El ministro de Finanzas pide que no se sancione, los alcaldes presionan y el presidente Bernardo Arévalo aún no define si vetará o promulgará la ley. Si el presidente promulga el decreto, los CODEDE podrán ejecutar los fondos el próximo año, pero si decide vetarlo, será el Congreso quien deberá aprobarlo nuevamente con el voto de 107 diputados.
Por Rony Ríos
El Ejecutivo mantiene en suspenso la decisión sobre el decreto 07-2025 Ley de Fortalecimiento financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urano y Rural que amplía el lapso para la ejecución de los fondos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE). Aunque el Congreso ya aprobó el decreto, el presidente Bernardo Arévalo no se ha pronunciado sobre si sancionará la ley o ejercerá el derecho de veto.
Mientras tanto, los alcaldes presionan para que se mantenga la vigencia de los recursos que podrían oscilar entre Q22 millardos y Q25 millardos.
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, señaló que “no conviene sancionar el decreto” porque una extensión de plazos sin controles adicionales puede generar desorden en la ejecución presupuestaria y riesgos de opacidad en los proyectos de obra pública.
Según explicó Menkos, la prórroga daría más tiempo a los alcaldes para usar fondos de años anteriores, lo que podría acumular proyectos inconclusos y comprometer la transparencia de la inversión pública.
Pero desde la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) se ha incrementado la presión política para que Arévalo sancione el decreto, argumentando que la extensión en el plazo de ejecución es necesaria para garantizar la continuidad de proyectos de infraestructura en comunidades rurales y evitar que los recursos se pierdan por vencimiento de plazos administrativos.
La ANAM estuvo recopilando cartas de jefes ediles y se las envió al Ejecutivo en las cuales solicita que se sancione el decreto 07-2025. Según el presidente de la ANAM, Sebastián Siero, hay al menos 305 alcaldes que piden que cobre vigencia el decreto. En medio de este pulso también han aparecido alcaldes como el de San Juan Sacatepéquez y el de Nueva Santa Rosa que se han pronunciado en contra de la presión que se está ejerciendo sobre el Ejecutivo por los otros alcaldes.
Mientras que Arévalo aseguró el martes pasado que la decisión que tomará respecto al decreto será a partir de un “análisis acerca de los márgenes legales y constitucionales”.
Los posibles caminos
La Constitución Política de la República de Guatemala establece que el presidente puede optar por dos vías: sancionar o vetar un decreto aprobado por el Congreso.
Si Arévalo lo sanciona, la norma entraría en vigor y los CODEDE tendrían un nuevo plazo para ejecutar los fondos asignados, lo cual favorecería a los alcaldes que reclaman la continuidad de proyectos, pero también dejaría al Ejecutivo con menos margen para fiscalizar la calidad de la inversión.
Mientras que, si lo veta, el decreto regresa al Congreso con el razonamiento del Ejecutivo y en ese escenario, los diputados podrían archivar la iniciativa o insistir con la aprobación por mayoría calificada de dos terceras partes, es decir con 107 votos. Si se logra esa mayoría, el presidente estaría obligado a sancionarla.
Esta decisión podría marcar el pulso político entre el Ejecutivo, que busca ordenar las finanzas públicas y transparentar el gasto, y los alcaldes, que insisten en preservar su capacidad de gestión de los recursos.
https://prensacomunitaria.org/2025/09/la-millonaria-fortuna-que-el-congreso-regala-a-los-codede/
