Donald Trump acelera su agenda migratoria con la meta de cumplir su promesa de realizar “la mayor deportación en la historia de Estados Unidos”. El plan incluye ampliar la lista de Terceros Países Seguros para recibir migrantes de distintas nacionalidades, en la que Guatemala continúa figurando. Este es el resumen de una semana marcada por medidas, operativos y disputas legales en torno a la política migratoria estadounidense.
Por Prensa Comunitaria
La política migratoria en Estados Unidos atraviesa una etapa de cambios acelerados bajo el segundo mandato de Donald Trump. El gobierno impulsa medidas que van desde el endurecimiento de los requisitos para obtener una green card y la expansión de centros de detención, hasta el fortalecimiento de la presencia policial en ciudades santuario. Incluso se han implementado entrevistas a menores migrantes no acompañados para obtener su “consentimiento” de deportación hacia su país de origen o a un tercer país seguro.
Guatemala se mantiene en la lista de naciones que reciben migrantes deportados de diversas nacionalidades, muchas veces sin previo aviso y sin un estatus legal definido. Esta semana, nuevas decisiones y operativos han marcado la agenda migratoria estadounidense, generando tensiones con defensores de derechos humanos, cuestionamientos legales y debates sobre el alcance y las consecuencias de estas políticas.
Guatemala sigue siendo mencionado como Tercer País Seguro
Este martes se anunció la incorporación de Ruanda como Tercer País Seguro, sumándose a otros dos países de África y a seis naciones latinoamericanas, en la que se incluye a Guatemala. Con esta medida, EE.UU. busca intensificar las deportaciones, ampliando la lista de destinos con acuerdos para recibir migrantes sin previo aviso ni estatus legal definido. Organizaciones de derechos humanos advierten que muchos de estos países no son seguros y presentan antecedentes de abusos. El plan, avalado temporalmente por la Corte Suprema, contempla beneficios para los receptores, como pagos, intercambios de prisioneros o ventajas políticas, pese a las críticas internacionales.
Entrevistas a niños migrantes no acompañados
El Gobierno de Trump ha ordenado que agentes federales realicen entrevistas presenciales a niñez migrante no acompañada bajo custodia en todo el país para ofrecerles medidas de “autodeportación”. Las autoridades gubernamentales afirman que las medidas buscan detectar delitos y combatir el tráfico, pero defensores alertan sobre la falta de garantías legales y certeza sobre los procedimientos aplicados en las entrevistas a menores. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha puesto bajo custodia a unos 500 menores desde el inicio del segundo periodo del presidente Trump
Jueces detienen proceso por Ley de Enemigos Extranjeros
Un tribunal federal de apelaciones suspendió un proceso contra funcionarios del Gobierno de Trump por violar las ordenes de otro juez en marzo. El juez James Boasberg había hallado motivos para acusarlos de violar sus órdenes de marzo, que prohibían usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a presuntos pandilleros venezolanos. La suspensión, respaldada por dos jueces designados por Trump, frena los intentos de Boasberg por exigir responsabilidades y representa un revés legal significativo.
Preparan segundo centro de detención en Florida
Florida avanza en la apertura del North Detention Facility, un nuevo centro migratorio que apoyará a ICE y podría ubicarse en Camp Blanding, un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional. La División de Manejo de Emergencias de Florida otorgó un contrato de casi $40,000 para instalar sirenas y monitoreo climático. El objetivo de este nuevo centro está en que Alligator Alcatraz alcance su máxima capacidad de 4,000 detenidos. Este último, de $450 millones, ya ha deportado a más de 600 personas. El proyecto, declarado de “emergencia”, cuenta con acceso a fondos federales.
Orden de Trump para censo sin indocumentados
Trump ordenó un nuevo censo que excluya a personas sin documentos rompiendo con la práctica vigente, desde 1790, de contar a todos las residentes. La medida, que ya intentó en 2020, busca que quienes estén “ilegalmente no sean contados”, afectando la distribución de escaños y fondos federales. Expertos prevén una oleada de demandas y un eventual fallo de la Corte Suprema. Trump revocó la orden de Biden que garantizaba la inclusión de todos en el conteo.
Endurecen requisitos de green card familiares
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) actualizó las guías para visas basadas en vínculos familiares, incluyendo matrimonios, exigiendo pruebas más sólidas y entrevistas casi obligatorias. El objetivo es frenar el fraude y reforzar la seguridad nacional, pero la medida se aplica a casos pendientes y futuros, agravando una acumulación récord de 11 millones de solicitudes. Abogados señalan que la política de entrevistas masivas, impulsada por la administración Trump, ha incrementado los tiempos de espera drásticamente.
Patrullas de ICE en disputa ante la Corte Suprema
El Gobierno de Trump pidió a la Corte Suprema permitir las “patrullas itinerantes” de ICE en el sur de California. Tribunales inferiores consideran que violan la Cuarta Enmienda al detener personas por apariencia, color de piel, idioma o ubicación sin sospecha razonable. Una jueza ordenó suspenderlas bajo esos criterios, pero el Departamento de Justicia defiende su uso como herramienta de control migratorio. Es una de casi veinte apelaciones de emergencia sobre inmigración presentadas desde enero.
Redada y prohibición de tácticas engañosas de ICE
En Los Ángeles, la Patrulla Fronteriza ejecutó la “Operación Caballo de Troya”, arrestando a 16 personas. Paralelamente, una orden judicial prohibió a ICE usar engaños para entrar a propiedades privadas en siete condados del sur de California. Agentes deberán identificarse claramente como oficiales de inmigración y contar con autorización legal. Aunque no aplica a arrestos en vía pública, defensores celebran la medida como un avance en la protección de derechos civiles.
Suspensión temporal de obras en Alligator Alcatraz
Una jueza federal ordenó detener por 14 días la construcción de nuevas instalaciones en Alligator Alcatraz, la decisión se dio mientras se debate si las instalaciones violan leyes ambientales, afectando los humedales de los Everglades. El centro seguirá operando, pero sin ampliaciones. Ambientalistas y la tribu Miccosukee demandan que, al tener un fin federal migratorio, debe pasar revisión ambiental. Florida argumenta que la obra es de su exclusiva competencia. Además, otra demanda alega violaciones a derechos constitucionales, como la falta de acceso a abogados.
Huelga de hambre en Alligator Alcatraz
Al menos 12 personas detenidas llevan 12 días sin comer en protesta por las condiciones del centro: mala alimentación, falta de agua, problemas sanitarios, maltrato y ausencia de contacto con abogados. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niega la huelga y asegura que ICE provee comida y agua. El acceso a la prensa y defensores legales está restringido, y la jurisdicción del centro es confusa, lo que dificulta localizar a los internos y, según activistas, viola el debido proceso.
