Un fallo constitucional ordena revisar el caso Fénix, presentado en 2019 por la FECI y la CICIG, que reveló el desvío de Q350 millones del IGSS y señaló a varias personas y empresas. Aunque el proceso fue anulado en 2021, ahora se reactiva después de cuatro años de impunidad y persecución a la exjueza y los exfiscales del caso.
Por Alexander Valdéz
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron el Caso Fénix, en 2019, que evidenciaba un mecanismo de lavado de dinero mediante el desvío de Q350 millones de los programas de salud del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a través de un fideicomiso. El proceso alcanzó a Gustavo Herrera, un operador político conocido como el “Gato Herrera”, así como a personas cercanas a él.
El caso involucró a por lo menos 32 personas y 20 empresas. Un buen número de ellas estuvo sujeto a proceso penal, entre ellas figuraba Sergio Alfredo Herrera Acevedo, hijo de Gustavo Herrera. “El Gato Herrera” logró evadir el proceso al obtener asilo político en Nicaragua. Sin embargo, en 2024, se habló de su regreso al país, donde fue beneficiado por la jueza de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz.
En aquel momento, la investigación parecía avanzar en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, bajo la conducción de la jueza Erika Aifán y la FECI, a cargo de Juan Francisco Sandoval. No obstante, en enero de 2021 la Sala Segunda de Mayor Riesgo aceptó un recurso legal de los acusados y anuló todo el proceso penal. En ese instante, tanto la fiscalía como la propia jueza alertaron sobre posibles irregularidades en esa resolución.
Por ello, la FECI accionó con un recurso de casación ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque sin éxito. La anterior magistratura se negó a conocerlo y con ello dejó firme el cierre del proceso, beneficiando a todos los acusados. Con la llegada de Rafael Curruchiche a la FECI, se respaldó el cierre del caso y, además, se inició una persecución contra los fiscales y la jueza Aifán, que habían conocido la investigación.
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Cuatro años después el caso revive
De esa cuenta, el caso llegó hasta la Corte de Constitucionalidad (CC) y cuatro años después, otorgó un amparo al Estado de Guatemala, representado por la Procuraduría General de la Nación (PGN), y dejó en suspenso una sentencia de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que había declarado improcedentes recursos de casación en el proceso por lavado de dinero e incumplimiento de deberes.
La CC concluyó que la anterior Cámara Penal no fundamentó de forma clara y precisa su resolución, omitiendo analizar los argumentos de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio Público (MP) sobre la existencia de nuevos hechos y pruebas que justificaban la reapertura del caso. Según el tribunal constitucional, esta deficiencia vulneró derechos como la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
“En conclusión, la autoridad objetada al conocer el referido recurso de casación, no realizó una motivación y fundamentación acorde al cumplimiento de su función como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en materia penal, al no exponer de forma clara, precisa y lógica los fundamentos de su decisión, abordando todos los argumentos alegados por los recurrentes, en concordancia con las constancias procesales”, se lee en la resolución.
Con la decisión, la CC ordenó a la Cámara Penal dictar una nueva resolución, abordando todos los agravios planteados en la casación. Si bien la máxima corte no indica cómo se debe resolver si hace ver que la CSJ debe cumplir con los estándares de “motivación y congruencia”.
Resolución de la Corte de Constitucionalidad
Una investigación por corrupción
La investigación reveló un esquema de lavado de dinero supuestamente liderado por una organización criminal que utilizó diversas empresas, sociedades anónimas, limitadas y offshore, vinculadas a Gustavo Herrera Castillo. Según la fiscalía, estas fueron clave para mover y blanquear recursos ilícitos provenientes de un contrato fiduciario formalizado entre el IGSS (como fideicomitente adherente e inversionista-fideicomisario), el Grupo Empresarial UNISERV S.A. (fideicomitente-fideicomisario) y el Banco Uno S.A. (fiduciario).
De acuerdo con la FECI, la red criminal, integrada por personas individuales y jurídicas, se valió del sistema financiero para realizar transferencias fraccionadas en quetzales y dólares, permitiéndoles dar la apariencia de legalidad y ocultar el origen ilícito de los fondos.
El desvío de dinero, tomado de los programas de salud del IGSS, a través del fideicomiso de vivienda, comenzó a investigarse a raíz de un informe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (No. 829-2004, de julio de 2004) y de una denuncia presentada por el IGSS en enero de 2005. Esto dio origen al expediente MP510-2005-3 en la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y Otros Activos. Sin embargo, el caso fue desestimado por el juez contralor el 27 de agosto de 2014.
Posteriormente, el expediente fue reabierto por la FECI y la CICIG que documentaron la existencia de una estructura criminal organizada dedicada al lavado de dinero.
¿Quién es Gustavo Herrera?
Gustavo Herrera es conocido por su papel como operador político con fuerte influencia en la integración de las más altas cortes del país. Su nombre se vincula directamente a las comisiones de postulación de 2017, responsables de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones, proceso en el que habría intervenido a pesar de los señalamientos que ya enfrentaba por el fraude millonario al IGSS.
Diversas investigaciones periodísticas documentan cómo Herrera buscó asegurar cuotas de poder en el sistema de justicia colocando a personas cercanas en puestos estratégicos. Estas maniobras le habrían permitido conservar influencia en resoluciones y decisiones clave que afectaban tanto a actores políticos como económicos. Además, se le identificó como operador político del expresidente Otto Pérez Molina, consolidando su posición en las redes de poder.
El Ministerio Público lo señala como propietario de dos financieras offshore, Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd, utilizadas para defraudar al IGSS por un monto estimado en Q350 millones, fondos destinados a la construcción de viviendas para jubilados. Entre 2002 y 2004, esas financieras habrían vendido terrenos sobrevalorados al IGSS por Q232.7 millones, cuando Herrera los había adquirido previamente por apenas Q220 mil.
Para ocultar su participación habría conformado una red de empresas registradas a nombre de sus empleados. Aunque negó su relación con el desfalco, hasta julio de 2013 solo se habían recuperado Q228.5 millones del fideicomiso.
Una contradicción
El caso Fénix fue una de las investigaciones más relevantes sobre corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Sin embargo, por los cambios de fiscales ordenados por la fiscal general, Consuelo Porras, la pesquisa quedó paralizada y sin nuevos avances. En contraste, el Ministerio Público (MP) emprendió una persecución contra quienes la impulsaron, entre ellos la exjueza Erika Aifán, la exfiscal general Thelma Aldana y el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Desde mayo de 2023, el Juzgado Séptimo Penal, a petición del MP, giró órdenes de captura contra tres exoperadores de justicia que hoy permanecen en el exilio. Entre ellos, la exfiscal general Thelma Aldana, señalada por los delitos de asociación ilícita, extorsión, falsedad ideológica, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y resoluciones violatorias a la Constitución.
La misma resolución incluyó a Juan Francisco Sandoval Alfaro, exjefe de la FECI, acusado de asociación ilícita, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes; y a Erika Aifán, la exjueza de Mayor Riesgo “D”, a quien se le imputan los delitos de asociación ilícita, usurpación de funciones, falsedad ideológica, abuso de autoridad y prevaricato.
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