La Comisión emitió a última hora del martes una resolución de medidas cautelares en la que pide al gobierno del presidente salvadoreño terminar con la situación de incomunicación prolongada de Ruth López y Enrique Anaya, a quienes abogados y familiares no han visto en semanas.
Por Héctor Silva Ávalos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Ruth López y a Enrique Anaya, dos abogados críticos del presidente salvadoreño Nayib Bukele que fueron arrestados este año y acusados en procesos penales que se mantienen bajo reserva absoluta. Ambos han estado incomunicados durante largos periodos de tiempo, sin contacto con sus abogados o familiares, algo que los representantes de los afectados definen como desaparición forzada de corta duración.
En los dos casos, la CIDH determinó que los prisioneros se encuentran en “situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en El Salvador”.
López fue detenida el 18 de mayo en su casa en San Salvador, hasta donde llegaron varios agentes de la Policía Nacional Civil que la hicieron salir con engaños y, en la calle, la detuvieron sin informarle de qué la acusaban. Antes de su captura, de acuerdo con la resolución de la CIDH, la número 66/2025, la abogada fue acosada en eventos públicos y fue objeto de vigilancia por agentes de la subdirección de inteligencia de la PNC, que la había incluido en una lista negra de personas críticas al gobierno y “de oposición”.
Antes de ser detenida, Ruth López había pedido de forma oficial a la fiscalía general de El Salvador, la misma que hoy la acusa, y a otras instituciones que investigaran denuncias de corrupción y otros crímenes atribuidos al presidente Bukele, a su círculo íntimo y a varios de sus funcionarios.
En sus resoluciones para otorgar medidas cautelares a López y Anaya, la comisión interamericana pide al gobierno de Bukele “cese la situación de incomunicación prolongada, que se garantice el contacto regular y acceso a sus familiares, sus abogados y representantes como medio para salvaguardar sus derechos”.
Representantes y familiares de ambos abogados han dicho a medios de comunicación salvadoreños que López y Anaya tienen varias semanas de estar incomunicados, impidiendo tener noticias certeras sobre su paradero y condiciones reales.
En su respuesta a la CIDH, el Estado salvadoreño asegura que los dos detenidos tienen acceso a servicios de salud y no están sometidos a maltratos. Para demostrar lo primero, en el caso de López, los funcionarios de Bukele hacen referencia a cinco supuestos informes médicos levantados por las autoridades penitenciarias en la Granja Izalco, donde la abogadafue trasladada en junio pasado por autoridades salvadoreña a bordo de un carro con placas particulares de Guatemala, el cual pertenecía a un hombre originario de ese país que fue acusado de lavar dinero.
Sobre la incomunicación prolongada en el caso de López, el Estado salvadoreño no lo niega de forma tajante: se limita a decir que son “detenciones con sustento en causas penales”.
Como supuesta prueba de que López no está incomunicada, los funcionarios de Bukele aseguran que sus familiares han ido al penal a dejarle insumos alimenticios e higiénicos, a los que en El Salvador se conoce como paquetes penitenciarios. Sin embargo, esos paquetes, de acuerdo con al menos cuatro funcionarios de prisiones consultados por Prensa Comunitaria, son entregados a custodios y no son acompañadas, nunca, de visitas a los detenidos.
Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), la organización que más de cerca ha seguido la situación de los presos en El Salvador desde que Bukele decretó régimen de excepción a inicios de 2022, asegura que casi todas las personas encarceladas desde entonces están incomunicadas.
“La gran mayoría de la gente procesada con el régimen de excepción está incomunicada, yo me atrevería a decir el 95%. No hay forma de ver nunca más a las personas procesadas. Nosotros llevamos muchos casos y no se les puede ver, no les permiten hablar con sus defensores, no les permiten llamadas, nada”, asegura Escobar, quien tuvo que salir de El Salvador luego de ser acosada y perseguida por miembros de una unidad formada en la PNC para perfilar y acosar a críticos, opositores y defensores de derechos humanos.
Bukele decretó el régimen de excepción a finales de marzo de 2022 luego de que se rompiera el pacto de gobernabilidad que el presidente tenía con las pandillas MS13 y Barrio 18, ambas consideradas organizaciones terroristas tanto en El Salvador como en los Estados Unidos. Desde entonces, los salvadoreños no tienen garantizados derechos al debido proceso, a la liberta de expresión y de asociación. Bukele se reeligió de forma inconstitucional en 2024, en comicios que se celebraron bajo ese régimen.
Persecución sistemática a opositores y críticos
Las capturas de López y Anaya han sido condenadas por una decena de organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y al menos por una senadora de los Estados Unidos.
Fueron las detenciones de esos dos abogados las que, de hecho, marcaron la escalada en las medidas tomada por el régimen de Nayib Bukele contra sus críticos y dejaron al descubierto las recursos legales e ilegales utilizados por el gobierno para amedrentar a quienes se le oponen, que incluyen procesos penales espurios, acoso y vigilancia policial coordinadas desde el ministerio de seguridad pública y justicia e incluso persecución a los exiliados a través del sistema de sedes consulares en el exterior.
Y aunque ya periodistas, críticos y defensores de derechos humanos habían salido forzados de El Salvador desde 2019, cuando Bukele asumió por primera vez como presidente del país, en mayo pasado, tras la detención de Ruth López, al menos otra cincuentena de personas salió al exilio, incluidas redacciones enteras de medios de comunicación independientes.
“En nuestro país, actualmente, no hay condiciones para ejercer el derecho humano a la libertad de expresión. El régimen de Nayib Bukele se ha encargado de construir metódicamente un Estado que persigue la disidencia y quienes se atreven a señalar los abusos del poder, la opacidad en el uso de fondos públicos, el enriquecimiento de funcionarios… Hoy, El Salvador está sometido a la decisión de un solo hombre que ha eliminado todos los controles y contrapesos a su gestión con el objetivo de ejecutar el poder a su antojo, silenciando con leyes injustas, exilio y cárcel toda crítica a su mandato”, dice el editorial publicado el 23 de septiembre pasado por Focos TV, el medio que más casos de corrupción atribuible a Bukele y su grupo ha destapado en los últimos meses, al anunciar su exilio forzado.
En Washington, la situación de los derechos humanos en El Salvador, así como los abusos denunciados en las cárceles salvadoreñas, han vuelto a llamar la atención de congresistas demócratas, dieciocho de los cuales enviaron el 22 de septiembre una carta al secretario de estado Marco Rubio, uno de los principales aliados políticos del presidente Bukele, para pedirle un informe independiente sobre la situación en las prisiones.
Las condiciones que señalan los congresistas en su carta son graves. “(Hay) evidencia física y testimonios de familiares y sobrevivientes que hablan de hacinamiento severo, privación de sueño, de comida, bebida y atención médica, de condiciones no higiénicas, de prolongadas detenciones en solitario y de golpizas severas”, así como reportes de torturas.
