La representación de la población que habita áreas protegidas en Petén denuncia que las comunidades han sufrido ocho desalojos entre 2009, 2011 y 2017 que han afectado a más de 6 mil personas provocando criminalización y desplazamiento.
Por Simón Antonio Ramón
Una delegación de 37 comunidades de la Sierra de Lacandón, en la Libertad; y Laguna del Tigre, en San Andrés, Petén, presentó una carta a la Secretaría Privada de la Presidencia para que les reconozca la certeza de la tierra donde viven.
En el documento se pide a la Presidencia que se reconozca a las personas de las comunidades de Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón como sujetos de derechos; la certeza de la propiedad de la tierra; y que se inicien espacios de diálogo para buscar una solución a la problemática.
Además, exigen el respeto a sus derechos de colectivos como la consulta previa ante actividades que les afectan; que se garantice el acceso al agua y servicios públicos permanentes y los derechos a una vivienda digna.
La población dice que desde 1989 las comunidades de la Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre, integradas por aproximadamente 60 mil familias en 37 comunidades, viven en condiciones de incertidumbre ante amenazas de criminalización, desalojos y desplazamientos.
“Las comunidades ya habitaban estas tierras”
Noé Amador, representante de las comunidades de la Sierra del Lacandón, señaló que desde hace más de 20 años han exigido su reconocimiento dentro del área protegida, ya que la falta de eso ha generado criminalización, desalojos y… pic.twitter.com/EZGDXBRhUD
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) September 25, 2025
“Hoy enfrentamos una nueva forma de violencia institucional, impulsada bajo un modelo de conservación ambiental excluyente, impuesto por el decreto 4-89 Ley de Áreas Protegidas y su articulo 82 bis, que han sido utilizadas de manera punitiva, enfrentando hasta el momento ocho desalojos”, señalaron en el documento presentado, firmado por organizaciones sociales.
Comunidades desalojadas
En el año 2009 fueron desalojadas las comunidades Centro Uno, Vergelito, Pollo Solo, y la Colorada; en 2011, Nueva Esperanza y Macabilero; y el 2 de junio 2017, fue Laguna Larga integrada por más 100 familias, quienes se encuentran en la línea de adyacencia entre Guatemala y México desde el día del desalojo.
Conoce más:
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La comunidad de Laguna Larga cuenta con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y las familias han venido denunciando que han sido abandonadas por el Estado guatemalteco.
Comunitarios de comunidades en áreas protegidas exigen seguridad jurídica de la tierra que habitan. Foto Simón Antonio
“Estamos hablando de más de seis mil personas afectadas por los desalojos sin que el Estado les dé una solución a esta problemática que viven las comunidades y hoy venimos una vez a reiterar que seguimos exigiendo justicia, que el gobierno de Guatemala analice esta problemática, tiene la solución, solo que no lo quieren hacer”, denunció Noé Amador, representante de las comunidades.
Parte del abandono del Estado a las comunidades se deben a que viven en áreas protegidas, pero no se toma en cuenta que ellos vivían ahí antes de la promulgación de la Ley de Áreas Protegidas, en 1989.
La carta entregada a la Secretaría Privada de la Presidencia también fue entregada al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), a la Comisión Presidencial por La Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) y la Gobernación Departamental de Petén.
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