Algunos tienen apenas 10 años. Una de ellas es madre de una bebé de 10 meses. A todos los quiere enviar Estados Unidos de regreso a Guatemala amparado en un acuerdo que, se supone, solo contempla deportaciones de jóvenes que estén a punto de cumplir los 18.
Por Héctor Silva Ávalos
El gobierno de Bernardo Arévalo le dio la mano al de Donald Trump en asuntos migratorios y, en conjunto, han puesto en riesgo de deportación ilegal a decenas de menores, incluida al menos una de 16 años que sería repatriada con su hija, una bebé de 10 meses, según documentos judiciales a los que Prensa Comunitaria ha tenido acceso.
El acuerdo migratorio anunciado por ambos gobiernos en febrero pasado ha puesto al borde de la deportación a centenares de niños y niñas guatemaltecos que, la semana pasada, fueron sacados sin previo aviso de los hogares de resguardo en los que estaban en varios estados de Estados Unidos para ser enviados, de forma expedita, a Guatemala.
Este intento de deportación es, según abogados de diez menores que introdujeron un recurso legal para detenerlo, ilegal,porque subvierte leyes aprobadas por el congreso federal para proteger a niños y niñas que llegan a Estados Unidos sin documentos y son sujetos de derechos al debido proceso, la salud, la vida y a acciones administrativas que disminuyan su vulnerabilidad.
Y, de acuerdo con un documento judicial al que Prensa Comunitaria ha tenido acceso, el gobierno de Arévalo ha participado de forma directa, a través de la red consular guatemalteca, en el intento de su homólogo por deportar a los menores. “Los acusados (funcionarios de Trump y el gobierno estadounidense), junto a consulados guatemaltecos, han entrevistado a los menores que… han planificado preparar para su deportación expedita”, dicen los abogados de diez niños y niñas en un recurso introducido en un juzgado del Distrito de Columbia, Washington.
En febrero de 2025, según informó AP, Arévalo anunció, en el marco de una gira que había llevado a Guatemala a Marco Rubio, el secretario de estado de Trump, que el país centroamericano se comprometía a recibir un 40% más de deportados, incluidos guatemaltecos y de terceros países. Luego, cuando estalló la crisis de los 600 menores, se supo que el pacto incluía recibir a menores “cercanos” a los 18 años.
Amparada en aquellos acuerdos, la administración Trump emprendió una acción masiva el fin de semana pasado, que incluía el feriado del día del trabajo en Estados Unidos, para enviar a los niños de regreso a Guatemala, pero, contrario a lo que se supone había sido acordado con el gobierno guatemalteco, las edades de algunos niños y niñas era mucho menor a 18 e incluía a menores de 10, 12 y 14 años.
El domingo 31 de agosto, de acuerdo a un reporte del servicio público de noticias de Estados Unidos, ya los agentes migratorios de Trump habían sacado a los menores de al menos cuatro refugios ubicados en los estados de Texas, Nueva York, Illinois, Pennsylvania y el Distrito de Columbia, y los tenían listos en aeródromos para ser transportados hacia Guatemala. Abogados de los niños, sin embargo, detuvieron el intento a través de las cortes.
Aquel mismo domingo por la noche, un grupo de abogados introdujo una petición contra la secretaria de seguridad interna, Kristi Noem, y pidió a una corte que detuviera las deportaciones hasta que se determinara el estatus y la situación migratoria de los menores, la mayoría de los cuales ingresó a Estados Unidos sin documentos y sin la compañía de adultos.
La jueza federal Sparkle L. Sooknanan resolvió a favor de los peticionarios y detuvo temporalmente las deportaciones.
La administración Trump no solo manipuló el acuerdo con el gobierno de Arévalo al intentar enviar a menores de incluso 10 años, también mintió al asegurar que las deportaciones obedecían a una petición de reunificación familiar hecha por parientes de los niños y niñas en Guatemala. Eso, según un documento interno del gobierno guatemalteco reportado por la agencia Reuters, es mentira.
#MonitorMigrante 📢 Huehuetenango, San Marcos y Quiché, los departamentos con más personas retornadas de EE.UU.
