Las próximas acciones de la jueza Joan Azrack, del distrito este de Nueva York, marcarán el rumbo de los procesos judiciales abiertos en Estados Unidos contra los jefes pandilleros que pactaron gobernabilidad con el presidente Nayib Bukele y, según fiscales estadounidenses, le ayudaron a ganar la elección presidencial en 2019.
Héctor Silva Ávalos
El pacto político que el presidente Nayib Bukele hizo con los jefes de las pandillas MS13 y Barrio 18 y la amenaza de que los detalles al respecto se hagan públicos siguen persiguiendo al líder salvadoreño desde una corte en Nueva York, donde algunos de esos líderes, acusados de terrorismo en Estados Unidos, han dado información a las autoridades estadounidenses a cambio de sentencias reducidas. Bukele, amparado en la buena relación con su homólogo Donald Trump, pidió este año que le devuelvan a nueve de esos pandilleros, lo que implica que la fiscalía solicite la desestimación de sus casos y renuncie a la posibilidad de que sean juzgados en suelo estadounidense.
Aunque César Humberto López Larios, uno de los líderes, ya fue deportado a El Salvador, la jueza que lleva el caso, Joan Azrack, aún no falla sobre la desestimación del caso contra Vladimir Arévalo Chávez, otro jefe pandillero, con lo que ha puesto en pausa la posibilidad de que él y el resto sean enviados de nuevo a las cárceles de Bukele.
Azrack no tiene el poder de negar al gobierno estadounidense su derecho legal de desistir de una acusación, pero sí de pedirle explicaciones y, en el caso de Arévalo Chávez, de garantizar que la defensa tenga el tiempo suficiente para evitar una deportación exprés, como la que ocurrió en el caso de López Larios, el líder de la MS13 que ya fue entregado a Bukele.
El trato político entre las administraciones de Donald Trump y el presidente salvadoreño ha provocado que la fiscalía estadounidense en Nueva York desista de perseguir a estos dos líderes de la MS13 a los que había acusado de terrorismo y a quienes señaló de entablar “pactos corruptos” con el mandatario centroamericano. Es el mismo trato que permitió a Trump enviar en marzo pasado a unos 252 migrantes venezolanos, a los que acusó sin pruebas de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua, al Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo (CECOT), la mega cárcel de Bukele.
Jueza: “El gobierno de EE UU ha pedido desechar cargos en casos en que alegó relaciones corruptas entre los líderes de la MS13 y el gobierno de El Salvador”
Los pormenores de ese pacto entre Trump y Bukele fueron negociados a través del Departamento de Estado en Washington, que lidera Marco Rubio, y uno de los hermanos del presidente, según establece uno de los documentos judiciales anexos al expediente de Arévalo Chávez.
Arévalo Chávez no es el líder pandillero más importante de los 27 que enfrentan cargos criminales desde 2020 y 2022, cuando fiscales del distrito este de Nueva York adscritos al Departamento de Justicia (DOJ) presentaron sendas querellas contra la MS13, pero el suyo se ha convertido en el caso más relevante en la actualidad.
Dos fuentes judiciales consultadas en Nueva York por Prensa Comunitaria valoraron que de lo que decida la jueza Azrack sobre Arévalo Chávez depende el futuro de todo el proceso judicial y, por ello, la posibilidad de que la justicia estadounidense tenga, en el futuro, argumentos suficientes para una eventual querella contra los funcionarios de Bukele -o el presidente mismo- que hicieron pactos políticos con los líderes de la MS13 hoy juzgados.
“Existe la sensación de que lo que la jueza haga en este caso -el de Arévalo Chávez, alias Vampiro- abre el camino para los casos de los demás acusados. La jueza no puede evitar que el gobierno deje de acusar, pero sí puede hacérselos más complicado. Hay abogados (defensores) que están esperando ver si al final los fiscales van a pedir desestimación de todos los casos”, dice una fuente judicial neoyorquina que conoce de cerca los juicios a los líderes de la MS13 y quien accedió a hablar desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo en forma pública.
Por ahora, asegura este abogado, solo hay noticia de que la fiscalía neoyorquina, con instrucciones del DOJ, ha pedido la desestimación en los casos de “Greñas” y “Vampiro”.
