estado. Con ello, se mantiene la orden para que enfrente juicio por asociación ilícita y lavado de dinero.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió rechazar una apelación planteada Luis Gustavo Montoya García, abogado y acusado en el caso Cooptación del Estado, que fue beneficiado con el cierre del proceso en 2024, pero por orden de la Sala Segunda de Mayor Riesgo deberá enfrentar un debate oral y público por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. Se le señala de gestionar un soborno millonario para Roxana Baldetti por el reaseguro del Aeropuerto Internacional La Aurora.
Montoya, inconforme con esa decisión, acudió ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero no logró suspenderla. Finalmente, presentó una apelación en la Corte de Constitucionalidad, donde también se le negó la solicitud y se confirmó la resolución provisional de la Cámara de Amparo. “No realizó un análisis propio de los elementos de investigación que se relacionan con cada uno de los tipos penales”, se lee en la resolución de la CC.
Al haberse rechazado su petición, se mantiene vigente la orden de la Sala para que enfrente juicio por los dos delitos antes mencionados. La CC negó el amparo provisional al considerar que no se acreditó el hecho alegado.
“Apreciados los hechos relatados por el postulante, con base en el análisis efectuado a la copia de la pieza de amparo de primer grado y la resolución que se conoce en alzada, esta Corte advierte que en el presente caso no concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección interina requerida y tampoco se dan los supuestos regulados en el artículo 28 ibídem, por lo que debe confirmarse el numeral II) de la resolución apelada, en cuanto deniega el amparo provisional solicitado”, indica la CC.
¿Cuál es el señalamiento?
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), durante la gestión de Juan Francisco Sandoval, acusó a Raúl Eduardo Castillo Castillo y a otras personas de participar en el pago de un soborno de un millón de dólares, equivalente a unos Q7.8 millones, a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, vinculado al reaseguro del Aeropuerto Internacional La Aurora.
La investigación se originó a partir de la declaración del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, quien relató que Castillo ofreció un millón de dólares para autorizar el pago de la póliza del Aeropuerto. Además, habría planteado condonar una deuda pendiente de 1.1 millones de dólares (unos Q8.6 millones).
1) Raúl Eduardo Castillo Castillo, por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero u otros activos.
2) Luis Gustavo Montoya García y
3) Josué Isaac Rivera Aldana, ambos por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 2, 2021
Monzón dijo que finalmente el Ministerio de Comunicaciones desembolsó 36 millones de dólares, aproximadamente Q280 millones, para cubrir el reaseguro. Tras esa operación, recibió una maleta con la comisión prometida, aunque advirtió que el monto estaba incompleto, pues faltaban 9,800 dólares (unos Q76,206), cantidad que nunca reclamó a Castillo.
Un beneficio para los presuntos líderes
El caso Cooptación del Estado se dividió en distintas fases dentro de una investigación presentada en 2016, considerada en su momento como uno de los hallazgos de corrupción estatal más grandes en Guatemala. Según los hallazgos, una estructura supuestamente encabezada por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, entonces presidente y vicepresidenta, se encargaba de gestionar sobornos en diferentes dependencias del Estado.
Con el cambio de autoridades en el Ministerio Público (MP) y en la FECI, el proceso dejó de avanzar. En 2023, varios exministros y particulares señalados como acusados fueron beneficiados con el cierre del caso.
Aunque la FECI dirigida por Rafael Curruchiche inicialmente apeló la resolución, días después desistió de la mayoría y únicamente impugnó lo relacionado con personas de bajo perfil dentro de la supuesta red criminal. La Sala analizó esas apelaciones, pero solo resolvió sobre algunos señalados, mientras que los presuntos líderes de la estructura quedaron libres de ir a juicio.
En este proceso, el expresidente Otto Pérez optó por la vía de aceptación de cargos y recibió una condena por la que tuvo que cumplir prisión ni pagar resarcimiento al Estado.
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https://prensacomunitaria.org/2024/04/estado-cooptado-mp-logra-favorecer-a-altos-exfuncionarios-sala-reactiva-caso-solo-para-13-personas/