En los últimos tres meses ha aumentado el número de personas guatemaltecas retornadas desde Estados Unidos.
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) September 4, 2025
“El informe dice que las autoridades guatemaltecas se han puesto en contacto con las familias de 115 menores que habían cruzado la frontera entre Estados Unidos y México sin un padre o tutor. De ellos, 59 familias expresaron su enfado por la posibilidad de que sus hijos fueran devueltos a Guatemala, y algunas incluso lo describieron como intimidación, según el documento”, dice Reuters. Ninguna familia ha pedido que repatrien a sus hijos.
En su petición a la jueza Sooknanan, los abogados de diez menores plantean que la intentona hecha por el gobierno Trump para deportar a los guatemaltecos es ilegal porque contraviene medidas de protección aprobadas por el congreso federal a favor de este tipo de migrantes -menores no acompañados. Y aseguran, además, que los menores enfrentan peligros de muerte, maltrato y torturas si regresan a Guatemala.
Cómplices de la política migratoria de Trump
Durante su gira por Centroamérica, el secretario de estado Marco Rubio hizo de la política migratoria de su jefe, Donald Trump, el tema central de sus visitas a El Salvador y Guatemala.
En conferencias de prensa junto a los mandatarios de ambos países, Nayib Bukele y Bernardo Arévalo respectivamente, Rubio se congratuló por los pactos que permitían a Estados Unidos utilizar a las dos naciones centroamericanas como cómplices de medidas migratorias que han incluido deportaciones ejecutadas sin que se agote el debido proceso, envío de menores de edad protegidos por la ley y, en el caso de El Salvador, el uso de la cárcel de máxima seguridad en ese país para albergar a extranjeros.
La primera acción de la administración Trump, amparada en esos pactos con los centroamericanos, que se topó con resistencia judicial fue el envío a El Salvador de 230 venezolanos y a un líder pandillero de la MS13 al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), la mega cárcel de Bukele. Washington acusó a los venezolanos de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua sin que mediara investigación o proceso judicial que probara esa supuesta membresía. Todas esas deportaciones ocurrieron con la misma premura que la administración Trump pretendía en el caso de los menores guatemaltecos.
También deportó Trump a El Salvador a un salvadoreño de nombre Kilmar Abrego, al que ha acusado sin pruebas de ser miembro de la MS13. El caso de Abrego adquirió relevancia política luego que congresistas demócratas demandaran su retorno a Estados Unidos. Al final, en este caso, las cortes obligaron a Trump a dar marcha atrás.
En los casos de los niños y niñas guatemaltecos se trata, solo, de una deportación masiva de migrantes, acorde a las acciones impuestas por Trump y su asesor Stephen Miller, arquitecto de una política migratoria que ha sido calificada como xenófoba. Una política que, a través de los pactos anunciados por Rubio, ha sido avalada por el gobierno de Bernardo Arévalo.
Tras la intentona de deportar a los 600 niños, el mismo Arévalo dijo, en conferencia de prensa, que había trasladado a su homólogo estadounidense la disposición de su gobierno de recibir a 150 niños y niñas a la semana y dejó a iniciativa de Washington el ritmo de los envíos.
Algunos de los niños entrevistados en Estados Unidos, sin embargo, insisten en que en Guatemala solo les esperan, en el mejor de los casos, incertidumbres. “No tengo familia que me pueda cuidar en Guatemala”, dijo un niño de 10 años según un documento judicial al que Prensa Comunitaria ha tenido acceso. Si regresa a su país enfrentará “amenazas”, dijo otro.
No parece gratuito que tanto Arévalo como Bukele hayan accedido a los pactos migratorios con Trump. En el caso del guatemalteco, el apoyo de Washington ha sido vital para navegar aguas turbulentas en el ámbito doméstico, que incluyen la falta de influencia en el Congreso, señalamientos de pasividad en asuntos de seguridad pública, reclamos de las poblaciones originarias y el acoso legal del Ministerio Público. En el caso del salvadoreño, entre otras cosas, estos pactos le han servido para bajar tono a los reclamos internacionales por violaciones a los derechos humanos de presos, de periodistas y de la oposición.