La llegada de “Greñas” y los venezolanos a El Salvador, en marzo, hizo que la prensa estadounidense intensificara el escrutinio de los tratos entre las administraciones Trump y Bukele. A principios de septiembre, varios periódicos revelaron que el gobierno del salvadoreño cobró 4.67 millones de dólares por recibir a los venezolanos y, antes, otra investigación periodística estableció que, a través de uno de sus hermanos, Bukele también pidió la repatriación a El Salvador de nueve de los líderes acusados en Estados Unidos.
La solicitud de Bukele a Trump y las acciones de la fiscalía en Nueva York, que pasó de investigar a los líderes de la MS13 y establecer como verdaderos los pactos con el presidente salvadoreño a la súbita petición de desestimar dos casos para procurar la deportación exprés de “Greñas” en al marco del trato por los venezolanos, han hecho que la jueza Azrack levante la ceja, que desestime las intenciones de los fiscales de mantener todo el asunto en secreto y que les pida explicaciones sobre su proceder.
En el camino, la jueza ha dejado escritas sus preguntas y reflexiones sobre los intereses de las comunidades a la que ella sirve, las de Long Island y Brooklyn, donde miembros de la MS13 han asesinado y cometido otros crímenes, y sobre cómo la intención de desestimar los casos contra los líderes pandilleros va en contra de las graves acusaciones hechas por la misma fiscalía neoyorquina a los pandilleros a los que ahora quiere dejar de juzgar en los Estados Unidos.
Las preguntas de la jueza Azrack
Nayib Bukele evita hablar de su pacto con las pandillas y cuando se ha visto obligado a hacerlo en público suele decir que todo es una invención de la prensa salvadoreña. Pero no. El pacto con los líderes de la MS13 ha sido documentado en la investigación judicial que llevaron adelante durante al menos cuatro años los mismos fiscales que hoy, por razones políticas, quieren desestimar los casos judiciales contra algunos líderes de la MS13 que tranzaron con el presidente salvadoreño.
Los fiscales han escrito varias veces en los documentos judiciales que han anexado en la causa 22cr429 que, de acuerdo con sus investigaciones, varios de los líderes pandilleros acusados intervinieron en el diseño y ejecución del pacto de gobernabilidad con Nayib Bukele, que inició cuando él fue alcalde de San Salvador, entre 2015 y 2018.
En noviembre de 2023, por ejemplo, la fiscalía estadounidense introdujo un escrito ante la jueza Azrack para pedir que Élmer Canales Rivera, alias Crook y uno de los principales líderes de la MS13 imputados en Nueva York, continuara detenido mientras el juicio seguía su curso. En esa carta, los fiscales adelantaron algunos de los argumentos que harían en la etapa final del proceso, cuando “Crook” fuese acusado frente a un jurado ciudadano, y explicaron algunas cosas de las que tenían pruebas.
“La evidencia en el juicio establecerá que Canales Rivera fue escoltado fuera de una prisión por oficiales de alto nivel del gobierno salvadoreño (presidido por Bukele), lo hospedaron en un apartamento de lujo…, le dieron un arma de fuego…”, cita la jueza Azrack lo dicho por la fiscalía, y concluye: “Esto indica que el gobierno posee evidencia que confirma esto”. Es decir: no se trata, solo, de reportes de prensa, sino también de pruebas recolectadas por el gobierno estadounidense y ofrecidas en el juicio a los líderes de la MS13.
La jueza Azrack ha tomado la palabra a los fiscales y, en sus fallos sobre peticiones y recursos introducidas por ambas partes -acusadores y acusados-, ha citado las acusaciones del gobierno como argumentos. Uno de los escritos más reveladores fue el que la jueza firmó y publicó el 16 de julio pasado al resolver una petición de la fiscalía neoyorquina de mantener en secreto detalles sobre la petición de desestimar el caso contra Arévalo Chávez.
En ese documento, Azrack no oculta su sorpresa por la decisión del gobierno de echar marcha atrás en sus intenciones de juzgar, en suelo estadounidense, a los jefes de la MS13.
“Por más de tres años, los intentos del gobierno de los Estados Unidos por extraditar a los líderes de la MS13 apresados en El Salvador han sido rechazados por el gobierno de El Salvador, que no solo se negó a extraditar a estos acusados, pero, de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, incluso liberó a algunos de los acusados que estaban presos. Recientemente… el gobierno de Estados Unidos al parecer ha cambiado de curso”, escribe Azrack en el documento 185 anexo al expediente judicial.
