Tras ser pospuesto en varias ocasiones, este 22 de agosto se dio inicio al juicio en contra de 10 autoridades indígenas del municipio de Olopa, Chiquimula. El Ministerio Público los señala del delito de detenciones ilegales a partir de una denuncia presentada por los propietarios de la Empresa Minera Cantera Los Manantiales desde 2019.
Por Simón Antonio Ramón
En el Tribunal de Sentencia de Chiquimula se inició el juicio oral y público contra diez autoridades indígenas del pueblo Maya Ch’orti’ del municipio de Olopa, Chiquimula, por el delito de detenciones ilegales.
Este caso está relacionado a la minera Cantera Los Manantiales, cuyos propietarios, Odilio de Jesús Guzmán Salazar y Rony Leonardo Guzmán Guzmán, señalan a las diez autoridades indígenas de haberlos retenido en la aldea La Prensa el 1 de julio de 2019.
El Ministerio Público (MP), por medio del fiscal Pablo Alejandro Hernández Martínez, señaló que el 1 de julio a las 17 horas los comunitarios impidieron el paso en la carretera de terracería en La Prensa a Odilio Jesús Guzmán y Rony Leonardo Guzmán, quienes se movilizaban en un picop gris marca Toyota, modelo 2012.
El fiscal señaló a las autoridades comunitarias de haber retenido a los denunciantes, de quebrar los vidrios del vehículo e instigar a las personas presentes para que los agredieran.
En los alegatos de apertura de juicio, el abogado Francisco Vivar Castellanos, quien defiende a un grupo de las autoridades indígenas, hizo ver a la jueza Silvia Lorena Solares que los hechos se originan de un conflicto provocado por la minera que opera en la comunidad desde 2012, sin estudios de impacto ambiental. Agregó que tampoco se realizó una consulta de buena fe.
Se inicia juicio contra autoridades maya Ch’orti’ de Olopa
Francisco Vivar, uno de los abogados de las 10 autoridades comunitarias de Olopa, Chiquimula, señaló que el Ministerio Público no tiene los argumentos para acusarlos de detenciones ilegales.
📹 Norma Sancir pic.twitter.com/H8IpD6j8gB
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) August 22, 2025
Esta situación “hace que las comunidades en defensa legítima de su territorio, el agua y sus recursos naturales, se organicen”, señaló el abogado, invocando derechos constitucionales. “Ellos, pueden organizarse y manifestar su inconformidad ya que desde ese año (2012) ha habido lo que ellos han denominado resistencia digna y pacífica en sus territorios”, señaló.
También mencionó a la juzgadora la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respecto a las operaciones de la minera emitida el 8 de julio de 2021. “Es más, existe un amparo que en su momento suspendió las actividades de la minera”, acotó.
La minera explota antimonio, un elemento que se utiliza para la dureza y resistencia de los metales, en la fabricación de pinturas, vidrios, plásticos, cerámicas y como semiconductor en dispositivos electrónicos.
Resaltan papel de las autoridades indígenas
Por su parte la abogada Jovita Tzul, quien defiende a un segundo grupo de las autoridades indigenas criminalizadas, resaltó el papel que han realizado las autoridades indígenas y comunitarias para la defensa de su territorio.
“Mis patrocinadas y mi patrocinado, son personas que defienden derechos humanos, que se identifican como personas maya Ch’orti’ y que tienen un arraigo en el territorio de las comunidades de Ololpa, Chiquimula”, dijo Tzul.
Resaltó la labor de las autoridades indigenas en la cotidianidad de las comunidades con sus formas propias de organización. “No es el primero o el único ejercicio que se dio el día 1 de julio de 2019, sino que había antecedentes y situaciones posteriores, es decir que mis patrocinadas y mi patrocinado se encontraban en el ejercicio legítimo de sus funciones”, aseguró la abogada defensora.
Como parte del debate oral y público, el abogado Vivar Castellanos presentó un incidente al que se apegó la abogada Tzul, porque consideran que durante la investigación que desarrolló el MP se violentaron los procesos de ley.
Ninguno de los abogados defensores fue convocado cuando el MP individualizó a las autoridades comunitarias, un procedimiento para verificar la información de cada acusado, por lo que consideran tal actuación como violatoria a los derechos de las autoridades comunitarias. El incidente será resuelto al momento de emitirse la sentencia.
La versión comunitaria
Desde que ocurrió el hecho, las comunidades han señalado a los denunciantes y propietarios de la minera Cantera Los Manantiales de irrumpir de forma violenta con su vehículo la resistencia pacífica, pasando por encima de una motocicleta propiedad de uno de los comunitarios.
Además, refieren que la seguridad de la minera disparó contra los comunitarios y fue agredida físicamente Irma Méndez, esposa de Elizandro Pérez. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
https://prensacomunitaria.org/2019/07/comunitarios-chorti-denuncian-ataques-por-oponerse-a-la-empresa-cantera-los-manantiales/