Todo el intento de la administración Trump de desestimar los casos contra los líderes pandilleros, y de complacer así la petición que hizo Bukele de que Estados Unidos se los envíe de regreso, ocurre, escribe la jueza “en casos en que las acusaciones alegan que existen relaciones extraordinarias entre los líderes de la MS13 y el gobierno de El Salvador”.
Esto lo escribió la jueza a propósito de la petición que hizo la fiscalía de mantener en secreto el asunto de las desestimaciones alegando “razones de política exterior” y “la protección operacional” del traslado de los jefes pandilleros. A eso, la intención de secreto, la jueza contestó que no.
Los casos de la MS13, razonó la jueza Azrack, son de “importancia nacional”, y las peticiones hechas por la fiscalía en Nueva York para desestimar los casos contra dos de los líderes pandilleros tiene un “interés público significativo”.
Y es al enumerar las razones que, según ella, alimentan ese interés, cuando Azrack menciona la posibilidad de que los fiscales estén dando al traste con la oportunidad de juzgar, en Estados Unidos, a los cabecillas de una de las pandillas más peligrosas del mundo y de pasar de largo por los alegatos de que esa organización, la MS13, hizo pactos corruptos con el gobierno de El Salvador. La jueza enuncia así las razones por las que todo esto no puede permanecer bajo secreto judicial:
- “Los cargos tan serios hechos en la acusación, en la que se alega que los crímenes de los acusados han tenido consecuencias graves en los Estados Unidos, cargos que según el gobierno mantiene están apoyados por evidencias ‘fuertes’”.
- Las declaraciones contradictorias del gobierno (de EE UU) sobre las acusaciones a los líderes de la MS13 en las cortes de los Estados Unidos.
- La decisión del gobierno de buscar la desestimación de los cargos contra el imputado (Vladimir Arévalo Chávez, alias Vampiro) con el fin de enviarlo a El Salvador, cuyo gobierno, según ha dicho antes la acusación, liberó a supuestos miembros de la ranfla nacional (mesa de líderes pandilleros de la MS13) a pesar de solicitudes de extradición hechas por los Estados Unidos.
- Los alegatos hechos en la acusación de tratos extraordinarios y corruptos entre la MS13 y el gobierno de El Salvador, y
- El vínculo aparente entre la petición hecha por El Salvador de que le devuelvan a los líderes de la MS13 que están en custodia de los Estados Unidos y los venezolanos que fueron enviados a El Salvador el 15 de marzo…”
El caso de “Vampiro”, ¿un dique judicial?
Los casos contra los líderes de la MS13 en Nueva York pueden dividirse en tres partes. La primera va de 2017 a 2021, periodo en que la primera administración Trump creó la Fuerza de Tarea Vulcano para investigar y perseguir a la pandilla y cuando la fiscalía neoyorquina presentó la primera acusación por terrorismo. La segunda, de 2021 a 2022, cuando la fiscalía informó a la corte que el gobierno de Bukele liberó al menos a cuatro de los jefes pandilleros que estaban detenidos en El Salvador y que el gobierno salvadoreño seguía obstaculizando la extradición de algunos imputados. Y la tercera, que inició en 2025, con la segunda administración de Trump, marcada por la marcha atrás hecha por la fiscalía estadounidense y los intentos de desestimar casos y enviar a los líderes de vuelta a las cárceles de Bukele.
Para enero de 2025, ocho de los 27 acusados en los dos procesos abiertos por el gobierno de los Estados Unidos en Nueva York, el de 2020 y el de 2022, estaban a disposición de las autoridades estadounidenses: Élmer Canales Rivera, Fredy Jandres Parada, César Humberto López Larios, Jorge Alexander de la Cruz, Vladimir Arévalo Chávez, Walter Yovani Hernández Rivera, José Wilfredo Ayala Alcántara y Marlon Antonio Menjívar Portillo.
Ya a inicios de 2025, a lo interno del Departamento de Justicia se estudiaba la posibilidad de que la fiscalía de Nueva York cambiara el rumbo de sus acciones contra los líderes de la MS13, según confirmaron a Prensa Comunitaria en Washington un investigador que trabajó con Vulcano y una funcionaria del Departamento de Estado de la administración Trump.
“Todavía no saben lo que van a hacer con eso, pero ellos (fiscales) solo son funcionarios, burócratas: van a hacer lo que les digan que hagan”, dijo a principios de febrero pasado el investigador, quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo de otra forma. Para entonces, la segunda administración Trump apenas empezaba, pero el trato con Bukele estaba ya por confeccionarse.
César Humberto López Larios, alias Greñas (izquierda), fue enviado de vuelta a El Salvador en marzo pasado. El gobierno de Estados Unidos también quiere repatriar a Vladimir Arévalo Chávez, alias Vampiro (derecha), por petición del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Ambos pandilleros, miembros de la MS13, son juzgados por terrorismo en Estados Unidos.
Marco Rubio, el secretario de estado de Trump, viajó a El Salvador en febrero de 2025 y, de acuerdo con la fuente diplomática en Washington, ahí selló las líneas generales del acuerdo migratorio que, luego, permitió la llegada de venezolanos al CECOT y derivó en las peticiones en Nueva York de desestimar los casos contra los líderes de la MS13.
Bukele vio el primer fruto en marzo, cuando, junto a los venezolanos, llegó a El Salvador César Humberto López Larios, alias Greñas. ¿Qué había pasado en la corte neoyorquina? ¿Por qué permitió la salida de Greñas a El Salvador?
Los fiscales del distrito este de Nueva York, comandados por el fiscal distrital John Durham, el mismo que había comando Vulcano, habían pedido la desestimación final del caso contra “Greñas” el 11 de marzo de 2025, cinco días antes de que el gobierno Trump lo enviara a El Salvador. El abogado del líder pandillero no objetó la desestimación y la jueza Azrack accedió a dar por terminado el caso.
Una fuente judicial consultada en Nueva York asegura que había al menos un camino para detener la deportación exprés de “Greñas”: pedir que la desestimación no fuese final, lo que da tiempo a las partes para poner objeciones o buscar alternativas legales. Eso no ocurrió en ese caso.
El 1 de abril, la fiscalía pidió una segunda desestimación, la del caso contra Arévalo Chávez, alias Vampiro. Aquí sí la defensa introdujo peticiones, la más importante es que, en caso de desestimación, la jueza se asegurará de que lo hacía de forma en que permitiese la introducción de un habeas corpus en favor del acusado, lo cual aseguraría la detención temporal de la deportación y el tiempo necesario para introducir una petición formal de alivio alegando que Arévalo Chávez corre el riesgo de ser torturado o asesinado en El Salvador.
Si la jueza Azrack decide, al final, que la desestimación del caso no sea final y la defensa abre el camino de la no deportación a través un habeas corpus y de un recurso legal amparado en la Convención contra la Tortura, de la que Estados Unidos es firmante, la eventual llegada de Arévalo Chávez a una cárcel de Bukele podría tardar meses. Un abogado estadounidense lo explica así: “la petición de no deportación por temor a ser torturado entraría en la jurisdicción migratoria, que depende totalmente del Ejecutivo, pero la posibilidad de apelar decisiones en este tema llega a la justicia federal -que ya depende del Judicial y no está atada a los designios de Trump-”.
Si la deportación de “Vampiro” no es inmediata después de una eventual desestimación, existe la posibilidad de que la fiscalía en Nueva York renuncie a pedir otras desestimaciones en los casos de los otros líderes que están a la orden de la jueza Azrack, estimó una fuente judicial en Brooklyn.
Por ahora, Azrack ha programado para febrero una nueva audiencia en el caso abierto a los líderes de la MS13 en el que está incluido Arévalo Chávez. En esa causa, además de él, aparecen como imputados presentes José Wilfredo Ayala Alcántara, alias Indio de Hollywood, y Francisco Javier Román Bardales, alias Veterano de Tribus, quienes, como Arévalo, se han declarado no culpables. Hay otros ocho líderes pandilleros acusados en ese proceso, de los cuáles dos ya se declararon culpables y el resto aún negocia con la fiscalía.
Uno de los abogados consultados en Nueva York estima que, de pedir la desestimación en los casos de los que ya los acusados se declararon culpables, la fiscalía tendría que resolver cómo abordar los beneficios que ya ofreció a esos imputados.
Nayib Bukele obtuvo, con la deportación exprés de “Greñas”, una victoria importante en su estrategia de utilizar el espacio político que le ha abierto la administración Trump para regresar a El Salvador a los jefes de la MS13 que pueden comprometerlo en Nueva York, pero, a la vista de todo el camino legal que aún queda por delante, no parece que sea una victoria definitiva. Todo está, por ahora, en el escritorio de la jueza Joan Azrack.
